EL PROPIO PUIG VE CONVENIENTE APLAZARLO
El presidente de la Generalitat y de CDC, Artur Mas. (EFE)
Tensión pura y dura es lo que se respira en el núcleo duro independentista catalán. Hay quien ve que la insistencia en la consulta independentista para el 2014 sólo traerá males para los nacionalistas y hay quien piensa que sólo marchando por ese camino se pueden paliar las deficiencias económicas de la comunidad. Pero quien cavila cosas tan opuestas no son, por una vez, convergentes y populares: la dicotomía llega hasta la médula de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Y no sólo eso: hasta la médula del propio Gobierno de la Generalitat, porque son compañeros de filas los que piensan de formas radicalmente opuestas.
“¿Retrasar la consulta? Tenemos un acuerdo de programa y un pacto de Gobierno para que sea en el 2014. Y se hará”, dice una fuente de CDC a El Confidencial. Pero incluso un veterano militante reconoce que es posible que esa ilusión se quede sólo en eso: en una ilusión. “O se negocia con el Estado o no tenemos nada que hacer”, dice esta fuente. Entre unos y otros, la distancia se va agrandando cada día.
El presidente catalán, Artur Mas, está convencido de que no puede dar un paso atrás, porque eso sería su tumba política. Quizás el dar un paso al frente también, pero tiene todavía alguna esperanza de que se pueda salvar, políticamente hablando. O penalmente, porque el Gobierno español no descarta acciones de ese tipo si hay algún “ilícito penal” en el que pueda incurrir en su cruzada secesionista. La propia presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, le recordó ayer que pedirá a Mariano Rajoy “medidas adecuadas” si Mas fija, finalmente, fecha y pregunta para el referéndum antes del 15 de diciembre, como vaticinó ya el líder de ERC, Oriol Junqueras.
Paralelamente, la Administración central ha comenzado areactivar unidades de sus ministerios en Barcelona –esencialmente Interior y Defensa– que habían cerrado hace años. No tenían ni personal ni medios, y en los últimos meses han vuelto a ponerse en marcha, “por lo que pueda pasar”. Es un aviso a navegantes, un mensaje que dice muy a las claras que España ya no se fía de la Administración autonómica catalana.
Mientras tanto, las divergencias en el núcleo de los independentistas se hacen cada día más evidentes. Ayer, el expresidente de la Generalitat José Montillaaconsejaba a Artur Mas en una entrevista a TV3, el canal autonómico catalán, que si quiere celebrar una consulta acordada con el Estado no debería fijar ni fecha ni pregunta, tal y como le exige Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Si lo hace, subrayaba Montilla, lo que está haciendo es “asegurarse el 'no' del Estado a que los catalanes se pronuncien”. El expresidente aprovechaba para indicar que la vía federalista que propone el PSC es más viable que la independentista de Convergència.
Pero en Convergència no están de acuerdo. El propio portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Francesc Homs, manifestaba tras esas declaraciones que sería un “fraude a la democracia no celebrar el referéndum independentista el año que viene.
“La consulta se hará”
Fuentes de Convergència señalan a El Confidencial que “la consulta en el 2014 es una propuesta que está recogida no sólo en nuestro programa electoral, sino también en el pacto con ERC. Es verdad que lo primero que necesitamos saber es qué planteamiento hará el Gobierno del Estado ante la petición, pero entendemos que como no va a haber ningún planteamiento en este sentido, la consulta se hará en el 2014, al menos por nuestra parte. De una forma o de otra, ha de hacerse”.
Todos evitan, de momento, una posición realista en el caso de que el momento crucial llegue. ¿Podrá el Estado acusar a los responsables de la Generalitat de malversación de fondos si gastan un solo euro en material del referéndum? ¿Podrá haber acusación formal contra Artur Mas por infringir la ley? Silencio por parte del Gobierno central. ¿Comprará urnas y pagará la seguridad la Generalitat para realizar la consulta? ¿Utilizará el censo sanitario, tal como ha comenzado a correr, ante la imposibilidad de poder utilizar el censo electoral normal para el referéndum? Silencio por parte del Gobierno autonómico.
