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martes, 6 de diciembre de 2022

Esto Huele que apesta a Pucherazo

En el consulado de Buenos Aires se habían cursado hasta el 10 de noviembre 19.000 solicitudes


ACTUALIZADO: 06/12/2022 06:50

Desde hace semanas, OKDIARIO viene informando sobre los intentos del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez de utilizar la ley de Memoria Democrática como instrumento para la captación masiva de votos. 

Y todo porque el Gobierno ha retocado en secreto la ley, que salió adelante gracias a Bildu, para convertir en españoles con plenos derechos -voto incluido- a todos los hijos y nietos de españoles emigrados, con independencia de si el motivo de la salida de España fue el exilio por la Guerra Civil o la dictadura, como figuraba en la norma que salió aprobada de las Cortes.

La instrucción a los consulados es clara: aunque la ley «parece dirigirse únicamente a los hijos, hijas, nietos y nietas de exiliados que nacieron después de que sus padres/madres y/o abuelos/abuelas perdieran la nacionalidad española -se asegura-, es posible encontrar una interpretación más acorde con la verdadera voluntad del legislador», y matiza que también podrán optar a la nacionalidad «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles».

El matiz es claro y se traduce en barra libre. Sólo en el consulado de Buenos Aires se habían cursado hasta el 10 de noviembre 19.000 solicitudes. Pero es que, además, la instrucción del Ejecutivo establece que parte de los descendientes no habrán de acreditar el exilio, pues «se presumirá la condición de exiliado respecto a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955». 

Este requisito sí se exigirá, al contrario, para aquellos cuya salida de España se hubiera producido entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978. En conclusión: bajo el pretexto de la ley de Memoria Democrática, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha urdido un plan para convertir en españoles a miles de personas que no tendrán que justificar su condición de descendientes de exiliados. Dicho de otro modo: un coladero que huele que apesta a pucherazo.

https://okdiario.com/opinion/memoria-democratica-esto-huele-que-apesta-pucherazo-10110259

martes, 29 de noviembre de 2022

Sánchez mete en el Constitucional al ministro que aprobó el indulto a los golpistas

GOBIERNO

Otro ex alto cargo de la Presidencia del Gobierno, Laura Díez, también será nombrada magistrada del TC

El ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Foto: EP

ACTUALIZADO: 29/11/2022 09:13

Las puertas giratorias vuelven al PSOE. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido al ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo para ocupar una de las plazas del Tribunal Constitucional. Le nombrará hoy el Consejo de Ministros. Campo es el ministro que redactó los informes con los que el Gobierno justificó los indultos a los golpistas catalanes y defendió su concesión, pese al rechazo del Tribunal Supremo y la Fiscalía.

El jefe del Ejecutivo toma esta decisión sin esperar al nombramiento de los otros dos magistrados. Un movimiento que está pendiente de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, encallada desde hace meses por la falta de acuerdo entre entre el PSOE y el PP.

Otro ex alto cargo de la Presidencia del Gobierno, Laura Díez, será nombrada nueva magistrada del Constitucional.

El Gobierno había manifestado en numerosas ocasiones su intención de nombrar a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación. Es una institución clave para que algunas decisiones del Gobierno no sean declaradas inconstitucionales. De ahí que el presidente quiera una mayoría de magistrados afín, que no tenía hasta ahora.

De esta forma hoy Pedro Sánchez, en una decisión unilateral que ha avanzado el diario El País y ha confirmado OKDIARIO de fuentes gubernamentales, ejecutará el asalto para tener un Tribunal Constitucional a medida, de cara al estudio de posibles recursos a leyes y medidas que en los próximos meses tendrá que estudiar este tribunal y que afectan a numerosas resoluciones e iniciativas adoptadas por el Ejecutivo de coalición cuya legalidad está puesta en duda.

Campo

Juan Carlos Campo fue quien el 22 de junio de 2021, a petición de Moncloa, defendió la necesidad de indultar a los nueve líderes golpistas que unos años antes ejecutaron el mayor ataque contra el Estado de derecho y la Constitución Española. Lo hizo en el marco de una reunión de más de tres horas, del Consejo de Ministros, que acabó con una comparecencia de Pedro Sánchez. Ahora es el hombre elegido por el presidente para defender el orden constitucional como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.

Unos meses antes de eso, el 23 de septiembre de 2020, el mismo Campo sorprendía a los grupos parlamentarios y a la opinión pública anunciando que su departamento empezaba a tramitar los indultos. Cuando todavía no se había cumplido ni un año de la publicación de la sentencia que condenaba a penas de entre 9 y 13 años a los separatistas. Como ahora con la derogación de la sedición, que también empezó él, el anuncio coincidía con la necesidad de los votos de ERC para aprobar los Presupuestos.

