El ministro Bolaños se felicita por los acuerdos alcanzados con el gobierno catalán sobre "desjudicialización" y "protección del catalán".
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha dado cuenta de los dos acuerdos alcanzados por el Gobierno con el gobierno autonómico catalán. Desjudicialización y promoción del catalán han sido el objeto de dichos pactos. Según Bolaños, se trata de la "necesidad de poner fin a la judicialización de la política porque tenemos que hacer política con mayúsculas y creemos en el acuerdo entre diferentes".
Bolaños ha aludido implícitamente a la reforma del delito de sedición a gusto de los separatistas al afirmar que "la mejora del marco normativo se ha de producir a través del diálogo" y que "se renuncia a acciones que saquen la política del campo de juego democrático".
En cuanto al catalán, el Gobierno se ha sumado ya de manera oficial a las tesis separatistas en materia de lenguas. Así, ha defendido la última ley elaborada por el parlamento para boicotear el fallo del 25% de español en la enseñanza obligatoria catalana, que contó con el impulso del PSC, y ha recurrido al lengua de los independentistas para asegurar que su compromiso es que los alumnos de Cataluña "dominen plenamente el catalán y el castellano".
Según Bolaños, dicha ley es un "ejemplo de los acuerdos transversales" y definió que el objetivo es "la protección y el impulso de la lengua catalana a todos los niveles". "Vamos a garantizar el derecho de todos los ciudadanos a ser atendidos en la lengua oficial de su elección", abundó el ministro. Además, se revisará el reglamento del Senado para que los diputados catalanistas puedan intervenir en catalán y se incluirá a representantes de la Generalidad en las delegaciones gubernamentales que aborden en foros internacionales cuestiones de índole lingüística, así como fomentar el catalán en las instituciones de la Unión Europea.
Para Bolaños, el catalán es una lengua española que forma parte de la diversidad lingüística del país, por lo que "es obligación del Gobierno su fomento". También apuntó que gallego y vasco tendrán el mismo tratamiento "si lo piden sus respectivos gobiernos".
Satisfacción en el 'Govern'
Por su parte, la consejera Vilagrà ha asegurado que "hoy hemos dado un paso en esta nueva etapa de negociación y diálogo con el Gobierno del Estado". "Teníamos que abordar la represión y cómo poner fin al proceso de judicialización cuyos efectos son conocidos, temas de prisión, exilio, inhabilitación, multas. La judicialización enquista el conflicto y genera nuevas víctimas. En este marco de la mesa nos hemos reunido para alcanzar unos primeros acuerdos como paso previo para la resolución del conflicto político de fondo", afirmó la consejera catalana de Presidencia.
En cuanto al primer acuerdo, el de la "desjudicialización", Vilagrà acentuó que se impulsarán las reformas legislativas "que sean necesarias". No obstante, insistió en que "hay que tener claro que hasta que la ciudadanía no pueda votar estamos lejos de resolver el conflicto político de fondo".
Mucho más explícita fue al abordar el acuerdo sobre la "protección" del catalán. Según esta consejera, el acuerdo parte de que "el catalán ha sido una lengua perseguida y minorizada" y que el catalán "es un elemento esencial y nuclear de la sociedad catalana porque es nuestra lengua". Vilagrà se ha felicitado porque "hemos conseguido que el Gobierno entierre el recurso contante" contra las normas lingüísticas del separatismo y ha subrayado el apoyo del Ejecutivo a las reformas legales para boicotear la introducción de un 25% de español en la enseñanza obligatoria.
"Tenemos al Estado sentado en la mesa"
"El trabajo continúa, pero en cualquier caso tenemos al Estado sentado en la mesa de diálogo y negociación", manifestó la consejera de Presidencia. El balance para ERC no puede ser más positivo en materia lingüística mientras espera avances en las reformas legislativas de los delitos que se imputan a algunos de los principales líderes del golpe de Estado. "Hoy hemos firmado acuerdos parciales imprescindibles para la resolución del conflicto político", dijo a modo de colofón de su intervención antes del turno de las preguntas. En esa fase, aseguró que las reformas legislativas que planean con el Gobierno "a la luz de las normativas europeas" concluirá con el reconocimiento del derecho de autodeterminación.
"Un paso adelante"
Gran ambiente en la reanudación de la denominada "mesa de diálogo y negociación" entre el Gobierno y la parte del gobierno catalán que ocupa ERC. Sonrisas, paseos y confidencias entre pares. "Ambiente sincero, amable y constructivo", según Bolaños. Y satisfacción del Gobierno porque esta habría sido la primera reunión con acuerdos concretos. "Empezamos a recoger los frutos del diálogo", siguió Bolaños en tono triunfalista. "Un paso adelante", remató.
