La titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, archivaba la investigación el viernes con un auto de 51 páginas.
2020-06-13
La manifestación del 8M | EFE
¿Por qué la juez Medel ha archivado el 8-M? Ésta es la pregunta que desde ayer se hacen muchos ciudadanos españoles y víctimas directas o indirectas de la pandemia del covid-19 que habían encontrado en esta causa un halo de esperanza para resarcir el dolor causado por la incompetencia y la negligencia del Gobierno de Pedro Sánchez en esta crisis sanitaria trágica y sobre todo mortal.
La titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, archivaba provisionalmente la investigación el viernes con un auto de 51 páginas, qué paradoja, al considerar que no hay indicios suficientes de delito en los hechos atribuidos al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por prevaricación administrativa.
Las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, apuntan que el mayor problema que existe en este tipo de querellas y denuncias es el encaje de las conductas delictivas que se han producido en el Código Penal.
"No existe un delito de riesgo contra la salud pública, además es imposible demostrar la causalidad de que las personas que se contagiaron o murieron tras acudir a las marchas del 8-M se contagiaron de covid-19 en ese lugar y no antes o después". Algo que afirmó el propio forense de la causa en sus dos informes.
"No existe un delito de riesgo contra la salud pública, además es imposible demostrar la causalidad de que las personas que se contagiaron o murieron tras acudir a las marchas del 8-M se contagiaron de covid-19 en ese lugar y no antes o después". Algo que afirmó el propio forense de la causa en sus dos informes.
Esta causalidad imprescindible de demostrar en posibles delitos de homicidio por imprudencia o lesiones abocan irremediablemente a un archivo de esas denuncias. "Si la juez Medel considera que José Manuel Franco no prevaricó al permitir las marchas del 8-M, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, menos".
Las mismas fuentes apuntan que hay dos vías judiciales que podrían prosperar para sentar en el banquillo a Sánchez o a sus ministros. "Los delitos contra la salud de los trabajadores recogidos en muchas denuncias presentadas por sanitarios o policías ante el Tribunal Supremo por no contar con la protección adecuada para afrontar la pandemia tienen muchas más posibilidades de prosperar".
"Lo mismo sucede con todas la denuncias sobre la corrupción derivada de la crisis", es decir, las compras millonarias o infladas que se han hecho de materiales de protección, test o mascarillas, la mayoría casualmente en Cataluña... En estas acciones judiciales se imputan al propio Sánchez, al ministro de Sanidad, Salvador Illa o altos cargos del Ministerio fraude, malversación o delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales.
No obstante, la investigación del 8-M era muy importante y simbólica para el devenir del resto de posibles instrucciones penales y su archivo provisional ha sido un mazazo para muchas víctimas o ciudadanos.
La resolución judicial ya está siendo utilizado por el Ejecutivo del PSOE y Podemos para transmitir un mensaje falso a la opinión pública de que durante este gestión no se ha cometido ningún delito. Es provisional el sobreseimiento, pero no nos engañemos, las posibilidades de reabrir la causa serán escasas.
Lo importante no era si Franco había prevaricado, un delito por cierto que conlleva inhabilitación pero no prisión, sino las ramificaciones que podían derivar de esta instrucción en otros altos cargos o miembros del Ejecutivo. En este sentido, los informes de la Guardia Civil ya apuntaban a otros dos posibles responsables con mucha claridad: Fernando Simón y Salvador Illa.
Fue en ese momento, cuando comenzó la operación mediática de desprestigio contra la juez Medel, la Guardia Civil y los ataques cuerpo a cuerpo por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Gobierno, antaño Fiscalía General del Estado y Abogacía General del Estado.
Medel entonces tomó una decisión que dejaba herida de muerte la instrucción, limitaba la investigación única y exclusivamente al delegado del Gobierno y rechazaba imputar a Simón como algunas partes habían solicitado.
Es decir, se quedaba en un todo o nada contra Franco. Las mismas fuentes consultadas aseguran a LD que "mantener la acusación de prevaricación contra el delegado del Gobierno es jurídicamente insostenible". Por lo tanto, si Franco no era responsable de prevaricación, adios causa del 8-M.