Durante todos esos meses el ex ministro de Justicia preparó los informes con los que en verano, el Ejecutivo, justificó la conmutación parcial de la pena a Oriol Junqueras, Jordi Turull y el resto de condenados. Y acabó accediendo a la petición de los golpistas en contra de la opinión de la Fiscalía y el tribunal sentenciador -en este caso el Tribunal Supremo-. Campo, magistrado de carrera, obvió el rechazo de los órganos judiciales a la hora de elevar a la mesa del Consejo de Ministros los indultos que el Gobierno aprobó de forma colegiada.

También, junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, es el responsable de la chapuza jurídica de la polémica ley del sólo sí es sí que en la actualidad está permitiendo la rebaja de condenas y excarcelaciones a violadores y agresores sexuales. Aunque en este caso él avisó en su momento del mal redactado. Un hecho que le provocó un enfrentamiento con el entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que le dirigió múltiples críticas llegándole a acusar de «machista» por decir que la norma no estaba bien.

Díez

Laura Díez Bueso ha sido alto cargo de la presidencia del Gobierno hasta hace muy poco. La mujer elegida por Sánchez para sentarse en una de las sillas del Tribunal Constitucional ocupó hasta el pasado mes de abril el cargo de Directora General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Antes, Díaz Bueso, pasó por el puesto de Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

https://okdiario.com/espana/puertas-giratorias-sanchez-coloca-ex-ministro-campo-tribunal-constitucional-10070175

martes, 15 de noviembre de 2022

La Reforma de la Malversación que el Gobierno hará por Junqueras y Griñán Beneficiará a otros 526 Corruptos

TRIBUNALES



ACTUALIZADO: 15/11/2022 07:38

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el delito de malversación por el que está condenado José Antonio Griñán, ex presidente de la Junta de Andalucía, es «desproporcionado». La magistrada Robles ha añadido: «Evidentemente, no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no se lleva el dinero a su bolsillo». 

Con esa premisa, el Gobierno de Pedro Sánchez apoyará, si se lo piden sus socios independentistas, una reforma del delito de malversación para aupar al poder a los golpistas catalanes y librar de la cárcel al ex dirigente socialista Griñán. Pero con esta medida, de manera colateral, también pueden beneficiarse medio millar de políticos y funcionarios condenados por corrupción.

En España, actualmente están cumpliendo pena por malversación un mínimo de 526 personas que fueron condenadas por este delito desde el año 2016. El Código Penal establece que la autoridad o funcionario público que comete el delito de administración desleal o apropiación indebida de los artículos 252 y 253 sobre el patrimonio público será culpable de un delito de malversación. Las penas oscilan de dos a ocho años de prisión y una pena de inhabilitación de seis a 20 años.

Pues bien, atendiendo a la pena mínima –seis años de inhabilitación–, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2016 fueron condenados 71 personas por un delito de malversación; en 2017 la cifra se eleva a 114; en 2018 hubo 87 condenados; en 2019 se contabilizan 98; en 2020 son 73; y en 2021 se condenaron a 83 personas por malversar. 

 En total, suponiendo que fueron condenados a la pena mínima, hay al menos medio millar de personas cumpliendo condena en la actualidad por este delito y muchos de ellos ahora podrían beneficiarse de la reforma que lleve a cabo el Gobierno con el propósito de beneficiar a sus socios independentistas y a los condenados por los ERE de Andalucía.




Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los condenados por malversar.

El objetivo del Gobierno es conceder una «amnistía encubierta» a los separatistas catalanes, según denuncian juristas expertos en la materia. Para ello, PSOE y Podemos han presentado una proposición de ley por la que eliminarán el delito de sedición –por el que están condenados nueve líderes independentistas– y lo sustituirán por el delito agravado de desórdenes público. 

Así, sopesaban, que esto conllevaría una supresión de la malversación que también se impuso a cuatro de los condenados del procés, entre ellos: Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación absoluta; y los ex consejeros Raúl Romeva y Jordi Turull, condenados a 12 años de prisión e inhabilitación, por los delitos de sedición en concurso medial con malversación.

Desde el Ejecutivo barajaban que, al quedar suprimida la sedición en el Código Penal, también se anularía la malversación y la pena de inhabilitación que esta conlleva al tratarse de un concurso medial de delitos. Así, en el Gobierno establecieron una hoja de ruta «casi perfecta» para que sus socios puedan presentarse en las próximas elecciones autonómicas, en 2025.

