23/07/2020 06:50
Lo de la protección del casoplón de Pablo Iglesias ya pasa de castaño a oscuro: el cambio de Guardia Civil por Policía Nacional -como cuerpo encargado de la protección personal y domiciliaria de la pareja gubernamental- llevará aparejado la incorporación de un coche con cámara que grabe el perímetro y a los posibles participantes en las protestas alrededor de su domicilio.
El dispositivo de protección de la Guardia Civil no era del agrado del vicepresidente segundo, de modo que aprovechando que será la Policía Nacional quien se encargue a partir de ahora del operativo,
Iglesias ha logrado que se incrementen los mecanismos de protección, que serán más sofisticados. Veinte agentes participarán en el contingente y se distribuirán para cubrir los distintos turnos y garantizar una protección plena del perímetro de seguridad de Iglesias.
Su misión será la vigilancia estática del chalet y de la parcela de Galapagar. Pero habrá más cambios: se eliminará la famosa garita exterior donde agentes de la Guardia Civil trabajaron en condiciones penosas y se instalará otra, también con capacidad para grabar imágenes, en el interior de la parcela de Pablo Iglesias e Irene Montero.
El control de la seguridad en los inmediaciones continuará en manos de la Benemérita, con lo que Iglesias contará con dos cuerpos: uno interior y otro exterior.
Todos estos cambios suponen más recursos públicos. Demasiados. Porque una cosa es proteger y otra blindar de forma desmedida el domicilio de la pareja Iglesias-Montero. Esa es la cuestión: los alrededores del chalet de Galapagar se han convertido en una zona vedada al tránsito normal.
Y quienes se acercan al casoplón pasan a convertirse de inmediato en sospechosos. Eso no es normal en un Estado de Derecho. La situación ha alcanzado cotas surrealistas, porque una cosa es desplegar un operativo de vigilancia proporcionado y otra, bien distinta, perimetrar la zona como si fuera un coto privado, impidiendo la normal circulación de los vecinos.
Basta ya de los caprichos de Iglesias. Si le obsesiona su seguridad, que cambie de domicilio, pero ya está bien de gastar recursos públicos en costosísimos operativos policiales que, además, llevan aparejados restricciones a la libertad de movimientos por la zona. Los españoles no tenemos que costear sus neuras ni sus delirios de grandeza.
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