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Los días previos venían marcados por la discreción y el hermetismo, pero se daba por seguro que la reunión daría de sí acuerdos concretos y prácticos. ERC no se puede permitir comparecer con las manos vacías y más cuando Junts per Catalunya (JxCat), el partido de Carles Puigdemont y Laura Borràs, les acusa de "autonomistas" y de ejercer de mamporreros del Gobierno de Pedro Sánchez.
La reunión ha durado casi dos horas, pero los acuerdos se habían pactado de antemano por los equipos técnicos de los ministerios y consejerías de la Generalidad implicadas en las conversaciones. La "desjudicialización" como sinónimo amplio de amnistía e impunidad para el independentismo es el espacio que más preocupa a ERC y en el que el Gobierno se ha comprometido a avanzar.
Se trata de "desarticular" a los jueces y tribunales que han investigado o investigan el golpe de Estado de 2017, el asalto al Aeropuerto de El Prat en 2019, las actividades de los Comités de Defensa de la República (CDR) o los actos soberanistas del parlamento autonómico, entre otros casos. En la jerga separatista, la pretensión es "alejar el conflicto político de los tribunales" a fin de facilitar, por ejemplo, el regreso de los fugados, entre los que se cuenta la número dos de ERC, Marta Rovira. O diluir la causa contra Josep María Jové y Josep Lluís Salvadó, diputados autonómicos republicanos procesados por la organización del referéndum ilegal.
Incumplimiento del fallo del 25%
En cuanto al catalán, ERC pretende que se blinden las competencias de la Generalidad para proseguir sin dificultades judiciales la erradicación del idioma español en la enseñanza en Cataluña. Se trata de la otra "desjudicialización" después de decenas de sentencias a favor de la inclusión del español en la enseñanza obligatoria que han sido sistemáticamente incumplidas por la Generalidad desde hace décadas.
Los acuerdos entre el Gobierno y ERC se producen después del incumplimiento del fallo del 25% gracias a maniobras legislativas del PSC y los separatistas para boicotear la sentencia. Y en medio, además, de una ofensiva de la Generalidad, que ha dado instrucciones tajantes y precisas para erradicar el uso del español en los colegios. Esas órdenes cuentan ahora con el aval del Gobierno de Pedro Sánchez.
Las delegaciones
Por parte del Gobierno han participado en la reunión Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social y Miquel Iceta, ministro de Cultura. Por parte de la Generalidad, Laura Vilagrà, consejera de Presidencia, Roger Torrent, consejero de Empresa, Natàlia Garriga, consejera de Cultura y Joan Ignasi Elena, consejero de Interior, exalcalde socialista que abandonó el PSC cuando comenzó el proceso separatista.
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La letra pequeña de los pactos entre Gobierno y Generalidad
Dos acuerdos para dinamitar la acción judicial contra el golpismo, abrir la puerta a un referéndum y reforzar los planes para eliminar el español.
Pablo Planas (Barcelona)27/7/2022 - 20:43
Gobierno y Generalidad catalana han dado a conocer el texto de los dos acuerdos anunciados este miércoles por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera autonómica también de Presidencia Laura Vilagrà. El primero de ellos alude a la "desjudicialización" del "conflicto político" y contiene frases que revelan la existencia de una agenda oculta para desmontar toda la acción judicial contra los delitos cometidos por independentistas.
Bajo el título de "Acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías", el Gobierno asume la "apuesta por soluciones políticas, siempre en el marco de la seguridad jurídica y de la atención a las demandas democráticas avaladas por una mayoría social amplia y transversal según los principios y el ordenamiento democrático y debe concretarse en medidas que supongan un avance que mejore la situación de partida y contribuyan a la resolución del conflicto político".
Toque al Tribunal de Cuentas
Pero mucho más concreto es el párrafo en el que alude al "refuerzo de los derechos fundamentales, asegurando que las instituciones públicas preservan el interés general y adoptan las máximas garantías, especialmente cuando su actuación pueda tener un efecto sobre los derechos y las libertades o el patrimonio de las personas". La alusión al Tribunal de Cuentas y a las fianzas impuestas a los líderes separatistas por los recursos públicos destinados al denominado procés está implícita en el redactado.
También es evidente el compromiso del Gobierno para unos "avances" que "se deben concretar en reformas legislativas, normativas, reglamentarias o de cualquier otra índole para superar la judicialización y sus efectos, tomando además como referencia los mejores estándares y recomendaciones europeas e internacionales".
Se abre la puerta así a las modificaciones de los delitos como el de "sedición" y otros que se imputan a dirigentes independentistas como la fugada Marta Rovira o los diputados también de ERC Josep María Jové y Josep Lluís Salvadó, inmersos aún en un proceso por su participación en los preparativos del referéndum ilegal cuando eran altos cargos de la consejería de Economía.
La puerta de un referéndum separatista
Pero para Vilagrà, la alusión a los "estándares y recomendaciones europeas e internacionales" abre la puerta directamente al reconocimiento del supuesto derecho de autodeterminación de Cataluña.