Malversación

Pero en el Derecho no hay reglas matemáticas. La Fiscalía del Tribunal Supremo no iba a ceder a los planes de Sánchez. Los cuatro representantes del Ministerio Público, que acusaron de rebelión a los líderes independentistas condenados por los hechos ocurridos en Cataluña durante la celebración del referéndum ilegal del 1-O, iban a defender que se mantuviese la inhabilitación que les impuso el Alto Tribunal en la sentencia, sin rebajas. Esa sería su respuesta, cuando el Supremo les diese traslado de oficio sobre la revisión de las penas de los condenados por sedición.

Desde el Ministerio Público no albergaban dudas al respecto. «Puede desaparecer la sedición, pero los separatistas siguen condenados por un delito de malversación que es totalmente independiente. Se hizo un uso indebido de fondos públicos al margen de que hubiese sedición. Con la supresión de la sedición, la condena ya no será medial, pero prevalece la malversación como un delito independiente», explicaron fuentes judiciales a este periódico.

«La pena de 13 años impuesta a alguno de los condenados, como Junqueras, está prevista legalmente en el delito de malversación agravada, que condena con inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos han causado un perjuicio que excediera de 250.000 euros. La sentencia del 1-O prueba que se desvió más de dicha cantidad en el proceso independentista», concluyeron.

Ante la posibilidad de que no decayese el delito de malversación al suprimirse la sedición –y que, por tanto, los condenados tuviesen que hacer frente a la inhabilitación–, el Gobierno de Sánchez maneja un plan B. 

El PSOE y Podemos no tocaron el artículo del Código Penal que regula la malversación en la proposición de ley que presentó el viernes en el registro del Congreso de los Diputados pero estudiarán las enmiendas que presenten Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) u otros grupos. Así, abren la puerta a sus socios independentistas para que éstos soliciten la modificación del artículo de dicho texto legal.

https://okdiario.com/espana/reforma-malversacion-que-gobierno-hara-junqueras-grinan-beneficiara-otros-526-corruptos-9985422

viernes, 11 de noviembre de 2022

Sánchez Derogará el Delito de Sedición para facilitar el retorno de los fugados Puigdemont y Rovira

ENTREVISTA EN LASEXTA



ACTUALIZADO: 11/11/2022 00:20

Nueva traición de Pedro Sánchez para satisfacer al independentismo. El presidente del Gobierno ha confirmado este jueves que PSOE y Unidas Podemos presentarán mañana una iniciativa legislativa en el Congreso para derogar el delito de sedición por el de «desórdenes públicos agravados». De esta forma Sánchez accede a las exigencias de sus socios ERC y Junts para facilitar el retorno de los fugados Puigdemont y Rovira.

Sánchez ha señalado que el nuevo tipo penal será «más o menos homologable» con otras democracias europeas como Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Suiza y las penas por esos delitos serán las que rigen en los códigos penales de esos países.

Sánchez confirma así lo dicho el pasado mes de octubre por la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, que en pleno debate sobre los Presupuestos del próximo año adelantó desde la tribuna del Congreso que el Gobierno presentaría ante la Cámara Baja una reforma de varios delitos del Código Penal, incluyendo el de sedición, como exigen los socios separatistas de ERC para que los fugados del 1-O puedan volver a España sin rendir cuentas ante la Justicia y Oriol Junqueras recuperar su habilitación para ser candidato en próximas elecciones.

Tal como avanzó OKDIARIO, Sánchez ya tenía preparada una propuesta para remitir a las Cortes en un breve plazo de tiempo y sólo esperaba que ERC y JxCat confirmen al PSOE que apoyarán la tramitación parlamentaria de la modificación del Código Penal. Sin ese compromiso de los grupos catalanes, que podría ir en paralelo a su apoyo a los Presupuestos, el Ejecutivo no se tiraría a la piscina.

Además, Sánchez ha negado que esto sea una exigencia de ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que por el contrario lo ha reivindicado «desde siempre», al tiempo que ha señalado que en las últimas semanas hay grupos parlamentarios que han dicho que están dispuestos a acometer esta reforma. «¿Preferimos la Cataluña de 2022 o la de 2017? Hemos garantizado el respeto escrupuloso de la Constitución en Cataluña. Tenemos que continuar dando pasos. Tenemos que homologar en el Código Penal el delito de sedición».

