¡Otro récord hoy del PP! Uno de cada cinco de sus diputados en Valencia, acusado de corrupción.
Fiscalía y Abogacía de la Generalitat también piden cárcel para Blasco: Fabra tiene que elegir, o limpia su partido y se la juega, o quedará prisionero de los imputados
La fiscalía y la abogacía de la Generalitat también piden cárcel, 14 y 11 años respectivamente, para Rafael Blasco, el que fuera conseller de Cooperación y portavoz del Grupo ‘popular’, y que aún es diputado. Peticiones que se conocen 24 horas después de la que plantearon los socialistas, personados como acusación particular, y que pidieron ayer 15 años. Al president Alberto Fabra se le han acabado las excusas, ahora es su turno de mover ficha y cumplir su palabra: expulsar a Blasco de su grupo.
Un conseller que se quedó con el 97% del dinero para cooperación
Los escritos de Fiscalía y Abogacía de la Generalitat son contundentes. Los fiscales piden para Blasco 8 años por un delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, así como inductor de un delito de falsificación documental, a lo que suman 6 años más por falsedad en documentos públicos. La Abogacía hace una consideración muy similar y pide para Blasco 7 años de prisión por malversación de caudales públicos y 4 años y 6 meses por falsedad documental.
Fabra se ve presionado por los casos de corrupción; el tiene que decidir si limpia su partido o ata su destino a los imputados. Foto EFE
Como les venimos informando en ELPLURAL.COM, Blasco está acusado por la juez instructora de haber sido responsable de crear “las condiciones necesarias para que se sustrajeran importantes cantidades de dinero”. En concreto, como conseller facilitó que de 1.800.000 euros destinados a tres proyectos de cooperación en Nicaragua apenas llegaran a destino 34.000, mientras que los restantes 1.666.000 se utilizaban para invertirse en garajes y pisos.
Fabra tiene que demostrar que ‘no le tiembla el pulso’
Pero si el problema para Blasco es grande, no lo es menor para su ‘jefe’, el presidente de la Generalitat y máximo responsable del PP en Valencia: hace dos semanas Alberto Fabra anunció que “no le temblaría el pulso”, comprometiéndose a cesarle si la Abogacía de la Generalitat veía razones para la petición de cárcel. Estas peticiones de los representantes del Estado contra Blasco le ponen entre la espada y la pared. O cumple su palabra, y aún más importante, comienza la limpieza de su partido, aunque le cueste quedarse en minoría, o atará su futuro al de los diputados acusados de corruptelas.
Un dato resulta abrumador: en estos momentos el PP tiene 55 diputados. De ellos 9 ya están imputados,
El PP intenta ‘salvar’ a algunos corruptos
En el PP valenciano pretenden ‘distinguir’ dos tipos de ‘corruptos’. Uno, el de los que se habrían quedado con el dinero malversado. Como sería presuntamente el caso de Blasco. Otro, el de los protagonistas de los casos de corruptelas relacionados con la Gürtel y que habrían empleado el dinero para financiar el PP. Pero como les recuerdan desde las filas socialistas en las Corts, el problema de los ‘populares’ no es otro que el de una forma de gobernar, de amañar concursos y realizar concesiones, sistemáticamente corrupta.
En estos momentos, Fabra gobierna apoyado por un Grupo parlamentario con más agujeros que un queso gruyere. El dato resulta abrumador: en estos momentos el PP tiene 55 diputados, de ellos 10 ya imputados, y dos a punto de serlo.
