El afectado acabó debiendo ocho veces más de lo obtenido de la empresa prestamista
Un juzgado de la localidad valenciana de Torrent ha declarado nulos por considerarlos usurarios cuatro préstamos hipotecarios contratados entre 2004 y 2007 por una persona que acabó debiendo ocho veces más de lo obtenido como préstamo y corrió el riesgo de perder su vivienda, que usó como aval.
El fallo, que no es firme, estima parcialmente la demanda interpuesta por la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) en nombre del contratante de los préstamos y contra la empresa prestamista, radicada en la provincia de Valencia y que ofrecía "dinero fácil" a personas acuciadas por las deudas.
La prestamista captaba a personas cuya situación deudora averiguaba a través de anuncios oficiales de embargos o subastas de bienes y las visitaba para ofrecerles "dinero fácil" con el que saldar sus deudas, según la asociación.
La demandada creaba un entramado de escrituras públicas avaladas por la vivienda del afectado, en las que se encadenaban supuestas refinanciaciones de la deuda mediante sucesivos préstamos hipotecarios sin dejar constancia de la cancelación de los anteriores.
Así, cuando al cabo de cuatro años el deudor quiso saldar su deuda descubrió que, a pesar de haberla pagado parcialmente, debía ocho veces más de lo que había obtenido como préstamo, y corría el riesgo de perder su vivienda.
Tras iniciar un procedimiento penal que acabó archivándose, el gabinete jurídico de Avacu inició en nombre del afectado un procedimiento civil que ahora concluye con la declaración de nulidad de los préstamos concertados, según ha explicado en una nota de prensa esta asociación.
La sentencia consultada por EFE recoge que, en 2002, el afectado, trabajador autónomo casado y con dos hijos menores de edad, tenía problemas en su empresa, perteneciente al sector del frío, y, acuciado por las deudas, acabó aceptando la oferta de una prestataria que se presentó en su lugar de trabajo.
De este modo se constituyó un primer préstamo hipotecario por el que debía recibir 12.000 euros a pesar de que su valor nominal era de 18.030 y de que en ese importe se capitalizaban los intereses ordinarios a un 9% anual (el plazo de devolución del préstamo era de un año).
Al seguir sus dificultades económicas y pensando que se trataba de prórrogas del primero, el hombre suscribió otros tres préstamos (en 2005, 2006 y 2007) de un principal de 42.000, 76.000 y 30.000 euros, respectivamente, de los que debía recibir cantidades que no suponían ni la cuarta parte y que, según denunció, en todo caso no recibió íntegras.
En la operación se suscribió asimismo una escritura de opción de compra sobre su vivienda por un precio de compraventa estipulado en 90.000 euros.
Según la juez, el demandante obró imbuido por su necesidad urgente de dinero y, por su falta de conocimientos, sin entender la trascendencia en su perjuicio de los contratos que concertaba, que incluían unos intereses moratorios al 29% anual.
La empresa demandada sostiene que el afectado fue plenamente consciente de lo que firmaba y que las operaciones se desarrollaron con "absoluta legalidad y transparencia".
No obstante, la juez concluye que los préstamos hipotecarios denunciados "contravienen directamente todo el acervo normativo" que protege los derechos del consumidor, y pone como ejemplo el "notoriamente abusivo y desproporcionado" interés moratorio pactado.
Determina también que la prestataria se fijó desde el principio en el bien inmueble hipotecado, "bien para obtener a través del mismo (en subasta), como garantía hipotecaria de un préstamo usurario, el cobro de una deuda irreal por ficticiamente engordada, bien para poder la prestamista apropiarse directamente de la vivienda".
EFE Valencia 6 MAR 2013 - 17:03 CET2
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/06/valencia/1362585751_945016.html
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