En este sentido, ha querido separar su decisión de las demandas de ERC al remarcar que el independentismo no pide una reforma del código penal sino una «amnistía», algo que el Gobierno «no va a aceptar» y que no forma parte de la legislación ni de la Constitución española, según ha asegurado.

Así, Sánchez ha defendido esta decisión al calificarla como «un paso adelante» en la «homologación» con los países del entorno europeo. Además ha justificado que se revise este delito que «fue redactado en 1822», según ha subrayado.

En la misma línea, ha apuntado que Alemania suprimió el delito de sedición en el año 1970 y lo renombró con otro tipo de terminología parecida a la que va a proponer el Gobierno. De este modo, Sánchez ha reiterado que lo que hace el Ejecutivo es homologar el código penal a los «estándares europeos».

Sánchez también ha negado que esta reforma vaya a debilitar al Estado porque, según ha trasladado, se van a reconocer penas por esos delitos, pero que sean «homologables a las principales democracias europeas».

También ha rechazado que esta modificación pueda evitar que el expresidente catalán Carles Puigdemont -huido de la justicia española desde hace cinco años- rinda cuentas ante los tribunales. «Tendría que rendir cuentas ante la justicia española, absolutamente» puesto que «los delitos que se cometieron en 2017 siguen estando presentes en nuestro código penal», según ha asegurado, aunque con una nueva denominación.

Sánchez ha subrayado que esta iniciativa va a ayudar a «distender la situación en Cataluña» y a «superar este contencioso» que heredó de la administración anterior del presidente Mariano Rajoy (PP) según ha apuntado en varios momentos. Un asunto que «nunca» ha «rehuido», según sus palabras.

https://okdiario.com/espana/sanchez-confirma-que-rebajara-delito-sedicion-satisfacer-sus-socios-independentistas-9966054

sábado, 22 de octubre de 2022

El Gobierno reconoce haber concedido 322 Acercamientos a Etarras Contra el Criterio de las Cárceles

PRESOS ETA



Algunos de los etarras con delitos de sangre acercados.

PELAYO BARRO
21/10/2022 20:57
ACTUALIZADO: 21/10/2022 21:35

Al menos 322 decisiones sobre acercamientos de las que se han beneficiado presos etarras desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno se tomaron en contra del criterio de las juntas de tratamiento penitenciario. Así lo reconoce el propio Ejecutivo, por escrito, ante el Congreso de los Diputados.

Una de cada tres decisiones que ha tomado el Gobierno sobre el futuro penitenciario de presos de ETA no ha contado con el visto bueno de las juntas de tratamiento de las prisiones, donde los terroristas cumplían condena. Los datos se extraen de una respuesta parlamentaria que el Ejecutivo de coalición ha enviado al Partido Popular.

Según defiende el Gobierno, en el tiempo en el que Sánchez lleva al frente de Moncloa se han firmado un total de 1.385 resoluciones que afectaban a la población reclusa etarra. No se especifica cuántas de ellas tenían por materia la clasificación de grado penitenciario y cuántas hacían referencia a cambios de destino (traslados y acercamientos). Sin embargo, sí se refleja el número exacto de decisiones que el Gobierno ha tomado en contra el criterio de los técnicos penitenciarios: 487 resoluciones.

Acercamientos

De ellas, 322 corresponden a decisiones sobre el «centro penitenciario de destino» que «se apartaron del destino propuesto por la Junta de Tratamiento».

Cabe recordar que es frecuente que los equipos de cada prisión propongan otra de destino en base a criterios técnicos concretos -como por ejemplo el flujo de ocupación-. Pero luego, es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, quien toma la última decisión sobre el destino del preso.

En otros casos, las Juntas de Tratamiento dejan en manos del Gobierno el destino final del preso. Así le ocurrió al sanguinario Henri Parot, acercado hace mes y medio desde la cárcel de León a la de Zaballa (Álava). 

Según el Ejecutivo, la junta de tratamiento de Mansilla de las Mulas propuso «su traslado al centro penitenciario que procediera». Interior «resolvió su traslado al que designara la comunidad autónoma del País Vasco». Es decir, la Administración dejó toda la decisión sobre el futuro de Parot en manos del Gobierno de Iñigo Urkullu.

Txapote y Parot

El Gobierno, en su respuesta, oculta si el acercamiento de Javier García Gaztelu Txapote, contó con el visto bueno del centro de Estremera. Tan sólo asume que la junta de tratamiento consideró que no debía progresar de grado y que Instituciones Penitenciarias asumió esa decisión y le mantuvo en segundo grado. 