Un listado de implicados que reflejan una forma de gobernar
Además de Blasco, están imputados por ‘el caso Fitur’ -se entregó la organización de la feria a la empresa de la Gurtel, Orange Market, a cambio presuntamente de financiación para el partido- el entonces vicepresidente del Govern, Vicente Rambla, y las conselleras de Turismo Milagrosa Martinez y Angélica Suchs. Por ‘el caso Gürtel-financiación del PP’, de nuevo Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra, y la ex tesorera Yolanda García. Y además, por el llamado ‘caso Brugal’, concesiones de recogidas de basura, Sonia Castedo, diputada y alcaldesa Alicante, Luis Díaz Alperi y, de nuevo, Rafael Blasco. También estaba el exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, que tuvo que dejar su escaño, al ser condenado…, y cuyo puesto fue ‘heredado’ por Elisa Díaz, hija del imputado Luis Díaz Alperi, y ella misma -de tal palo…- bajo sospespecha de la Fiscalía Anticorrupción. Nombres a los que todo indica que están a punto de sumarse la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresident, Francesc Camps, por ‘el caso Nóos’.
Es decir, en nada de tiempo, si él mismo no lo evita provocando su salida, Fabra tendrá puestos sus pies como presidente sobre un grupo en el que 12 diputados de 55 estarán imputados en casos de corrupción. Más de uno de cada cinco. Más de un 20% de los representantes ‘populares’ en Las Corts involucrados en casos de corrupción.
Aunque, como les decíamos este lunes, si Blasco se resiste a irse, lo que parece más que probable, para expulsarle del Grupo hacen falta las firmas de los demás diputados…, y muchos podrían resistirse para evitar que se haga con ellos lo mismo, el President valenciano, que llegó pretendiendo cortar con los tiempos de Camps, declarándose libre de corrupción, tiene que actuar. Fabra aceptó que se le impusieran unas listas en las que ahora se ve enredado; Fabra tiene que decidir ahora entre limpiar su casa, o presidir un gobierno ‘manchado’.
F. M./ELPLURAL.COM | 04/06/2013
En 'coche oficial' de la Junta, a comprar cocaína a las Tres Mil
TRAMA DE LOS ERE | Levantado el secreto del sumario
Un 'camello' confirma que compró droga mientras le esperaba el auto oficial
El detenido confesó que había comprado droga 'en tres o cuatro ocasiones'
Dice a la juez que le daban billetes de 500 euros para adquirir la cocaína
Gregorio Martínez, el camello del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, confirmó a la Guardia Civil que compró cocaína en el barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas mientras le esperaba el chófer del alto cargo con el "coche oficial".
Martínez prestó declaración el pasado 21 de marzo durante una hora y medida ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de la operación Heracles a cuenta de los 90.081 euros que recibió la empresa de la que era accionista mayoritario -Promociones Vinícolas de Sevilla SL- como anticipo abonado por uno de los bufetes de abogados implicados en la causa de una subvención del fondo de reptiles.
El detenido confesó que había comprado droga "en tres o cuatro ocasiones" para el entonces conductor de Guerrero (Juan Francisco Trujillo Blanco). Éste desveló a la juez Alaya en marzo de 2012 que gastó en cocaína, copas y fiesta junto al entonces alto cargo de la Junta gran parte de las ayudas que el ex alto cargo le concedió a sus empresas 'fantasma'.
Gregorio Martínez precisó a la Guardia Civil que la primera vez adquirió 10 gramos de cocaína con un billete de "500 euros" que le entregó Trujillo Blanco, que le esperó en los aledaños de las Tres Mil Viviendas "con el coche oficial de Javier Guerrero". En la segunda ocasión compró también en el citado barrio sevillano otros 10 gramos de coca con otro billete de 500 euros, entregando la droga en un restaurante de la sevillana calle Luis Montoto.
Pese a haberle dicho a Trujillo Blanco que no le hiciera más encargos porque "no quería problemas", el camello aceptó posteriormente comprar otros 20 gramos y llevarle la droga a Andújar, la localidad de donde es natural el antiguo chófer de Guerrero. Esa vez, Gregorio Martínez -según su relato- recibió 1.000 euros en efectivo en dos billetes de 500, además de retirar otros 400 euros de un "cajero próximo".
Hubo una cuarta vez. Semanas después, el chófer volvió a llamarlo desde el "hotel Alfonso XIII" para que le comprara 10 gramos de cocaína, motivo por el que le entregó 700 euros.
Antonio Salvador | Sebastián Torres | Sevilla
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