Documentos encontrados en la casa de Josep Prat en 2013 motivaron las pesquisas
ORIOL GÜELL Barcelona 23 ENE 2015 - 21:03 CET
Dos sanitarios junto a una ambulancia en Terrassa. / CRISTÓBAL CASTRO
El concurso convocado por el Departamento de Salud para adjudicar el transporte sanitario pagado por la Generalitat —el mayor de la legislatura, con más de 2.000 millones de euros para la próxima década— vive su recta final estos días, pero las luchas internas en el sector, las maniobras para conseguir una posición ventajosa y la participación en ellas de algunos altos cargos sanitarios llevan más de tres años produciéndose de forma soterrada.
El Juzgado de Instrucción 3 de Reus, que investiga el caso Innova, tiene abierta desde hace más de un año una pieza separada (la número 7) para aclarar “la intervención de servidores públicos” en estas maniobras que “pondrían en entredicho los principios de independencia, neutralidad e imparcialidad que deben regir el funcionamiento de la Administración”, según un atestado de la Guardia Civil —que actúa como policía judicial— fechado el 10 de enero de 2014.
El concurso, cuya adjudicación formal se producirá en las próximas semanas, vivió el pasado miércoles un momento dramático con la apertura de las ofertas económicas una semana después de que se dieran a conocer las técnicas. Los resultados finales dan un vuelco al sector, que quedará en manos de tres sociedades: la multinacional danesa Falck VL, que ha logrado la mejor puntuación en seis de los 13 lotes en liza —con una facturación total de casi 1.000 millones hasta 2024—; Transports Sanitaris de Catalunya (TSC), del fondo de inversión italiano Investindustrial —dueña también de Port Aventura y que se ha hecho con cuatro lotes y casi 700 millones—; y la UTE formada por las empresas Egara y Lafuente —tres contratos y unos 400 millones—.
El resto del sector, formado por una quincena de empresas que llevaban la gestión del servicio desde hace dos décadas, ha quedado fuera de la adjudicación. Muchas de ellas iniciaron ayer una ronda de reuniones, confirmaron sus directivos, para preparar una estrategia para tratar de revertir la adjudicación que pasa primero por analizar las puntuaciones otorgadas, presentar una batería de alegaciones y, en caso de ser estas rechazadas, llevar el concurso a los tribunales.
Un juzgado de Reus ha abierto una pieza separada sobre el transporte sanitario
La irrupción de grandes fondos de inversión en el sector a partir de 2011, con el concurso en ciernes, causó en él “un cambio estructural de importantes dimensiones”, según otro informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso, sobre el que el juez Diego Álvarez de Juan levantó el secreto hace un mes. “Nuevos grupos de inversores y empresas de capital riesgo han penetrado en el sector con agresivas estrategias de compras”, sigue el informe. Las más destacadas fueron la adquisición de TSC por Investindustrial en mayo de 2011; de Ambulàncies Reus por el gigante español Ambuibérica —financiado por ProA Capital y asesorado por el exconsejero de Sanidad Xavier Pomés— en noviembre de ese año; y el aterrizaje de Falck en Cataluña con la compra de Vicente Lázaro tres meses más tarde.
El sumario describe el nerviosismo que cundió entre las empresas históricas del sector ante tal desembarco, acrecentado por el papel del consejero de Salud, Boi Ruiz, quien “podría estar jugando algún tipo de rol mediador” en los intentos de ProA de comprar algunas empresas, según otro informe de la Guardia Civil.
Es en este escenario en el que cobra relevancia el expresidente del Instituto Catalán de la salud (ICS), Josep Prat, quien aparece como figura central entre las fuerzas en pugna. Fueron precisamente los documentos hallados en el registro del domicilio de Prat —detenido en febrero de 2013 en el marco de la investigación del caso Innova— sobre el sector y futuro concurso los que motivaron la apertura de la pieza separada.