Pero no especifica si la prisión tampoco vio conveniente su traslado, habida cuenta que es un caso especial (el hombre que asesinó a Miguel Ángel Blanco, que encarna el ala más dura de ETA), nunca pidió perdón por sus atentados, nunca colaboró con la justicia y nunca dio muestras de aceptar la legitimidad penitenciaria española.

Estas condiciones tampoco se dieron en el caso de Henri Parot, aunque en su caso si se aprobó su traslado desde León. Cabe recordar que Henar García, la directora de la prisión de origen desde la que fue trasladado Parot, fue condecorada con la Cruz del Mérito Penitenciario el pasado mes de septiembre por Fernando Grande-Marlaska. Sólo unas semanas después del acercamiento, que firmó García como presidenta de la junta de tratamiento.

Grados

Por otra parte, el Gobierno también reconoce que 165 decisiones sobre la progresión de grado, la gran mayoría del segundo al tercero, se ejecutaron por parte de Interior llevando la contraria a lo que proponían las juntas de tratamiento.

En este momento, las tres cárceles del País Vasco -ahora se cumple un año desde que asumieron las competencias- tienen en sus celdas a un total de 127 presos de ETA. Muchos de ellos ya han accedido al tercer grado y al régimen de semilibertad por decisión del Ejecutivo de Urkullu, que premia el «arraigo» como motor de la «reinserción». 

Las asociaciones de víctimas, como la AVT, consideran que el objetivo del colectivo de presos es que todos ellos se vayan «a casa por Navidad».

https://okdiario.com/espana/gobierno-reconoce-haber-concedido-322-acercamientos-etarras-contra-criterio-carceles-9834431

sábado, 15 de octubre de 2022

Moncloa en Shock pide auxilio a Bruselas para desmentir la Congelación de Fondos UE



Pedro Sánchez con Úrsula Von der Leyen. (Foto: EP)

ACTUALIZADO: 14/10/2022 23:04

Preocupación en Moncloa con el anuncio de que Bruselas congelaba el envío de los fondos europeos a España hasta que desarrolle un sistema de auditorías para controlar los gastos. Tan es así que, tras un desmentido por parte del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, fuentes de la Presidencia han asegurado a OKDIARIO que se ha pedido directamente a la Comisión Europea una rápida aclaración sobre la información de la agencia Bloomberg elaborada con fuentes extraoficiales comunitarias.

Y es que los dineros europeos son cruciales para el Gobierno. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha basado en la recepción de dichos fondos una parte importante del proyecto de ley de los Presupuestos. De no llegar a tiempo, pues, comprometería gravemente las cuentas, que ya están en fase parlamentaria. Si Moncloa tiene que renunciar a estos números se le complica a Pedro Sánchez el final de su mandato comprando votos.

La noticia, que ya habían recibido anteriormente otros países, se ha conocido con el presidente de viaje en Berlín y a una semana de la celebración del Consejo Europeo en Bruselas. Ahí, aseguran fuentes del entorno de Sánchez, “este defenderá los intereses de España”. El jefe del Ejecutivo está “molesto” con la filtración a Bloomberg de la supuesta congelación de los fondos por parte de una fuente extraoficial de la Comisión Europea. En Moncloa apuntan a que “va a pelear”.

La posición comunitaria no sorprende, pues varios gobiernos autonómicos, como el de Madrid, han denunciado últimamente la gestión de estos fondos. Su reparto y vigilancia depende principalmente de la vicepresidenta primera y ministra de Economía y Transformación Digital Nadia Calviño.

https://okdiario.com/espana/moncloa-shock-pide-auxilio-bruselas-desmentir-congelacion-fondos-europeos-9826086


VARAPALO A SÁNCHEZ

Bruselas trasladó su «decepción» a Calviño por los PERTE, las pensiones y el control de los fondos UE


bruselas-decepcion-calviño-interior

ACTUALIZADO: 15/10/2022 01:49

El pasado mes de septiembre, una delegación de la Comisión Europea, presidida por Declan Costello, número dos de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, aterrizaba en España para hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de los hitos a los que está condicionada la entrega de los fondos europeos.

Según fuentes presentes en la reunión, Bruselas endureció el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, manifestó su «decepción» por el reparto de los PERTE (los programas a los que se destina el dinero), la reforma del sistema de pensiones y el control de los fondos, y reiteró que las nuevas entregas de dinero están condicionadas a avances en estos campos, en especial el último.

En la reunión con el Ejecutivo, Costello transmitió a la ministra de Economía su malestar con el progreso de España en estos frentes. En primer lugar, los PERTE, que llevan un enorme retraso sobre el calendario comprometido por España, como ha venido informando OKDIARIO.

