Nunca antes el CIS hizo una pregunta tan burda, tan ideologizada. Nunca antes se predispuso tanto hacia una respuesta favorable a restringir la libertad de información
ABC Actualizado:16/04/2020 08:13h
El Gobierno sigue haciendo una utilización obscena del CIS para manipular la opinión ciudadana sobre la pésima gestión de Sánchez en la crisis del coronavirus.
Aparte de que con casi 19.000 muertos sea metafísicamente imposible que Sánchez obtuviera hoy tres puntos más en votos si hubiese elecciones, resulta inédito que el CIS pregunte a los españoles si conviene imponer la censura informativa en los medios de comunicación.
Ya no se trata de que José Félix Tezanos diseñe con dinero público sondeos a mayor gloria de Sánchez y de su enfermiza necesidad de autobombo, sino de que al menos no incurra en la burda maniobra de fabricar un No-Do del siglo XXI para el presidente del Gobierno.
España no se halla solo ante un reto sanitario y socioeconómico jamás vivido desde la Guerra Civil. Estamos ante un intento de pervertir las libertades y de crear el caldo de cultivo para imponer un régimen autoritario.
Siendo patentes la imprevisión y la ineficacia del Gobierno, y siendo España el país con mayor mortalidad por cada millón de habitantes, resulta insultante que el CIS pregunte si habría que «prohibir» la difusión de bulos e «informaciones engañosas y poco fundamentadas» por las redes y los medios de comunicación, de modo que bastasen solo las «fuentes oficiales» para hablar de la pandemia.
La respuesta, abrumadoramente mayoritaria a favor del aparato de propaganda de La Moncloa, se daba por descontada.
Entre tanto ministerio, Sánchez olvidó crear el de la «verdad absoluta», pero no ha olvidado conceder a Iglesias un poder omnímodo sobre el CNI, o cerrar el Portal de Transparencia, que está obligado a mantener por ley para informar de las adjudicaciones públicas.
Por eso se niega a responder sobre quién intermedió y vendió a España miles de test fraudulentos pagados con dinero público, o por qué empresas-fantasma siguen protegidas por La Moncloa con nuevos contratos opacos.
Con esta clase de preguntas del CIS y con su golpe de mano a la transparencia, el Gobierno cercena cualquier opción de ser interrogado por algo que le pueda resultar molesto. Así se legitima la censura, y cuando en La Moncloa no gusta alguna pregunta dirigida a Sánchez, se responde con evasivas o directamente se miente.
Nunca antes el CIS hizo una pregunta tan burda, tan ideologizada y tan abusiva. Nunca antes se predispuso tanto hacia una respuesta contra la libertad de información, y nunca antes se manejó al ciudadano de forma tan inquietante.
Ayer, Europa anunció un plan progresivo para la readaptación a la normalidad, y por ello avaló el uso de aplicaciones móviles entre los ciudadanos para poder identificar eventuales focos de contacto. En España y con este Gobierno, da miedo la simple sospecha de que ese criterio pueda ser utilizado como coartada para un espionaje masivo y un control orwelliano de las personas.
El Gobierno utiliza el estado de alarma para anular al Portal de Transparencia
El Ejecutivo modificó el decreto-ley cuatro días después de publicarlo para poder ocultar datos a los ciudadanos sobre la gestión de la crisis del coronavirus
El Gobierno aprovecha el estado de alarma para neutralizar al Portal de Transparencia. Esta herramienta, destinada a que cualquier ciudadano pida cuentas de su gestión a la Administración, está ahora mismo vacía de contenido.
De esta forma, el Ejecutivo no tiene la obligación de informar, salvo que lo quiera hacer «motu proprio», sobre aspectos tan relevantes como los costes y beneficiarios de los contratos que otorga a empresas del sector sanitario en plena crisis del coronavirus.
El día 14 de marzo, el Gobierno decretó el estado de alarma. Mediante la disposición adicional tercera del texto publicado en el BOE, el Ejecutivo tomó la decisión de suspender e interrumpir «los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público» hasta que el real decreto o sus prórrogas carecieran de vigencia.
Es decir, la Administración quedaba parada en pleno, también se estancaban los procesos de transparencia y acceso a la información ya abiertos.
Pero Moncloa estableció una salvedad en el punto cuarto de dicho apartado, que permitía activar los mecanismos de las estructuras públicas -entre las que se incluye el Portal de Transparencia- cuando se tratara de responder a cuestiones referidas «a situaciones estrechamente vinculadas» con el coronavirus.
En definitiva, no era el momento de preguntar por el coste de los viajes oficiales de un ministro, pero sí se podía pedir al Ministerio de Sanidad que facilitara, por ejemplo, los contratos o el coste de las operaciones de compra de material sanitario suscritos durante estas semanas, unos datos, por otra parte, prácticamente imposibles de conseguir en este escenario.
Cuatro días después
Tan solo cuatro días más tarde, en la reformulación del texto normativo rubricada el 18 de marzo, el Gobierno modificó esta disposición adicional y dejó en manos de la propia Administración cualquier tipo de rendición de cuentas ante los ciudadanos, también si las preguntas estaban encaminadas a conocer más datos de la gestión que el Ministerio de Sanidad está llevando a cabo en la crisis provocada por la pandemia.
«Las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios», reza la modificación del decreto, con el que el Gobierno se blinda para no ofrecer explicaciones a través de Transparencia, ya que se entrega a sí mismo la potestad de decidir si quiere o no responder a una cuestión relacionada con el virus.
«El estado de alarma vacía absolutamente de contenido real el derecho de acceso a la información pública precisamente durante un periodo en el que es muy importante saber lo que está pasando», critica Miguel Ángel Blanes, uno de los mayores expertos en cuestiones de Transparencia de España, quien también considera que esta suspensión «no tiene ningún sentido en un estado democrático de derecho».
De manera paralela, se da otra situación que agrava la coyuntura. Como adelantaron El Confidencial y Voz Pópuli, Sanidad tampoco informa a través del portal de contratación sobre las licitaciones selladas por el Ministerio durante el estado de alarma.
El ministro, Salvador Illa, tampoco se prodiga a la hora de dar estos detalles en sus ruedas de prensa y la información queda guardada en un cajón.
Ahora, los ciudadanos
Son muy numerosas las llamadas de atención que el Consejo de Transparencia, organismo garante de que se cumplan los preceptos de la ley de esta materia, ha realizado al Gobierno durante la etapa de Pedro Sánchez como presidente.
La mayoría han sido desoídas, particularmente por el gabinete de Presidencia, lo que no habla demasiado bien del concepto de Transparencia que ejecuta Moncloa. Sin embargo, el cerrojazo a las funciones del Portal de Transparencia no es el primer ejemplo de opacidad informativa del Ejecutivo en esta crisis.
Un ejemplo es, como denuncian los diferentes grupos de la oposición, que hubiera que esperar hasta ayer para que el Gobierno se sometiera a la primera sesión de control en el Congreso tras el estado de alarma.
Otro, el manifiesto que centenares de periodistas firmaron para exigir ruedas de prensa con capacidad para repreguntar y sin preguntas filtradas por Moncloa. Ahora, después de políticos y periodistas, le toca el turno a los ciudadanos, que se quedan sin armas para examinar la labor de la Administración
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Pero Moncloa estableció una salvedad en el punto cuarto de dicho apartado, que permitía activar los mecanismos de las estructuras públicas -entre las que se incluye el Portal de Transparencia- cuando se tratara de responder a cuestiones referidas «a situaciones estrechamente vinculadas» con el coronavirus.
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