CRISIS DEL CORONAVIRUS
El instituto V-Dem sitúa a España entre los 34 países con riesgo medio de "infección democrática" durante la pandemia
Censura
04/05/2020 06:43
Peligro de «infección democrática». Un informe del instituto sueco V-Dem sitúa a España entre los 34 países del mundo con riesgo intermedio de experimentar un retroceso en la calidad de sus estándares democráticos tras la pandemia del COVID-19.
Del total de 142 países sobre los que se realizó el muestreo, el nuestro incluye «algunas violaciones» de las normas que garantizan la supervivencia de la democracia durante situaciones excepcionales, como la actual crisis sanitaria del coronavirus.
Entre ellas, la limitación «significativa de la libertad de los medios de comunicación porque no son necesarios para combatir» el virus.
Del total de 142 países sobre los que se realizó el muestreo, el nuestro incluye «algunas violaciones» de las normas que garantizan la supervivencia de la democracia durante situaciones excepcionales, como la actual crisis sanitaria del coronavirus.
Entre ellas, la limitación «significativa de la libertad de los medios de comunicación porque no son necesarios para combatir» el virus.
«Incluso durante una emergencia, los controles y contrapesos» al ejercicio del poder «son fundamentales para salvaguardar la democracia», advierten los autores del estudio. «Para que la democracia funcione, deben preservarse una serie de instituciones y libertades» básicas, «si alguna de ellas se compromete, la democracia está en peligro», añaden.
Además del grado de libertad de prensa, la precisión de las leyes formuladas durante el período de crisis o el nivel de «abuso» de los decretos por parte de los gobernantes, los investigadores han tomado como referencia hasta 9 indicadores del Índice de Libertad Democrática, para valorar las respuestas de los diferentes Gobiernos, entre ellos el español, al COVID-19. Si alguna de las medidas adoptadas por dichos Ejecutivos implica una cierta «violación de las normas para situaciones de emergencia», todo el país queda clasificado como «naranja»: riesgo medio de disminución democrática.
Es el caso de España.
Es el caso de España.
«Es fundamental que el poder legislativo y los tribunales continúen su labor en representación de los intereses de los ciudadanos» durante la pandemia
«Consideramos un país de riesgo medio» de pérdida democrática «si no existe una cláusula de extinción» de la situación de emergencia, o si «el poder legislativo» o las autonomías «no pueden obligar al ejecutivo a renunciar» a sus competencias ampliadas, subrayan Anna Lührmann, Amanda B. Edgell y Seraphine F. Maerz.
Mapa de los países en peligro de pérdida democrática tras el COVID-19
Para preservar la democracia durante una crisis, las respuestas gubernamentales empleadas en la lucha contra la pandemia deben ser siempre «proporcionadas, necesarias y no discriminatorias» para los ciudadanos, afirma el documento de V-Dem.
Si bien las medidas de emergencia son necesarias, éstas «sólo podrán alterar las instituciones democráticas, los derechos y los procedimientos dentro de ciertos límites«., subraya.
Por ejemplo, mientras que las respuestas a COVID-19 «pueden garantizar la distancia física al restringir la libertad de circulación y reunión, no pueden tocar ciertos derechos fundamentales y no deben ser discriminatorias«.
Control parlamentario
«En países con un riesgo medio o alto, la supervivencia democrática depende de una sociedad civil vigilante que pueda fiscalizar a los gobiernos», destacan los investigadores. Para lo cual es imprescindible que continúen activos, sin excusa, los controles parlamentarios a la acción del Gobierno.
Gráfico de los estándares afectados por las decisiones gubernativas durante el coronavirus
Ahora que el COVID-19 ha puesto a prueba nuestros sistemas democráticos, incluso, deben desarrollarse «nuevos mecanismos de rendición de cuentas que respondan a las necesidades de la pandemia», recomiendan.
Por ejemplo, tal y como dictaminó el Tribunal Constitucional alemán: «Las formas limitadas de protesta pública deben seguir siendo legales, siempre y cuando cumplan con las directrices de distanciamiento» sanitario imprescindibles para evitar los contagios.
«En momentos en que las grandes reuniones son perjudiciales, es posible encontrar soluciones alternativas», apuntan los expertos suecos.