En segundo lugar, la evolución de las pensiones. Como es sabido, Bruselas exigió a España reformas para avanzar hacia la sostenibilidad del sistema, pero el Gobierno decidió subir las pensiones con el IPC medio de 2022 (estimado en el 8,5%), con un coste adicional de unos 20.000 millones, y no ha propuesto ninguna medida para equilibrar las cuentas más que una nueva subida de las cotizaciones sociales a las empresas. Ningún recorte del gasto.

En tercer lugar, Costello recordó que España sigue incumpliendo el compromiso de implantar un sistema informático para el control y la auditoría del reparto de los fondos Next Generation. Un sistema que debía estar en marcha en el tercer trimestre de 2021, según los compromisos adquiridos por el Gobierno con Bruselas; ante el incumplimiento de ese plazo, la Comisión concedió una prórroga de nueve meses que expiraba este mes.

Finalmente, ha sido este elemento el que ha detonado la decisión de Bruselas de revisar la próxima entrega de ayudas a España, de 6.000 millones prevista para diciembre de este año. Según fuentes diplomáticas de Bruselas, esta revisión se produce a instancias del cuerpo de auditores de la Comisión, cuya paciencia se ha agotado tras el reiterado incumplimiento del compromiso por parte de España.
«Ponerse las pilas»

La decisión de Bruselas obliga a España a «ponerse las pilas», según las fuentes, si quiere recibir la tercera entrega (cuarta si tenemos en cuenta el adelanto recibido en 2021). Si este sistema no está listo en diciembre, la entrega de estos 6.000 millones podría congelarse hasta que el Gobierno cumpla definitivamente su compromiso.

El Tribunal de Cuentas de la UE también advirtió en un informe publicado este jueves de las deficiencias de España en esta materia, el denominado hito 173 de los compromisos de nuestro país para recibir los fondos. Este órgano explica que «la Comisión debatió estas cuestiones con las autoridades españolas, que acordaron soluciones para resolverlas y afirmaron que estas soluciones tardarían entre seis y nueve meses en aplicarse».

Este informe añade que «la Comisión no había acordado ningún plan de acción formal con las autoridades españolas. Sin tal plan, no está claro el calendario de las medidas correctivas que abordan las limitaciones restantes del sistema, y no está garantizada su aplicación». 

Y concluye que «la redacción de la Decisión de ejecución del Consejo permitió a la Comisión deducir que el hito se había cumplido satisfactoriamente. Si bien no cuestionamos esta valoración, esto significó que algunos elementos del sistema de información integrado no habían estado operativos en el momento de la evaluación. La Comisión pretende seguir examinando este hito en sus auditorías ex post».


https://okdiario.com/economia/bruselas-traslado-decepcion-9825740


Bruselas avisa de que revisará los fondos para España cuando pida el tercer tramo de 6.000 millones

Bruselas congela los fondos europeos para España por la falta de control al repartir el dinero

Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. 

Foto: AFPOKDIARIO
14/10/2022 21:41
ACTUALIZADO: 14/10/2022 22:33

Ante las informaciones de que la Comisión Europea había congelado los fondos europeos para España por el incumplimiento de los compromisos del Gobierno de Sánchez, un portavoz de Bruselas se ha visto obligado a matizar que no se ha tomado aún una decisión formal, sino que se adoptará cuando España solicite formalmente el tercer tramo de estas ayudas, de 6.000 millones previsto para diciembre. Entonces se revisará el grado de cumplimiento de los hitos a los que se comprometió el Ejecutivo a cambio de este dinero.

El intento de matización de Bruselas oficializa la preocupación de las autoridades comunitarias sobre los avances del Gobierno en el cumplimiento de estos hitos, y lanza una seria advertencia para que se subsanen las deficiencias antes de fin de año.

De hecho, la Comisión Europea no ha querido negar expresamente otro que la entrega del tercer desembolso de dichos fondos está condicionada a este cumplimiento. Nuyts Veerle, portavoz de la Comisión Europea para Asuntos Económicos, ha aclarado que revisará que España avanza en los compromisos acordados cuando reciba la petición del Gobierno para acceder al tercer tramo de 6.000 millones de euros.

Bruselas responde así a la información publicada por Bloomberg respecto al retraso de España en cumplir con los plazos para establecer un nuevo sistema de auditoría de los fondos europeos, lo que impediría que accediera a nuevas ayudas hasta que se diera por cumplido ese hito, el número 173 del plan de reformas español.

