¿Queda algo no putrefacto en la cúspide de España?
No, no estamos tan mal, España es un pueblo de supervivientes. De no ser por el partido en el gobierno de casi todo y de otros partidos, la Corona, el poder judicial, el sistema financiero, los empresarios, etc.. nadie podría decir que es un país que no funciona. Lo que dudo es que podamos mantener esta consideración de país estupendo con los datos que se añaden a diario. Vamos a ver unos cuantos recién salidos del horno.
El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, está incluido en el listado de donantes y afiliados del PP entre 2008 y 2011, según revela El País. La Constitución prohíbe la afiliación política y exige “total independencia” a los magistrados para ocupar cargos políticos. No así estar afiliados. Pérez de Cobos no piensa dimitir. Ha llegado a la presidencia del alto tribunal a propuesta del PP, partido que, dado cómo funciona todo aquí, la separación de poderes y eso, ha logrado colocar en él una mayoría de jueces conservadores. Ha de dilucidar recursos del PP o leyes suyas recurridas, muchas de ellas fundamentales.
El PP de la Castilla-La Mancha de Cospedal, entre tanto, admite que los 200.000 euros que recibió su gerente no están en las cuentas del partido. Se entregaron en negro con su recibí correspondiente en este caso -según publicó El Mundo- , pero nunca entraron en la contabilidad oficial. Cospedal mantuvo el lunes que se trataba de una asignación para la “campaña” electoral de 2007. Este miércoles, el partido cambió la versión y dijo que el dinero se gastó en realidad en la “precampaña”, lo que no parece muy legal. Lo curioso es que se puedan distraer 200.000 euros tan alegremente. Da idea, presunta, del festín de dinero que ha manejado y maneja el Partido Popular.
La Comunidad de Madrid, por su parte, la que “heredó” Ignacio González de Esperanza Aguirre, ha subido las tasas universitarias en un 65% en los dos últimos años. El 20% ahora de golpe. Los primos hermanos del PP, CiU, han incrementado por su lado en un 87% el costo de los estudios de ingeniería. Mientras Wert se carga la educación de todos los niveles en el conjunto de España y restringe también becas, las Comunidades secundan la labor. Aquí solo estudian los ricos a partir de ahora.
Mientras, otra “reforma”, la laboral, además de aumentar el paro -la OCDE previó ayer que llegaremos al 28% en 2014-, de bajar los sueldos y facilitar el despido, ha ocasionado un drástico descenso de la protección laboral que cae por debajo de la media de los países desarrollados. Y como dato complementario, la deuda pública. Fijó ayer otro récord histórico, el 89.5 -Rajoy la cogió en el 86,5 y esto suele crecer despacio-. El PP la ha subido en un cohete supersónico.
Los medios internacionales ya casi nos toman el pelo, aunque para concluir con un juicio sumarísimo. Dice The Guardian:
“Como siempre, el hombre que consigue toda la atención en España es un deportista. Pero esta vez no es Nadal o Iniesta. Su nombre es Luis Bárcenas . Él es un hombre de alturas, tanto como alpinista como contable – una actividad que se puede considerar como un poco menos glamurosa-. No en este caso. Bárcenas pueden haber escalado el Everest , pero son en realidad sus prácticas contables como ex tesorero del partido gobernante, el Popular (PP), lo que constituye una lectura apasionante. Ahora su lector más ávido es un juez de la corte nacional en Madrid, y si lo que Bárcenas ha estado diciendo es verdad, tiene el potencial para derrocar al gobierno y destruir el PP.
O puede que no.
(…)
Porque lo más extraordinario de este escándalo no es su alcance o su gravedad, sino la extraña forma en la que lo está abordando Rajoy. O no lo aborda, en realidad. El primer ministro simplemente se niega a hablar de ello. Él ha dominado el arte de no mencionar el nombre del tesorero en público, agotando todos los circunloquios posibles. Una y otra vez repite el mismo plano, negaciones misteriosas, y esto sólo cuando se molesta en responder. Él rechaza el parlamento, rara vez concede entrevistas, incluso a los medios amigos, y huye de la prensa. Desde hace algún tiempo, decidió hacer frente a la prensa por medio de un televisor de plasma para evitar preguntas. Fue definitivamente raro.