El órgano censor del Gobierno, el CNPIC, rastrea «la información que busca crear alarma social o polarizar»
Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. (Foto: Moncloa)
04/05/2020 06:49
El Gobierno ha seguido adelante con su afán de control de la prensa crítica. Y los informes “contra la desinformación” han empezado a elaborarse y a llegar a La Moncloa. Informes que cuentan con la labor de organismos como el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC).
E informes que responden a las consignas oficiales de desarticular supuestas tramas “que buscan engañar y manipular a la opinión pública”, pero que, en el fondo, ponen el acento en detectar informaciones que “crean alarma social” o “polarizan”. Porque, según las órdenes políticas recibidas por los agentes, esas informaciones “desestabilizan nuestras instituciones democráticas”.
El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC) es un organismo creado en el año 2007 en el seno de la Secretaría de Estado de Seguridad. Su objetivo principal es coordinar la protección de todo un catálogo de infraestructuras críticas y establecer esa defensa entre la Policía Nacional y Guardia Civil. En ningún caso, controlar a la prensa.
Pero lo cierto es que desde sus despachos han empezado a surgir informes que responden a un diseño de investigación muy claro y con una intención muy concreta. Tan claro, como el texto al que ha tenido acceso OKDIARIO.
En ese texto, remitido a varios de sus agentes para que elaboren los informes de seguimiento de la información ateniéndose a las órdenes políticas recibidas, se detalla el siguiente encabezamiento: “Este informe es el resultado de la integración de la información procedente de diversos órganos y organismos de la Administración en el marco del Procedimiento de Actuación contra la Desinformación”.
El texto señala igualmente que “el objetivo final será tratar de descubrir flujos de información distorsionados creados y perfilados por actores estatales o no estatales, introducidos subrepticiamente en el proceso comunicativo y que buscan engañar y manipular a la opinión pública para crear alarma social o para su polarización, para interferir en la toma de decisiones de altos cargos, para desestabilizar nuestras instituciones democráticas o la actividad económica”.
A partir de ahí, el que juzgue qué es una “información distorsionada” tendrá en su mano considerar que una crítica o una noticia negativa -como diría la ministra Isabel Celaá– puede ser un medio de generar “alarma social” o “polarización”.
El Gobierno de Pedro Sánchez no ha dudado en reclamar este tipo de informes contra la supuesta desinformación. Es más, Pablo Iglesias no ha dudado en exigirlos como estrategia de minimización del impacto en la opinión pública por la lamentable gestión del coronavirus llevada a cabo por este Ejecutivo socialcomunista.
Y, en consecuencia, Sánchez no ha dudado tampoco en usar sus servicios para aplicar su particular visión de lo que él dice que es proteger “la estabilidad institucional”. Por eso, los informes están recabando ya informaciones que, tal y como afirmó el general Santiago de la Guardia Civil, pueden afectar a la generación de un estrés social y crítica frente a la gestión del coronavirus por el Gobierno.
El CNPIC gestiona, efectivamente, la protección frente a los ataques cibernéticos. Pero, de nuevo de forma bastante evidente, es complicado calificar a la prensa como atacante cibernético, a menos que el Gobierno que da la orden esté empeñado en considerar así las “noticias negativas, noticias falsas en definitiva”, tal y como afirmó la ministra Celaá.
El Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno interviene en la coordinación de esas labores de captación de información. Los informes elaborados se denominan ‘INFORME DE SITUACIÓN DESINFORMACIÓN COVID-19’ y se confeccionan diariamente a partir de la información recibida de las unidades tecnológicas de Policía Nacional y Guardia Civil, INCIBE y la Oficina de Coordinación Cibernética (OCC).
El CNPIC es un organismo dependiente del Gabinete de Coordinación y Estudios (GCE) de la Secretaría de Estado de Seguridad integrado por unos 50 funcionarios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Existe un Servicio de Ciberseguridad, que es donde se incardina la OCC. Desde su creación el director del CNPIC es el teniente coronel Fernando José Sánchez Gómez.
Y concretamente en el seno de la OCC se vienen desarrollando desde hace tiempo diversas actividades de monitorización de redes sociales tales como Twitter o Facebook. Todo un escenario de control y protección frente a los ataques cibernéticos que el presidente Sánchez ha decidido enfocar a su forma de ver a la prensa.
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