Hacienda: «Se están haciendo mejoras»

La respuesta sincronizada del Gobierno de Sánchez ha negado este viernes que Bruselas haya congelado los fondos europeos Next Generation EU para España y ha remarcado que no tiene «ninguna duda» de que recibirá el tercer desembolso de 6.000 millones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Según han señalado fuentes del Ministerio de Hacienda, España está «en plazo» para solicitar el tercer desembolso de los fondos europeos, algo que aún no ha ocurrido, pero que se prevé que suceda antes de final de año.

Tras la información publicada por Bloomberg este viernes sobre que España no ha logrado establecer un nuevo sistema de auditoría de los fondos y que por ello no podrá obtener fondos adicionales hasta que se alcance el hito, Hacienda ha negado que se hayan congelado los fondos y ha defendido que están aplicando sistemas de información y trazabilidad desde el primer momento, en colaboración con todas las administraciones. Según ha explicado el ministerio de Hacienda, el sistema está implementado y «en estos momentos se están aplicando mejoras».

https://okdiario.com/economia/bruselas-avisa-que-revisara-fondos-espana-cuando-pida-tercer-tramo-6-000-millones-9825915

miércoles, 12 de octubre de 2022

Más de 60 Socialistas se libran de devolver más de 100 millones al Prescribir los Delitos imputados

ARCHIVO DE CAUSAS SOCIALISTAS POR PRESCRIBIR DELITOS


Más de 60 socialistas se libran de devolver más de 100 millones al prescribir los delitos imputados.

BORJA JIMÉNEZ
12/10/2022 06:45
ACTUALIZADO: 12/10/2022 06:45


Los socialistas que se han ido de rositas gracias el archivo de sus causas tras prescribir los delitos por los que estaban imputados ascienden a más de 60. Todos estos ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía no serán juzgados por el mero hecho de haber ‘caducado’ las tramas en las que están envueltos. Y es que al archivo de Isofotón hay que sumar el caso de ‘Cárnicas Molina’, el de los cursos de formación o hasta diez piezas separadas de los ERE.
Isofotón (80 millones)

La juez de instrucción que lleva el caso Isofotón archivó hace unos días la causa por haber caducado. Un caso con 40 investigados acusados del desvío de al menos 44 millones de euros de los fondos públicos andaluces, y que salpican a líderes socialistas como los ministros María Jesús Montero, Luis Planas y Teresa Ribera o al líder del PSOE de Andalucía (PSOE-A), Juan Espadas. 

En total, aunque se investigaba únicamente el paradero de 44 millones, a la empresa Isofotón se le desviaron un total de 80 millones de euros de los que los andaluces no volverán a saber nada más.

Y es que la causa ha caducado judicialmente hablando, por lo que la juez ha decidido dar carpetazo al asunto que traía de cabeza a los socialistas. Entre todos ellos, caían acusaciones por cometer delitos como malversación, prevaricación o falsedad en documento público.

La investigación se cernía sobre las irregularidades en la concesión de ayudas a una multinacional malagueña que fabricaba placas solares y que estaba prácticamente quebrada. La Junta socialista de Andalucía dilapidó al menos 44,15 millones de euros para intentar reflotar una empresa sin apenas actividad y que, efectivamente, acabó quebrando en 2014.
Residencia (2 millones)

Otro de los casos que han prescrito recientemente es el de una residencia de mayores con Alzheimer en el municipio de Chirivel (Almería). Según un atestado de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Guardia Civil de Almería, fue creada una «organización delincuencial» aparte para distraer el dinero público que se iba a destinar en principio a la construcción del citado centro. Desde hace ya tres años los tribunales investigaban a varios cargos del PSOE por «distraer» el citado dinero público.

Curiosamente, el dinero público fue concedido por el Ejecutivo socialista de Susana Díaz. Sin embargo, el centro únicamente pudo funcionar durante algo más de cuatro años y terminó cerrando en 2018. Un auténtico desastre que ha dejado en su lugar un edificio completamente abandonado y en ruinas.

Pese a la aparente evidencia del desvío, el juzgado tuvo que archivar la causa a petición de la Fiscalía, toda vez que «todos los hechos anteriores al día 20 de octubre de 2016 se encuentran ya prescritos». Con el carpetazo a este asunto, quedaron libres 15 investigados, entre los que se encuentra el que fuera alcalde de Chirivel, el socialista Cristóbal Aránega.
Cárnicas Molina (5,83 millones)

No podemos olvidar el caso de ‘Cárnicas Molina’, que investigaba el paradero de casi 6 millones de euros y que fue archivado en 2020. El carpetazo a este asunto dejó sin cargos, entre otros, al ex presidente de la Junta socialista de Andalucía, Manuel Chaves, así como a su número dos, Gaspar Zarrías.