Además, hay prisa por llevar a cabo los cambios que doten de impunidad a los dirigentes separatistas. "Ambas partes manifiestan su voluntad de que dichas modificaciones legislativas sean aprobadas, en su caso, antes de finalizar el próximo periodo de sesiones", concluye este primer acuerdo.
El catalán, "perseguido"
En cuanto al segundo pacto, su título es Acuerdo para la protección y el impulso de la lengua catalana y supone que el Gobierno se suma a la Generalidad en su ofensiva para reducir el español en las escuelas a la mínima expresión posible, como si en vez de una lengua oficial fuera un idioma extranjero en Cataluña.
A tal efecto y después de un espeso introito que incluye consideraciones como que "el deber de las diferentes administraciones es que el catalán no sea nunca una lengua minorada, como lo fue en regímenes pasados fruto de su persecución política", el Gobierno se compromete a "garantizar el nivel de conocimiento y de uso del catalán" y "contribuir al fortalecimiento y la mejora del modelo educativo de Cataluña, de acuerdo a la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña, y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por LO 3/2020, de 29 de diciembre".
La primera de esas leyes es la que se reformó por el procedimiento de urgencia para convertir en papel mojado la sentencia del 25% de español en la enseñanza obligatoria en Cataluña. El Gobierno también se compromete a "facilitar el uso de la lengua catalana en todos los sectores, especialmente en aquellos donde ahora tiene menos presencia".
Papel residual del español
El texto incide en el apoyo del Gobierno a la inmersión lingüística en estos términos: "Ambos gobiernos comparten que el catalán debe seguir siendo la lengua normalmente usada como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo de Cataluña y el aranés en la Val d’Aran, que la enseñanza y el uso curricular y educativo del castellano también tiene que estar garantizado y tener una presencia adecuada en los currículos y proyectos lingüísticos, y que se debe fortalecer la autonomía y capacidad de los centros para desarrollar proyectos educativos adaptados a la realidad social y lingüística de su entorno, y de acuerdo con la evaluación de las competencias lingüísticas.
En todo caso, la determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria deberá estar basada exclusivamente en criterios pedagógicos de forma singularizada para cada uno de los centros".
Es decir, carta blanca para reducir el español a una lengua de "uso curricular y educativo", pero nunca vehicular, cómo sí lo son las otras lenguas oficiales en el territorio autonómico, el catalán y el aranés en su zona de influencia.
También hay un respaldo explícito al "desarrollo del marco normativo reciente, consagrado por el Parlament de Catalunya, encabezado por la Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, que da amparo a los usos y aprendizajes lingüísticos del catalán, del castellano, del aranés en la Val d’Aran, de las primeras y las segundas lenguas extranjeras, de las lenguas de origen de los alumnos y de la lengua de signos catalana, de acuerdo con la evolución metodológica del aprendizaje, los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas y de la realidad lingüística de cada entorno educativo. Consideran, asimismo, que las disposiciones de dicha ley se adecuan al marco constitucional y estatutario".
Proyección internacional
Además, el catalán será objeto de especial cuidado en la proyección internacional de España. "En concreto, el Gobierno de España solicitará a la presidencia del Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno y a efectos del ejercicio del derecho de petición ante la institución.
A tal efecto, presentará la solicitud ante la Mesa del Parlamento Europeo, junto con una propuesta para que sea técnica y financieramente viable, y trabajará para conseguir una mayoría suficiente en ella que avale esta petición antes de finalizar el año en curso", afirma el pacto.
En el Senado y en la administración periférica
También se quiere "ampliar el derecho de los representantes de los españoles a realizar su labor en todas las lenguas del Estado. En este sentido, se empezará por impulsar la revisión del reglamento del Senado para ampliar ese derecho en la Cámara Alta". El Gobierno también "promoverá, durante la presente legislatura, las reformas normativas necesarias para garantizar la plena disponibilidad lingüística y el derecho de ser correspondido oralmente y por escrito en catalán en la administración periférica del Estado".
El acuerdo contempla también que la Generalidad envíe "representantes a los foros que traten políticas con dimensiones lingüísticas y que permitan representación no estatal" y que el Gobierno facilite "la incorporación de representantes del Govern de la Generalitat de Catalunya a las delegaciones gubernamentales a foros internacionales que traten políticas con dimensiones lingüísticas".
Tras prometer que el Gobierno financiará todas estas medidas, el Ejecutivo de Sánchez "entiende que todas las previsiones contenidas en el presente acuerdo referidas al catalán pueden ser extensibles al resto de lenguas oficiales del Estado distintas al castellano si así lo requiere".
https://www.libertaddigital.com/espana/2022-07-27/la-letra-pequena-de-los-pactos-entre-gobierno-y-generalidad-6919426/
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