Agenjo, directora ya prejubilada del instituto Pedraforca de Hospitalet de Llobregat, declaró el pasado martes como testigo de la acusación en
el juicio por la consulta independentista -en el que se sientan en el banquillo el ex presidente Artur Mas y las ex consejeras Irene Rigau y Joana Ortega– tras haber entregado al fiscal “los correos electrónicos de los directores en los que se puede leer cómo nos estaban presionando y cómo nos sentíamos angustiados por esta situación”.
Para ella, todo comienza en el mes de octubre de 2014, algo menos de un mes antes de la cita independentista convocada por el entonces presidente
Artur Mas. “La presión empezó el día 16 de octubre, cuando nos convocaron para decirnos que teníamos que colaborar en la consulta (…) Ante la pregunta posterior de su eso era obligatorio, nos dijeron que no era obligatorio pero sí pertinente“.
Esta petición venía acompañada de una advertencia para los centros públicos catalanes: “Añadieron que entregar las llaves del centro sí que era obligatorio porque todos los centros éramos propiedad de la
Generalitat, y por tanto todos estábamos destinados a alojar la consulta“.
Dolores asegura que en ese momento tuvo claro que no quería colaborar en la captación de voluntarios que exigía la Generalitat: “Además de que eso no entraba en mis competencias, es que además era ilegal, y por tanto yo no quería participar en eso”.
Por tanto, decidió no dar respuesta a las demandas del Gobierno catalán y confiar en que su silencio se interpretaría como una negativa. “Pensé que ya me dejarían en paz y que no insistirían sobre el tema, que ya quedaba claro que yo no quería saber nada sobre este acto político”.
Sin embargo, “el día 6 y 7 de noviembre” regresaron las presiones. “El día 6 recibí dos llamadas y le día 4 recibí otras dos llamadas solicitándome las llaves [del centro]”.
Cuenta Dolores que entonces solicitó una orden escrita a la directora de servicios territoriales, y que ésta le preguntó si pretendía enseñar esta orden a alguien. “Yo le dije que sí, que la orden se la iba a enseñar a la delegada del Gobierno y a la directora de la Alta Inspección”, asegura Agenjo, que también puntualiza que no volvió a saber de esa orden oficial: “Ya no me volvió a llamar, ni se presentó”.
“Habría que quemarte como a una bruja”
A partir de entonces, afirma que no volvió a recibir llamadas ni reproches por parte de sus superiores jerárquicos, aunque fue entonces cuando empezaron las amenazas. Mensajes anónimos que Dolores recibía en su móvil o en sus perfiles de Facebook o Messenger, y que contenían amenazas tan graves como: “Ojalá te murieras”, “habría que quemarte como una bruja”, “qué pena que no tengas cáncer” o “tendrías que estar agradecida a la tierra que te da de comer”. Otro de los mensajes que cita da una idea del talante de los autores de estas amenazas: “Ya puedes ir preparando las maletas y buscar trabajo en otro sitio”.
Dolores asegura no conocer la identidad de los autores de estos mensajes, y aunque descarta que procedan de sus antiguos compañeros de trabajo, señala que ningún superior la apoyó cuando se hizo público que recibía amenazas, ni siquiera desde la Generalitat. “Yo esperaba que al ver aquello alguien me llamaría y me diría, oye, ¿necesitas apoyo? ¿Necesitas algún abogado? Y no, nadie me llamó. Nadie, quiero decir, de la Generalitat“.
A pesar de las amenazas, y de la falta de respuesta de sus superiores, Dolores asegura que en ningún momento se ha sentido amedrentada. “No pasé miedo porque no soy miedosa. Si fuese miedosa habría entregado las llaves sin más“.
A pesar de ello, decidió no denunciar estas amenazas, porque no se “atrevía” a acudir a las mismas autoridades a las que había negado las llaves de su instituto: “Después de lo que había pasado, yo no me sentía con ánimo ni con fuerzas de ir y decirles a los mismos a los que había puesto en un aprieto negándoles las llaves que me estaban amenazando. La verdad es que no les dije nada”.
La declaración de Mas es “indigna”
Dolores Agenjo ha declarado como testigo de la acusación en el juicio por el 9N después de entregar al fiscal la documentación que, según ella, demuestra que a los directores de los centros públicos catalanes estaban siendo presionados desde la Generalitat, “y cómo nos sentíamos angustiados por esta situación”.
Según afirma, tomó la decisión de recurrir a la Justicia después de que Artur Mas e Irene Rigau descargasen la responsabilidad de la organización de la consulta en los voluntarios durante sus declaraciones ante el TSJC. “Cuando oí que la señora Rigau decía que todo lo había organizado los voluntarios ahí es cuando dije, perdona, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que no quieran asumir su responsabilidad?”
Esta actitud de negar su responsabilidad es lo que provocó que esta ex profesora diese un paso adelante: “Yo intentaba ponerme en el lugar de ellos y pensaba: si yo creo en algo, y yo quiero realizar un acto en el que creo, yo asumo la responsabilidad, no la descargo sobre otros que están debajo de mí y que son más débiles (…) Me pareció algo tan indigno, tan cobarde y tan injusto que fue por ese motivo por el que yo fui a pedirle al fiscal que admitiera mi testimonio, y le entregué también los correos”.
Para Agenjo, la explicación de los ex altos cargos imputados en el juicio no se sostiene. “Ellos dicen que lo organizaban todo los voluntarios, pero los centros no se abren solos, alguien les tuvo que dar las llaves a los voluntarios. Entonces los directores darían por su cuenta y riesgo las llaves a los voluntarios, ¿entonces están diciendo que los responsables son los directores? Eso es una barbaridad, y menos mal que nadie se lo cree porque, si se lo creyeran, ahora estarían declarando los directores que abrieron los centros. Porque de ellos saldría la iniciativa y serían ellos los únicos responsables”.
En su opinión, los directores de centros públicos se han visto comprometidos en un conflicto político y judicial con el que nada tienen que ver: “Sólo faltaría que además de estar cómo estábamos entre la espalda y la pared ante una legalidad, que es la vigente, que es la que tendríamos que cumplir, y ante una administración que nos estaba pidiendo la incumpliéramos, además tuviésemos que correr con la responsabilidad de lo que pasó, sería terrible y muy injusto”.
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