La consigna es clara: el jefe político de la policía autonómica catalana "tiene que caer" por decir que no dudaría en obedecer al juez y cursar la detención de políticos 'rebeldes'
El director de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle (c), acompañado de dos mandos policiales. (EFE)
“Batlle tiene que caer”. La frase la pronuncia un miembro de la CUP a preguntas de El Confidencial. El aludido es Albert Batlle,
director general de los Mossos d’Esquadra, un exsocialista que llegó al crucial cargo que ocupa gracias a los buenos oficios del entonces consejero de Interior, el
democristiano Ramon Espadaler (UDC). La semana pasada, a Batlle se le ocurrió afirmar que, en caso de que un juez ordenase la detención de la
presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell (de nuevo en el punto de mira tras la nueva querella por desobediencia que presentó la Fiscalía el pasado jueves), no dudaría en obedecer al juez. Por algo los Mossos d’Esquadra son una policía judicial.
De ahí que la
CUP haya puesto el grito en el cielo inmediatamente. “Hemos hablado con gente de
ERC y con algunos círculos de
Convergència y son del mismo parecer. Piensan lo mismo que nosotros: Batlle tiene que caer. En estos momentos, solo lo sostiene un sector de Convergència”, admite a El Confidencial una fuente interna de la CUP. Y subrayan que “hay negociaciones en torno a estos temas de la seguridad con el Govern”. De momento, sin embargo, el director general seguirá en su puesto, “porque el Gobierno no quiere destituirlo, ya que sería como vender a la opinión pública que claudica ante la CUP”, insisten las fuentes. Además, los diputados de la CUP aprovechan, con ese pulso, “para posicionarse
ante la militancia, que les pide más dureza”.
Para los próximos meses, los ‘cuperos’ esperan una “reestructuración” de la cúpula de la policía autonómica “que servirá también para asentar el proceso”. Esa reestructuración debería llegaren “dos meses, o tres a lo sumo. Y se aprovecharía para cesar a Batlle dentro de esa mayor reestructuración, de modo que su cambio no se vincule a presiones de la CUP ni a la anécdota de la semana pasada. Pero lo importante es acometer esa reestructuración para controlar a los Mossos ante la ruptura con el Estado español”. Porque esa es otra.¿Qué papel juegan los Mossos en el ‘procés’? Desde las filas de Convergència y de ERC, quieren
desligar el papel que puedan jugar los agentes autonómicos de las decisiones políticas. “Son funcionarios como otros, por lo que no debemos ponerlos en un compromiso”, señala a este diario una fuente de JxS. Pero no hay duda de que un sector importante quiere un posicionamiento político para el caso de que se llegue a la desobediencia institucional. En ese momento, afirman los más radicales, los Mossos d’Esquadra deberán ponerse a disposición del Parlamento catalán y del Govern aunque estos desobedezcan las leyes españolas.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la portavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel.
El
exjuez y exsenador Santiago Vidal ya presumía en sus conferencias por los pueblos de Cataluña de que el Ejecutivo de Carles Puigdemont había reunido a los 15 comisarios y que estos habían prometido lealtad a las instituciones catalanas y
desobediencia a la legalidad española. Pero no todo es tan sencillo. “Somos una policía judicial y actuaremos conforme a la ley”, asegura uno de esos comisarios a El Confidencial, contradiciendo a Vidal. Y otro añade que “no se puede hablar a la ligera de un tema así”. Desde la propia CUP, se desconfía de las afirmaciones de su compañero de filas y se admite que no es tan fácil manejar un cuerpo como ese y hacer que obedezca consignas políticas.
El enigma del comisario enchufado
En el aire queda, sin embargo, el relevo o no del director operativo de los Mossos, el comisario Josep Lluís Trapero. “Si cuenta con el apoyo del aparato de ERC, seguirá en su puesto, ya que es Esquerra quien está actuando en estos momentos como punto de equilibrio dentro del Gobierno. Se ha convertido en el eje central de la política”. Y subrayan que “quien tenga el apoyo de ERC, está salvado, porque es la que mueve todo el cotarro”.
Fuentes internas del cuerpo policial admiten también que “según quién pida la cabeza de la cúpula de Interior, la refuerza”. Estas fuentes señalan que “a los más altos cargos, es decir, al
consejero Jordi Janéy a Albert Batlle, el hablar de desobediencia, como hace la CUP, les rechina. Y al ‘conseller’, los radicales le piden gestos que no hace mientras Puigdemont no puede hacer otra cosa que confirmarlo cada día en su puesto. Si se alinean con la desobediencia a la legalidad española, quedan deslegitimados, porque lo que está claro es que nadie puede venir a decir que nos pasemos la Constitución por el forro”.