Boi Ruiz “podría estar jugando algún tipo de rol mediador” en una operación de compra
Prat habría sido uno de los altos cargos sanitarios al que habría recurrido empresas como Ambulàncies Baix Ebre, propiedad del presidente de la patronal española del ramo, Bernardo Coslado, para “conseguir la perpetuación de la posición de los adjudicatarios ya asentados”, según un auto judicial fechado el pasado 17 de diciembre. Coslado fue detenido hace justo un año tras descubrir los investigadores que pagaba desde abril de 2012 un total de 5.000 euros mensuales a Prat por sus servicios, lo que era incompatible con la presidencia del ICS que ocupaba.
Los investigadores destacan uno de los documentos hallados en casa de Prat en el que ya en 2012 dibujaba “una parte del futuro mapa del transporte sanitario en Cataluña”, según la Guardia Civil. En una hoja manuscrita puede leerse como Prat atribuía a Falck —citada como “los daneses”— la adjudicación del servicio en el Vallès Oriental y Occidental, donde la multinacional ha logrado las mejores puntuaciones. El documento también cita a otra de las empresas ganadoras —TSC, citada como “Bonomi”, el apellido de la familia italiana propietaria de Investindustrial— y a varias de las perdedoras. Una anotación destacable es la que cita a la “relación ProA-Pomès-Padrosa”, que los investigadores atribuyen a los lazos entre el fondo de inversión, el exconsejero de Sanidad Xavier Pomés y el actual director del Servicio Catalán de la salud (CatSalut), Josep Maria Padrosa, quien “ya nombró a Padrosa director general de Emergencias de la Generalitat en octubre de 2000”.
El avance de las investigaciones recogidas en el sumario se topa, sin embargo, con un problema: los documentos que la sustentan fueron los requisados en casa de Prat en febrero de 2013 y en la empresa de Coslado en enero de 2014. A partir de entonces, al menos en la parte sobre la que se ha levantado el secreto de sumario, las pesquisas se quedan ciegas y poco avanzan sobre lo ocurrido en los últimos 12 meses. Un hecho destacable, por ejemplo, sería la retirada de ProA de la puja en el sector con la venta de Ambuibérica a otro fondo de inversión (PAI). Todo ello impide conocer hechos que expliquen las razones, si las hubiera de relevancia para la causa, del éxito o fracaso de las múltiples gestiones en marcha y las grandes diferencias existentes entre el “mapa” dibujado por Prat y las puntuaciones obtenidas por las empresas del sector en concurso público.
Prat dibujó en 2012 “una parte del futuro mapa del transporte sanitario en Cataluña”
En la pieza separada sobre el transporte sanitario están imputados Josep Prat y Bernardo Coslado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación. El juez también mantiene imputados a otros cargos públicos vinculados a Innova —el antiguo grupo de empresas municipales de Reus— y del CatSalut en las Tierras del Ebro, aunque no ha encontrado razones para ampliar el número de encausados.
Las diligencias de la Guardia Civil ofrecen un buen resumen de la situación del sector del transporte sanitario en los últimos tres años al destacar que “la supervivencia de las empresas históricas de ambulancias sería muy dependiente de los resultados del concurso ya que en el caso de fracasar, sus opciones se reducirían a cerrar, vender o quedar como subcontratas”. A pesar de ello y “de las naturales incertidumbres que tal proceso generaría, si no se produce una alteración ilícita del mercado por parte de los recién llegados, esta evolución sería el resultado lógico del concurso amparado por la legislación vigente”. Así, “no cabrían estrategias alternativas fuera del libre juego de la oferta y la demanda”, señalan los investigadores en referencia Prat y Coslado. “Sin embargo, la existencia de presuntos contactos entre, por ejemplo, PROA y Boi Ruiz también plantearía dudas al respecto, ya que nuevamente se trata de conductas que podrían estar apuntando a la utilización de estrategias supuestamente irregulares”, concluye el atestado de la Guardia Civil.
Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/01/23/catalunya/1422043439_701006.html
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