En privado, todos reconocen dificultades legales para convocar una consulta. Incluso los más radicales independentistas, cuando atisban la posibilidad de acciones penales contra Artur Mas, dudan. Porque si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictamina, por ejemplo, que no tiene competencias para convocar una consulta, quedaría en descubierto. La Justicia podría sancionar a Mas. Se le convertiría en el Ibarretxe catalán y dentro de cuatro años nadie le recordaría, retirado o inhabilitado.
Incluso en ERC saben que tensar la cuerda no les beneficia. “Jamás deberíamos haber llegado a este extremo. Es una locura. Lo malo es que en la situación actual todos tienen que retroceder un poco, pero nadie está dispuesto a dar el primer paso”, confiesa a El Confidencial un alto exdirigente de ERC que ve muy preocupante la situación actual. “Todos han perdido la cabeza. De un lado y del otro. La situación puede tener arreglo todavía, pero todos han de ceder”, añade este alto cargo.
El descontento de Puig
Pero aunque oficialmente en Convergència sigan apostando por la consulta como si nada hubiese pasado (Mariano Rajoy también sigue gobernando como si nada hubiese pasado), en el seno del Gobierno catalán se notan ya los primeros síntomas de la crisis interna. El consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig, en otros tiempos el centro del núcleo duro independentista de la formación convergente, ya ha advertido a sus compañeros de que si la consulta se retrasa hasta el 2015 para ser acordada con el Estado no importa. Es un aviso a navegantes. Lo que intenta, según señala un amigo suyo a este diario, es “que se destense la cuerda, que tanto Gobierno español como Gobierno catalán tengan más margen de maniobra”.
Felip Puig.
Pero desde el núcleo duro de CDC, se opina de otro modo: “Lo que quiso decir es que antes de que no haya ninguna consulta el año que viene, que sea en el 2015. Es decir, sólo si es si es del todo imposible que sea en el 2014 ha de hacerse entonces en el 2015. Pero que se haga de todas formas”. Para estas fuentes, las posiciones de Homs al defender que la consulta ha de celebrarse en el 2014 y la de Puig, remarcando que si no se hace el año que viene tampoco pasa nada, no son contradictorias. Pero es evidente que las divergencias en el núcleo duro de CDC y del Gobierno, ahora capitaneado por Francesc Homs, existen a todas luces.
Puig ha lanzado ya su dardo envenenado para desbloquear la situación y, según confirman personas de su entorno a El Confidencial, no descarta dejar el Gobierno y la política si el pulso de la Generalitat al Estado sigue adelante en las condiciones actuales. “Lo que quiere es que se hagan las cosas con cabeza. No es que sea menos independentista, pero lo que sí quiere es que Convergència no siga el dictado de Esquerra, que no vaya siempre a remolque, y que se plantee una salida negociada a la situación. Y eso, aunque tardemos un poco más en ser independientes”.
El 30 de septiembre pasado, el príncipe Bandar Ben Sultan viajó a Rusia, donde no sólo fue recibido por su homólogo, el jefe de los servicios secretos, sino por el presidente Vladimir Putin. Hay dos versiones de ese encuentro. Según los sauditas, Bandar se expresó en nombre del reino y de Estados Unidos. Propuso comprar armamento ruso por una suma ascendente a 15 000 millones de dólares si Moscú abandonaba Siria. Según los rusos, Bandar se expresó con arrogancia, amenazando con el envío de yihadistas que pondrían en crisis la celebración de los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi si Moscú persistía en su respaldo al régimen laico de Damasco y proponiendo un verdadero soborno. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el presidente Putin vio las palabras del príncipe saudita como un insulto a Rusia.