Josep Lluís Trapero (i), Jordi Jané (2i) y Albert Batlle (2d). (EFE)
A los socios anticapitalistas del Gobierno les molesta también
la camaradería del presidente catalán, Carles Puigdemont, con el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Ambos son compañeros de juergas veraniegas y por el mundillo político catalán corren vistosas anécdotas de visitas de Trapero a la plaza de Sant Jaume a garantizar su lealtad. Pero también apuntan a “un acercamiento de Trapero a ERC. Estamos en una etapa terminal y quien más quien menos cada vez cree menos en un choque de trenes. Por eso, quiere estar a bien con los republicanos, porque posiblemente sean quienes gobiernen tras unas nuevas elecciones, que pueden llegar antes de noviembre”.
En este sentido, fuentes internas del cuerpo policial apuntan a que “en las últimas promociones de mandos, todos los que han ascendido a comisarios o a intendentes son de la ‘cuerda’ de Trapero”. Otra fuente enfatiza que en las últimas promociones, “se primó la lealtad ciega por encima de todo”. Y eso es lo que ‘escama’ a algunos círculos independentistas. “Queremos gente comprometida con el país, no con Trapero”, afirma un diputado de JxS.
También critican que el Gobierno de Puigdemont “confía en él de tal manera que
lo quieren promocionar a ‘major’ del cuerpo. Sería el único ‘major’ [rango superior al de comisario, que es el máximo actualmente], por lo que aunque sea destituido por el siguiente Gobierno, sería superior del hipotético nuevo director de los Mossos”. Un escándalo en toda regla, porque nadie alcanza a vislumbrar por qué insiste el Govern en blindarlo con un cargo de esta naturaleza.
El PP ha presentado una batería de preguntas sobre este tema. El diputado popular Alberto Villagrasa explica a El Confidencial que “el Gobierno ha creado una plaza de mayor a su medida. Para empezar, no ha habido convocatoria de concurso. Luego, no ha sido abierto, sino restringido. Y, por último, ha puesto condicionantes de tal manera que solo puede acceder a la plaza una persona: el actual director de los Mossos. Eso ha creado un enorme malestar dentro del cuerpo”. Para mayor abundancia, el propio Albert Batlle anunció oficiosamente hace casi un año que el Gobierno lo quería nombrar ‘major’, meses antes de llevar la convocatoria de la plaza al diario oficial, lo que hace sospechar que, al margen de la convocatoria oficial, su nombramiento ya está hecho en la cocina de la Generalitat. Es como si se convoca un concurso de obras pero ya se dice meses antes quién hará esas obras. Caiga o no caiga, pues, Trapero es quien mejor lo tiene, porque va a ser promocionado por vía de enchufe a un cargo del que no lo podrán relevar. Pero el resto de la cúpula de Interior puede tener problemas si finalmente Puigdemont se pliega a las presiones
http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-02-28/mossos-batlle-cup-caida-cupula-desobediencia_1339674/
9N: dos altos cargos de la Generalitat señalan a Homs por continuar la campaña tras la suspensión
Francesc Homs. (Foto: EFE)
El jefe del gabinete de Relaciones Externas y Protocolo de la Generalitat, Carles Fabró, y el director de Atención Ciudadana y Difusión, Ignasi Genovés, encargados de organizar la campaña institucional del 9-N, han rechazado este martes en el Tribunal Supremo que recibieran indicaciones para frenarla pese a conocer la suspensión que pesaba sobre la consulta dictada por el Tribunal Constitucional (TC).
En esta segunda sesión de juicio que celebra contra el ex conseller de Presidencia y actual diputado del PDeCAT Francesc Homs los dos altos cargos de la Generalitat, ambos dependientes de su departamento, han explicado en calidad de testigos que, tanto el dispositivo del centro internacional de prensa como la campaña de publicidad de la consulta, continuaron vigentes por orden del propio Homs, que se enfrenta a nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por los delitos de prevaricación y desobediencia.
Fabró ha precisado que su cometido era habilitar el centro internacional de prensaen el Pabellón Italiano de la Fira de Barcelona, para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre de 2014 y que la comparecencia se hubiera producido aunque las urnas no hubieran salido a la calle.
