La información que reveló este martes la venta de bebidas alcohólicas en las cafeterías del Congreso a un precio subvencionado ha generado la indignación de los ciudadanos y la reflexión de los partidos y la propia Cámara Baja. Pero las opciones de terminar con esta práctica, que costará al erario público 4.287.500 euros más IVA entre noviembre de 2013 y diciembre de 2017, parecen por ahora remotas.
Izquierda Unida, Unión, Progreso y Democracia y Esquerra Republicana de Catalunya ya han adelantado que pedirán que se elimine este subsidio e incluso que se prohíba la comercialización de destilados y combinados en las instalaciones del Hemiciclo. La medida no sería una excepción. La gran mayoría de las instituciones y administraciones públicas restringe la venta de bebidas de alta graduación alcohólica dentro de sus instalaciones.
Pero ni IU, ni UPyD, ni ERC tienen representación en la Mesa del Congreso, el órgano que se encarga de tomar las decisiones que afectan a la intendencia de la Cámara. La Mesa está en manos del Partido Popular (cinco miembros), PSOE (tres) y CiU (uno), y estos tres grupos parlamentarios se han pronunciado a favor de que las cosas continúen igual que hasta ahora.
Precios rebajados como condición del contrato
Como informó este diario, la Mesa del Congreso ha aprobado el pliego de condiciones del contrato para la prestación del servicio de restauración en el Hemiciclo durante los próximos cuatro años. La empresa que se haga con la licitación ingresará automáticamente para todo el periodo 4.287.500 euros más IVA, los fondos públicos que la Cámara Baja ha decidido destinar para que las tarifas de su cafetería sean más bajas que las que pueden encontrarse en el resto de establecimientos de la capital. Aparte, la concesionaria recibirá también el dinero que cobre por las consumiciones.
Para atar todos los detalles, el documento aprobado por la Mesa del Congreso incluye un anexo con los precios que, a cambio de la subvención, deberá respetar la adjudicataria del restaurante. La Mesa ha acordado el coste máximo de los menús (9 euros), los desayunos (1,05 euros) y los cafés (0,85 euros), pero también el de casi un centenar de referencias alcohólicas. Por ejemplo, el Bloody Mary no podrá valer más de 3,45 euros, el gin-tonic Larios, 3,45 euros como mucho y, el cubalibre, un máximo de 3,40 euros, precios muy inferiores a los de la calle. La lista también estipula precios rebajados para coñacs, cavas, vodkas, licores, oportos y brandis, entre otras variedades. La diferencia con el coste real se cubrirá con los fondos públicos de la partida asignada por los Presupuestos Generales del Estado a la Cámara Baja. El mismo mecanismo opera en el Senado.
Reacciones en contra de la prohibición
A pesar de las reacciones que provocó la información, la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, justificó el subsidio de los productos de hostelería por las peculiaridades del horario de apertura del Hemiciclo. Según Rodríguez, con un precio de libremercado la explotación de la cafetería no sería rentable. Además, no consideró necesario eliminar el despacho de bebidas destiladas.
Por su parte, la diputada de CiU Montserrat Surroca calificó el debate sobre la venta de bebidas alcohólicas de “despropósito”. “Aquí no venimos a tomar gin-tonics, estamos trabajado duro”, replicó Surroca en declaraciones a Europa Press, un curioso argumento para mantener la prerrogativa.
El Grupo Popular prefirió no manifestarse sobre esta cuestión, pero sí lo hizo su principal representante en la Mesa del Congreso, el presidente de la Cámara Baja,Jesús Posada. El máximo responsable del Hemiciclo defendió el régimen de precios “limitados” porque es el que se ha utilizado siempre y “ha funcionado bien”. “Las cosas se mantendrán en las mismas condiciones”, aseguró Posada, antes de pedir que “no se saquen las cosas de quicio con este asunto”.
Una subvención contra el paro
Fuentes del Congreso fueron más lejos y aseguraron, según recogió EFE, que los 4.287.500 euros más IVA que la Cámara gastará en subvencionar los precios de cafetería durante los próximos cuatro años para los diputados, empleados de las instalaciones y visitantes del Hemiciclo irán en realidad destinados al mantenimiento de los 60 puestos de trabajo que integran en la actualidad este servicio.
Las únicas formaciones que expresaron su oposición a este gasto fueron IU, UPyD y ERC, que pedirán a la Mesa que modifique las condiciones del contrato para acabar con el subsidio de las bebidas alcohólicas e, incluso, que se prohíba la venta de destilados en los establecimientos del Congreso.
Así, el portavoz de IU en la Cámara Baja, José Luis Centella, reclamó que se elimine por completo la subvención de la cafetería para terminar con este “trato de favor”. “La gente no sé si lo entiende, pero yo no lo entiendo. Nos parece mal. No tiene lógica que los precios de la cafetería del Congreso sean diferentes”, declaró Centella. En opinión del portavoz de IU, las tarifas deberían ser las mismas que las del “precio de mercado”.
También criticó este desembolso UPyD. “No consideramos que sea necesario que se subvencionen este tipo de servicios. Lo que debería haber es una concesión normal, con los mismos precios que hay en cualquier otro sitio”, opinó la diputada de UPyD Irene Lozano. “Tenemos que trabajar esta cuestión, pero no tiene sentido que se rebaje el precio no sólo del alcohol, sino también de los menús y el resto de productos”, concluyó Lozano.
Por último, el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Alfred Bosch, cargó contra la venta de alcohol en el Congreso y recordó que este veto ya se aplica en el Parlament de Catalunya. Según ERC, en la Cámara catalana no se venden bebidas de alta graduación desde hace años. “No vemos por qué si se hace en el Parlament, no se puede hacer aquí”, apuntó Bosch.
Sólo vino y cerveza
Lo mismo ocurre en el Parlamento de Andalucía, que también está inmerso en el proceso de adjudicación de su bar. Las condiciones del nuevo contrato autorizan a la futura empresa concesionaria el despacho de cerveza y vino en las instalaciones de la Cámara autonómica. Sin embargo, el pliego de condiciones no obliga a la cafetería a dispensar bebidas alcohólicas y, menos aún, fija el precio al que deben comercializarse, como sí ocurre en el Congreso.
El Ministerio de Presidencia es aún más tajante. El pliego de condiciones del concurso para la adjudicación de las cafeterías del complejo de la Moncloa, publicado por el BOE el pasado mes de febrero, recoge explícitamente el veto a las bebidas espirituosas. “Está prohibida la venta y/o consumo de licores y bebidas alcohólicas, excepto vinos y cervezas, en los locales destinados a restaurante y bar/cafetería del Complejo de la Moncloa”, aclara el pliego de prescripciones técnicas del contrato. En el Congreso, al menos de momento, podrán seguir consumiéndose, y a precio de liquidación, gracias a la generosidad del erario público.
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