Su último informe recoge la posibilidad de aplicar una quita al patrimonio de los hogares para reducir la deuda pública a niveles de 2007.
Durante la presente crisis, los países desarrollados han disparado su deuda pública hasta alcanzar un nuevo récord histórico en tiempos de paz. Buena muestra de ello es la grave crisis de deuda soberana que ha estallado en el seno de la zona euro y que, por el momento, se ha saldado con el rescate internacional de cuatro estados miembros (Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre), la asistencia financiera a España y un inédito programa especial para comprar bonos periféricos por parte del Banco Central Europeo (BCE), del que también se ha beneficiado Italia, entre otras medidas excepcionales.
La deuda de la zona euro supera ya el 92% del PIB, y especialmente alarmante es la situación de Grecia (160%), Italia (130%), Portugal (127%), Irlanda (125%) y Bélgica (105%). De hecho, España no se queda muy atrás, con un 92,2% del PIB, el mayor nivel registrado en el último siglo, y que amenaza con rondar el 100% el próximo año. No es la primera vez que la deuda estatal alcanza volúmenes semejantes, ni mucho menos, pero tal crecimiento es excepcional en tiempos de paz. La cuestión que se plantean ahora analistas y gobernantes es cómo revertir tal dinámica.
Lo lógico y, sin duda, más saludable es que el estado en cuestión empiece a generar superávit fiscal primario (descontando el pago de intereses) año a año para, de este modo, no sólo frenar el aumento de la deuda sino reducir su tamaño destinando esos excedentes presupuestarios a amortizar bonos. El problema es que ello implica mantener en el tiempo una drástica senda de ajustes, sobre todo mediante recortes de gasto público, que no suelen tener muy buena acogida en los países afectados, tal y como está demostrando la actual crisis del euro.
Las vías para reducir deuda
La historia de las crisis soberanas demuestra que los políticos no son muy dados a aplicar estrictos programas de austeridad pública. De ahí, precisamente, que este tipo de fenómenos se haya resuelto habitualmente acudiendo a otro tipo de mecanismos extraordinarios:
Inflación: muchos países acuden a esta vía para impagar parte de la deuda contraída. Devaluar la moneda suele ser el recurso fácil como, por ejemplo, ha sucedido recientemente en Islandia. Aunque también existen experimentos más radicales, como el acontecido en Alemania y Austria en los años 20, mediante la impresión masiva de billetes y una histórica hiperinflación.
Default: suspender pagos es otra de las vías escogida por multitud de gobiernos. Impagar mediante una quita y/o espera ha sucedido recientemente en Grecia y, de hecho, no se descarta que vuelva a acontecer.
Impuestos especiales: otro de los mecanismos recurrentes, aunque menos conocido, consiste en la aplicación de un impuesto especial sobre el patrimonio de los hogares, que se paga de una vez. Es decir, una especie de quita sobre el capital o riqueza de las familias para conseguir ingresos extra con el fin de amortizar y, por tanto, reducir deuda pública.
Un nuevo “impuesto sobre el capital”
Ésta es, precisamente, la idea que recoge el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe sobre Vigilancia Fiscal (Fiscal Monitor), publicado el pasado miércoles. Más allá de ampliar las bases fiscales y elevar la tributación indirecta para aumentar la recaudación con el objetivo de ir reduciendo progresivamente el déficit, el organismo reconoce que reducir los actuales niveles de deuda pública que presentan varios países, sobre todo europeos, será una tarea ardua y compleja que llevará tiempo y no estará exenta de sacrificios.
Por ello, una de las propuestas que sugiere es imponer un tributo especial “sobre el capital”. Es decir, una especie de quita “excepcional” sobre la riqueza de las familias que se tendría que aplicar de una sola vez, garantizando, además, que no se va a volver repetir para no desincentivar la inversión y provocar una intensa fuga de capitales. La medida consistiría en gravar la riqueza neta de las familias y destinar el dinero recaudado a amortizar deuda estatal.