(…)
Nadie espera que él renuncie a su trabajo en un país en el que las renuncias por cuestiones éticas son casi inexistentes, pero incluso sus votantes están exigiendo una explicación. No van a obtener ninguna de Rajoy. Bárcenas debe considerarse afortunado, al menos, se publican textos de él.
(…)
Cuánto puede durar esto es imposible de decir. Es un experimento. Lo que estamos viendo es que España aún carece de una sociedad civil fuerte. Años de reformas del “hoy por ti, mañana por mí” han hecho a los políticos invulnerables al escrutinio público y, mientras Rajoy mantiene su partido unido detrás de él, la mayoría absoluta en el Parlamento le protege no sólo de dimitir, sino incluso de responder. Sólo una acusación sería un cambio de juego, y eso es lo que Bárcenas se ha propuesto alcanzar en lo que promete ser el último combate político entre la ira y el silencio.
Ese es el lamentable estado de la política española: la venganza personal desnuda parece haberse convertido en el único sustituto disponible para la rendición de cuentas”.
Todo esto no va con ellos, el PP está aquí para quedarse, según piensan. Esperanza Aguirre se ha operado los párpados ¿para la carrera presidencial? En ella están también Gallardón, el de las leyes estas tan progresistas y a quien se acusa de estar poniendo la zancadilla a Cospedal, la propia Cospedal hoy algo más tocada, y Soraya Sáenz de Santamaría, la del programa de reformas, coautora de todas las medidas de Rajoy.
Tres jueces progresistas archivan la causa contra Blanco pese a los informes de la UDEF
El exministro de Fomento y exvicesecretario general del PSOE José Blanco. (EFE)
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió este jueves archivar la causa contra el exministro de Fomento José Blanco al apreciar que no existen indicios suficientes para acusarle de tráfico de influencias, el delito al que se enfrentaba. La decisión pone fin a un proceso que arrancó en mayo de 2011 en el marco de la llamada Operación Campeón y que ha provocado el exilio de Blanco de la primera línea de la política. Ha pasado de controlar la última agrupación del PSOE y aspirar a la Presidencia de Galicia a tener que conformarse con un puesto de diputado raso.
La decisión del Tribunal Supremo, que ha sorprendido por el peso de las pruebas que existían contra él y la firmeza del instructor en sus resoluciones previas, la ha tomado una Sala de lo Penal monocolor, integrada por tres magistrados de adscripción progresista: Andrés Martínez Arrieta (ponente de la resolución), Joaquín Jiménez García y Carlos Granados Pérez. Este último es el que más años acumula en la Sala de lo Penal. Ingresó en el Alto Tribunal en 1992 después de haber sido fiscal general del Estado durante la etapa de Juan Alberto Belloch como ministro de Justicia e Interior. Por su parte, Jiménez, que estuvo durante 18 años al frente de las Audiencias Provinciales de Guipúzcoa y Vizcaya, es uno de los fundadores de la asociación progresista Jueces para la Democracia. Y Arrieta, que llegó al Supremo en noviembre de 1998, también está considerado un miembro de la cuota progresista. De hecho, sorprendió que fuera uno de los magistrados que apoyó la condena deBaltasar Garzón por el caso de las escuchas de Gürtel.
Con su auto, el Tribunal Supremo ha evitado que Blanco se siente en el banquillo de los acusados y archiva la causa, que llegó al Alto Tribunal en diciembre de 2011 por la condición de aforado del exministro después de que aparecieran indicios delictivos contra él en un juzgado de Lugo. Blanco se había negado a renunciar a su escaño en el Congreso hasta que no se tramitara el suplicatorio para enjuiciarle, algo que ya no ocurrirá.
La decisión de la Sala de lo Penal es irrevocable. Fuentes cercanas a Blanco han asegurado a El Confidencial que el exvicesecretario general del PSOE confiaba en este resultado porque la acusación había ido perdiendo fuerza a lo largo del proceso. En su origen, el caso llegó al Alto Tribunal con la imputación a Blanco de los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Pero finalmente, el pasado mes de junio, el instructor del caso solicitó la tramitación del suplicatorio al Congreso únicamente por un delito de tráfico de influencias.
El trámite de una licencia municipal
Hasta ayer, a Blanco se le acusaba de haber intermediado a favor de su amigo el empresario José Antonio Orozco, propietario de la firma de envío de paquetería Azkar, para que consiguiera la licencia de construcción de una nave en terrenos próximos al aeropuerto de El Prat de Barcelona, pertenecientes al término de Sant Boi de Llobregat. La investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional aseguraba que Orozco consiguió el permiso para la nave después de lograr que un colaborador de Blanco telefoneara al alcalde socialista de ese municipio catalán para que intercediera por él.