Al librarse Franco, de momento, se han librado el resto de miembros del Gobierno. Como dicen los futboleros, aún queda partido. Sin embargo, igual que ha caído la denuncia contra Franco caerán muchas otras similares presentadas en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla o en el Tribunal Supremo como un efecto dominó.
Las víctimas del coronavirus y sus familiares no sólo tienen que lidiar con el dolor de perder a sus seres queridos. También con los tentáculos judiciales del Gobierno que harán todo lo posible por enterrar cualquier atisbo de investigación contra el Ejecutivo.
La Fiscalía General de Delgado (Dolores Delgado) y la Abogacía General Castrista (Consuelo Castro) harán el trabajo sucio. Mientras, Sánchez e Iglesias se preparan para tomar los dos últimos bastiones judiciales, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
https://www.libertaddigital.com/espana/2020-06-13/medel-archivo-8-m-coronavirus-1276659359/
Delgado tiene sobre la mesa 50 Querellas contra el Gobierno por el Coronavirus
La Fiscalía General del Estado ha comenzado a recibir parte de las 50 querellas presentadas contra miembros del Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus. El organismo espera que de aquí a septiembre pueda tener ya información para valorar si el Supremo es competente para investigar
María Dolores Delgado, Fiscal General del Estado. Efe.
PUBLICADO 15.06.2020 - 04:45
ACTUALIZADO hace 1 horas
María Dolores Delgado, Fiscal General del Estado, tiene sobre la mesa cerca de medio centenar de querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus.
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el Ministro de Sanidad Salvador Illa, o el Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se han convertido en las últimas semanas en objetivo de particulares, asociaciones y despachos de todo tipo que han acudido a la vía judicial para exigir responsabilidades al más alto nivel.
De acuerdo a fuentes cercanas al organismo dirigido por la exministra de Justicia, la Fiscalía General del Estado ha comenzado ya a recibir las querellas presentadas ante el Tribunal Supremo (los querellados son aforados).
A partir de ahora, Fiscalía tiene que valorar si el Supremo es competente para investigar las querellas; si hay indicios delictivos en los hechos denunciados que justifiquen la apertura de una causa penal; y si las querellas pueden o no agruparse en una macrocausa.
La mayoría de las querellas contemplan delitos de prevaricación, contra la seguridad laboral y por homicidio y lesiones imprudente
Fiscalía se ha propuesto encarar el análisis del contenido de las querellas y la obtención de conclusiones de aquí a septiembre, aprovechando también parte del mes de agosto. Al frente de este proceso se ha posicionado Luis Navajas, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, que encara su último año como profesional en activo.
En general, las querellas se han presentado, explican las fuentes consultadas, por la presunta comisión de uno, o varios, de los siguientes delitos: prevaricación administrativa; contra la seguridad laboral; y por homicidio y lesiones imprudente. También se han presentado algunas querellas por delito contra las libertades y derechos fundamentales.
El ensayo del 8-M
La investigación que ha llevado a cabo el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid sobre la celebración de la manifestación del 8 de marzo en Madrid puede haber servido de ensayo a todas las partes de cara a los procesos que puedan abrirse en el Tribunal Supremo contra miembros del Gobierno, una vez sean analizadas las querellas por la Fiscalía General del Estado.
La querella archivada de forma provisional por un juzgado de instrucción de Madrid contra el delegado del Gobierno ha generado gran revuelo
El juzgado ha investigado si el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, recibió algún tipo de orden para permitir o no la celebración de las manifestaciones del 8-M, a pesar de la amenaza del coronavirus, y si cometió delito de prevaricación.
La juez Carmen Rodríguez-Medel acordó el pasado viernes el archivo provisional de la causa del 8-M, después de haber rechazado días antes el sobreseimiento, como así lo solicitaron la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
La magistrada apunta en el auto comunicado el viernes que la Audiencia Provincial de Madrid tendrá que decidir si ve indicios de delito, y por tanto, si revoca su decisión de archivo provisional.
Sin haber llegado el asunto investigado al Supremo y sin haberse acordado siquiera la apertura de procedimiento abreviado, la investigación del juzgado de instrucción de Madrid ha provocado un tremendo revuelo político y mediático.
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