El FMI reconoce que el fuerte deterioro de las finanzas públicas que sufren muchos países “ha reavivado el interés” sobre la posible aplicación de este tipo de gravámenes especiales y, de hecho, admite que su aplicación podría tener “éxito” frente a otras alternativas indeseadas, como la suspensión de pagos. En concreto, el informe señala que el tipo impositivo necesario para reducir la deuda a los niveles previos a la crisis son “considerables”: reducir la deuda pública de una muestra de 15 países de la zona euro a los niveles de finales de 2007 requeriría aplicar a las familias una quita del 10% sobre su patrimonio neto (activos menos pasivos), según el FMI.
El organismo no hace distinciones de ningún tipo, tan sólo alude a la posibilidad de gravar la riqueza neta de las familias, aplicando así este particular impuesto a todo tipo de hogares, siempre y cuando el valor de sus activos (vivienda, acciones, ahorros, etc.) sea superior al de sus deudas. Además, el organismo hace referencia a otros casos similares acontecidos en el pasado, ya que este tipo de gravámenes fueron ampliamente adoptados en Europa después de la Primera Guerra Mundial, y en Alemania y Japón tras la Segunda Guerra Mundial.
Efectivamente, tal y como recogen algunos destacados estudios sobre la materia -uno de ellos elaborado en 2008 por el hoy presidente del BCE, Mario Draghi-, Italia aplicó un impuesto sobre el capital en 1920, con tipos que oscilaban entre el 4,5% y el 50%, aunque el pago podía extenderse durante un total de 20 años; Checoslovaquia también aprobó una tasa progresiva especial sobre todo el patrimonio de las familias que iba del 3% al 30%, aunque recayó, principalmente, sobre una minoría de origen alemán; otros países como Austria o Reino Unido intentaron imitar estas medidas, pero fracasaron al retrasar su aplicación, disparando la fuga de capitales; en Japón, las fuerzas de ocupación impusieron dicho impuesto tras la Segunda Guerra Mundial, aunque se limitaba a castigar a quienes se hubieran enriquecido con la guerra.
Chipre y la propuesta alemana
El ejemplo más cercano es el de Chipre, en donde se aprobó una quita sobre los grandes depósitos (de más de 100.000 euros) para reducir la deuda, no del Estado, sino de sus grandes bancos insolventes, aunque a cambio de acciones de dichas entidades. Casualmente, la troika y el Gobierno chipriota tildaron de “impuesto” esta quita especial sobre los ahorradores.
Además, hace poco más de un año, destacados analistas alemanes propusieron un impuesto similar con el fin de reducir la deuda pública de los países en problemas, pero restringida a las grandes fortunas. “Los gobiernos deberían considerar la imposición de un impuesto sobre el capital de los ricos con el fin de refinanciar y reducir la deuda nacional”. ¿Su idea? Un impuesto sobre el capital del 10% sobre el patrimonio personal neto superior a 250.000 euros por contribuyente (500.000 para parejas) e incluso un tipo más elevado sobre los patrimonios superiores a 500.000 y un 1 millón de euros, respectivamente. Para los gobiernos de la periferia del euro, estas particulares quitas podrían suponer una “fuente adicional” de ingresos para asegurar la refinanciación de su deuda pública, “sin tener que depender de la ayuda externa”, añadían.
Sin embargo, también advertían de que “la imposición de tales gravámenes es compleja, ya que implica la valoración de los activos y prevenir la evasión fiscal. Si la élite rica espera que tales gravámenes se repitan, esto podría desalentar la inversión y estimular la fuga de capitales”. En este sentido, Peter Bofinger y Lars Feld, dos de los principales asesores económicos de la canciller alemana, Angela Merkel, recomendaron gravar específicamente la riqueza inmobiliaria de las familias del Sur de Europa en caso de precisar un rescate soberano, por ser activos fijos, sin la movilidad propia de los productos financieros, evitando así los nefastos efectos de la fuga de capitales que, sin duda, conllevaría una medida similar.
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