Entre otros elementos, en la causa hay una declaración de un imputado en el caso Campeón, Jorge Dorribo, que incriminó directamente a Blanco en la trama; existen mensajes de texto en los que Orozco pregunta al exministro “si manda algo allí” [en Sant Boi] y luego le agradece la ayuda. También consta un informe de la UDEF que apunta que “altos cargos del Gobierno” se interesaron en 2011 “en la concesión de una licencia a José Antonio Orozco”.
Tanto el instructor como el fiscal consideraron que todos esos elementos provocaron el cambio de criterio del técnico medioambiental de Sant Boi. Previamente, el funcionario local había rechazado la licencia de Orozco en dos ocasiones. Pero, según la UDEF, sin que se modificara el contenido del expediente presentado por el empresario, tras la intermediación del colaborador del exdirigente socialista el mismo técnico cambió de criterio y emitió un informe favorable. Finalmente, el empresario logró el permiso.
La defensa del exministro intentó eliminar esas pruebas alegando defectos de forma y vulneración de sus derechos, pero el instructor del caso, José Ramón Soriano, de adscripción conservadora, se opuso a esas peticiones afirmando que las periciales eran válidas y llegó a afirmar en uno de sus autos que de los hechos conocidos hasta ese momento se podía concluir que “en la causa existen datos para entender que la casa de Madrid del aforado [José Blanco] en alguna medida se la debía a su amigo Orozco, según conversaciones telefónicas, atribuidas a éste último, no negadas”. Es decir, que la vivienda que Blanco adquirió en 2006 en una urbanización de Las Rozas (Madrid) podría haber sido financiada en parte por su amigo a cambio de la exitosa gestión de Sant Boi.
El juez llegó a autorizar a la UDEF una investigación de las cuentas de Blanco y su mujer entre 2006 y 2011 para averiguar si habían registrado alguna operación anómala coincidiendo con la adquisición de esa vivienda.
La gestión de Blanco no implica delito
Pero ese informe ya no es necesario. La Sala de lo Penal considera que el interés que mostró el exministro no implica tráfico de influencias. Según su criterio, para que este delito concurra la gestión debe ser un “acto concluyente por el cual se ejerza predominio o fuerza moral sobre un sujeto pasivo”. “La influencia debe ejercerse para alterar el proceso motivador del funcionario influido, lo que excluye las meras solicitudes de información o gestiones amparadas en su adecuación social interesando el buen fin de un procedimiento”, lo que según la Sala es exactamente lo que hizo Blanco. Además, los tres magistrados mantienen que el tráfico de influencias “exige el abuso de la situación de superioridad, no se penaliza genéricamente cualquier gestión realizada por quien ostenta una posición jerárquica superior, sino únicamente aquella en que la posición se superioridad se utiliza de modo desviado”, un supuesto en el que no encajaría el caso del exdirigente socialista.
Fuentes jurídicas aseguran que sólo los indicios y pruebas de cargo recogidas por el sumario eran suficientes para abrir juicio oral y poder exponerlas ahí. Además, sostienen que la Sala de lo Penal ha hecho un acto de valoración de pruebas, algo que debería haberse hecho en la vista para analizar todos los indicios y decidir si efectivamente son determinantes o no. Entienden que, con su dictamen, la Sala se ha anticipado a la valoración y ha evitado que las pruebas sean expuestas ante un tribunal.
Otras fuentes defienden, sin embargo, que la resolución de la Sala ha tumbado uno a uno todos los indicios por los que el instructor decidió imputar a Blanco. Argumentan que la declaración del técnico que consta en el procedimiento, que mantiene que se dio el visto bueno al proyecto únicamente porque se corrigieron los problemas por los que inicialmente se rechazó la licencia, es determinante para que el proceso no haya seguido adelante.
En la rueda de prensa que ofreció tras conocer el archivo, Blanco aseguró que “ha quedado claro que he sido injustamente acusado y víctima de un infundio político que ha fracasado”. “Nada puede reparar el daño causado”, afirmó, aunque adelantó que para él empieza “un tiempo nuevo” que seguirá discurriendo en un segundo plano de la política nacional. “Esto ha acabado, a Dios gracias. La verdad se ha abierto camino”.