Genovés, por su parte, ha reconocido al tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena que conocía la providencia del Constitucional pero no recibió “ningún encargo relativo a frenar la campaña de publicidad”. “No me tocaba a mi considerar si esto afectaba a la campaña o no y no tuve ninguna indicación al respecto”, ha dicho a preguntas de las partes.
“De hecho la consulta se hizo el 9 de noviembre con toda normalidad”, ha apuntado Genovés, que también se ha referido a que sería “inviable” quitar los carteles colocados en algunos lugares como eran los autobuses municipales.
Cesión de datos del padrón
Igualmente ha comparecido Federico Udina, Director del Instituto de Estadística de Cataluña, quien ha manifestado que adjuntó el informe jurídico de la Consejería de Presidencia en el convenio que firmó el departamento que él dirigía con la Consejería de Presidencia para poder ceder datos de población a la Administración autonómica.Se cedieron, en concreto, datos del padrón de ayuntamientos de Cataluña, esencialmente nombres y direcciones para poder informar a estas personas sobre el proceso participativo.
Udina ha tenido que comprobar durante su comparecencia, por los papeles que se le han mostrado, la cesión de datos de vecinos también menores de edad, como eran los mayores de 16 años. Se trataba de una base de datos temporal con compromiso de destrucción posterior de los mismos, algo que se comprobó a principios del mes de diciembre.
Jordi Vilajoana, secretario general de la Presidencia cuando ocurrieron los hechos, ha manifestado a continuación que pensaban que debían explicar todo este proceso a los ciudadanos de Cataluña y que se pusieron en contacto con ellos para pedirles los datos de identidad y domicilio de todos los empadronados de más de 16 años.
El objetivo era enviarles una carta porque tenían que informarles del “proceso participativo” que se iba a desarrollar, lo que se concretó en una misiva del entonces presidente de la Generalitat Artur Mas. También ha señalado que cuando llegó la providencia del Tribunal Constitucional los voluntarios ya estaban operando y todo se desarrollo “con normalidad”, y de hecho el 4 de noviembre, cuando se suspendió la consulta, todas las cartas ya habían sido enviadas.
Casi un millón de euros en publicidad
Por otro lado, la responsable de publicidad institucional de la Generalitat Mónica Osacar ha reconocido ante la Sala que desconoce si fue Homs el que ordenó la realización de la campaña institucional para el proceso participativo del 9-N, cuyo montante ascendió a un total de 813.942,80 euros. La campaña se contrató por la vía de urgencia si bien la primera empresa seleccionada renunció al contrato.
Según Osacar no se recibió ninguna orden para frenar esta campaña tras la resolución del Tribunal Constitucional, por lo que se siguió realizando. La testigo ha señalado que no pensaron en ello porque además a la vez que gestionaba este encargo tenían muchas más campañas en marcha e iban “a mil por hora”.
A continuación ha testificado Marta Coll, directiva de la empresa de publicidad Media Planning que es la que realizó la publicidad en prensa, autobuses y marquesinas y en el cine, y que ha explicado que de la emitida en televisión y radio se ocupó directamente la Generalitat.
Ha dicho también que su empresa tiene mecanismos para frenar una campaña si se lo ordena el cliente, una orden judicial o el órgano de autocontrol —si fuera una campaña sexista—, pero que ninguno de estos tres supuestos se dio en el caso de la publicidad institucional del 9-N y por ello no se paró.
Empresa Focus
La primera en declarar este martes ha sido la directora asesoría jurídica de Fira, Fática Soro, quien ha coincidido con lo señalado ayer por los responsables de la empresa Focus, que era la encargada de montar la rueda de prensa que se dio el 9-N por la noche tras la celebración del denominado ‘proceso participativo’. Según esta responsable, pese a la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional nadie de la Generalitat le ordenó parar en la organización de este evento.
Ha explicado que el contrato entre ambas entidades se firmó el día 7, una vez suspendida la consulta por el TC, pese a lo cual la fecha que aparece es la del día 3, porque era ese el día en el que comenzaba la vigencia del contrato.
Con esta explicación ha coincidido el segundo testigo que ha depuesto en la sesión de hoy, el director del área de negocio externo de la Fira Pere Camprubí, quien tampoco se preguntó en ningún momento si estaban organizando actos prohibidos por los tribunales. El presupuesto final, no obstante, superó en algo más de 10.000 euros lo previsto inicialmente, algo que este testigo ha calificado de “perfectamente asumible”.
https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/02/28/9n-dos-altos-cargos-generalitat-senalan-homs-continuar-campana-suspension-787673