Costosísima patada a Artur Mas en el culo de Ferrovial
Casi cuatro años después de haberse abierto el caso Palau, acaba de concluir la fase de instrucción con un auto que deja más interrogantes que respuestas a los jueces que sobre él han de resolver. 48 meses de unas diligencias que recuerdan al expediente Bárcenas: sospechosas entregas de dinero en A, B o C, presuntos trincones y, como telón de fondo, una trama de financiación ilegal, en este caso de Convergència Democràtica de Catalunya. Que se preparen, por tanto, los que sueñen con una pronta solución en tribunales del asunto del extesorero del PP.
Que la justicia es lenta en nuestro país -y en los que pretenden serlo, como Catalunya- es un hecho. Que, además, está politizada lo prueban los sistemas de designación de sus órganos de gobierno; ¡si hasta el Presidente del Constitucional tiene carnet de partido! La dilación temporal tiene una incidencia económica y reputacional. En demasiadas ocasiones, cuando los tribunales dirimen finalmente los efectos económicos de un delito, el daño está hecho y es irreversible. Al incorporar a la ecuación el cainita factor de la partitocracia, el argumento se complica aún más al convertirse sus actores protagonistas en armas arrojadizas usadas de forma partidista.
Un ejemplo evidente de lo anterior lo tenemos en Ferrovial.
Un sospechoso informe que surge en vísperas de unas elecciones donde la formación acusada tiene posibilidades de derrocar en las urnas al tripartito gobernante.
Una relación causa-efecto entre donaciones y adjudicaciones que casa mal con la pléyade de formalidades e intervinientes en cualquier adjudicación, con el hecho de que buena parte de esas obras o son bajo la figura de uniones temporales de empresas en los que la firma tiene una participación minoritaria (por ejemplo, el Metro de Barcelona) o en ellas no se presentan otros grupos (¿para qué pagar, entonces?), con lo que la constructora no mejora significativamente su cuota en Catalunya en el periodo investigado -2002 a 2007- y se mantiene lejos del top 5 en obra civil; con la existencia de los actos financiados a las tarifas en vigor por aquel entonces, lo que desmonta el concepto ‘comisión’; con la falta de indicios de desvío de fondos en las auditoría internas y externas de la empresa del Ibex; con la permanencia de uno de los imputados –por ‘tráfico de influencias’, no por ‘cohecho’, ojo- en el seno de la compañía de los Del Pino; con la ausencia de enriquecimiento personal de tales trabajadores pese a manejar las sumas en efectivo que se dicen, y así sucesivamente.
Un juez instructor que considera buena parte de los hechos no probados porque… Ferrovial no acredita haber actuado delictivamente, el mundo al revés, y deja fuera de su dedo acusador al resto de los patronos.
Veremos a ver qué sale cuando todo quede ‘visto para sentencia’ pero, de momento, una extraña sensación de cabeza de turco ejemplarizante flota en el ambiente, alentado por el hostil ensañamiento de algunos medios de comunicación locales y nacionales. Un proceso de desgaste que ha provocado que, cuando salen los directivos de la sociedad al extranjero, sea para tratar con inversores, sea para reunirse con las publicaciones más prestigiosas –como ha ocurrido recientemente en la City londinense-, importen poco su valor bursátil, la situación de balance, la evolución operativa de los negocios o las inversiones proyectadas, y mucho más las acusaciones de corrupción y su consideración como el modo normal de hacer negocios en España.
Ese es el coste -para todos, no nos engañemos- de politizar una justicia exasperantemente lenta. Al final, uno de los iconos empresariales del país se ve expuesto a un escarnio precipitado ante el que apenas puede defenderse durante años y años. Cuando llegue el veredicto, reloj no marques las horas, ¿qué pasa si Ferrovial es inocente, quién restaura la pérdida del intangible de la confianza? Y, si resultara condenada, ¿qué sentido tendría que el desenlace se materializara tan tarde, no es mejor despejar cuanto antes la incertidumbre? Al final, la patada judicial de los socialistas a Mas en el culo de Ferrovial en 2009 al único que le puede salir cara de verdad es a quien genera empleo y riqueza para nuestro país. Una vez más la asimetría del poder: el político al bollo y la empresa al hoyo. Así nos va.