Este caso versaba sobre un préstamos irregular de 5,83 millones de euros que fue concedido por la Junta socialista de Andalucía en 1999 a la empresa Campocarne. Igual que en los casos anteriores, pese a las evidencias el juez archivó el caso por haber prescrito los delitos.
UGT y CCOO (6,1 millones)

UGT y CCOO adeudan más de 6 millones de euros a la Junta de Andalucía por la gestión de las Residencias de Tiempo Libre entre 2003 y 2006. Sendos sindicatos tenían que ingresar este dinero por orden judicial, pero el Juez de Instrucción número 9 de Sevilla terminó archivando la causa porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) determinó en 2017 que las posibles responsabilidades habían prescrito.

El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía desistió entonces de recurrir y, por tanto, de recuperar estos fondos. Por su parte, el Ministerio Fiscal admitió que existió «una cierta desidia en el cobro de esas cantidades» por parte de la Junta socialista de Andalucía. En total, CCOO se quedó con algo más de 4 millones de euros y UGT hizo lo propio con unos 2,1 millones.
Mercasevilla (1,2 millones)

Carmelo Gómez, ex diputado socialista en el Parlamento de Andalucía, también se fue de rositas por quedar prescritos los delitos que se le imputaban. En esta ocasión hablamos del ‘caso Mercasevilla’, sobre el que el TSJA tuvo que dar carpetazo por ‘caducar’ la causa, dejando sin cargos a Gómez pese a estar investigado por un delito de falsedad al simular un contrato con una empresa vinculada al denominado ‘conseguidor’ de los ERE, Juan Lanzas.

En esta ocasión, la tardanza se debió a una serie de fallos que, en definitiva, dejó a los andaluces sin recuperar unos 1,2 millones de euros, correspondientes a una ayuda excepcional para cursos de formación concedida por la Junta socialista en el año 2010 a la Asociación de Apoyo a la Integración Humanistas, que pertenecía a otro socialista, Ángel Ojeda Avilés (fallecido el año pasado).

https://okdiario.com/andalucia/mas-60-socialistas-libran-devolver-mas-100-millones-prescribir-delitos-imputados-9805315

domingo, 9 de octubre de 2022

«El servicio secreto francés podría estar articulando tanto con Argelia como con Marruecos el Fin de Pedro Sánchez».

9 de octubre de 2022

Traición

El osado y manipulable Pedro Sánchez ha roto las cordiales y financieras relaciones que tenía Francia con Argelia y Marruecos en casi un siglo. Así se ha visto con el acuerdo roto y varias veces del suministro de gas, 

Y sobre todo ha forzado a la UE a reprender a Francia y forzarla la paso del suministro de gas a parte de la UE del norte, mientras Italia y Alemania han vuelto a reanudar sus contratos de suministro con Rusia. «Bruselas podría imponer a Francia la construcción del gasoducto Midcat pese a la oposición de Macron».

alertadigital: «Rusia y Alemania renegociaban el contrato gasístico un día antes del sabotaje a los gasoductos Nord Stream».

Mohamed VI ha fallecido hace apenas unos meses y es la Junta militar de Marruecos quien controla el país junto a Israel.

En previsión de un ataque militar marroquí sobre Alhucemas y Vélez de la Gomera, la armada española ha desplegado un contingente de seguridad.

Están muy molestos con los pasos adelante y atrás de Sánchez así como su bloqueo del suministro de gas indirecto desde Argelia. Cualquiera de estos tres países, Francia, Marruecos o Argelia, estén las cosas como estén, están de acuerdo con como se están llevando las cosas en el gobierno español.

Hoy se ha visto la gigantesca escolta de Sánchez en el aeropuerto de La Coruña; porque se teme lo peor, y tendría la forma de cualquier accidente que él ya no puede evitar.


El ataque sabotaje de Crimea estaba previsto por el ejército ruso. Así lo he visto en un mensaje interceptado. Rusia lo esperaba el sabotaje. Les han dejado hacerlo para tener más fuerza. De hecho el tren era un tren señuelo, tenían otro segundo preparado que se ha visto a las horas.


En respuesta Rusia ha apuntado un láser incendiario probablemente desde un satélite militar en la estratosfera sobre la fragata española Santa María en Rota. Vladimir Putin había anunciado que disponía de armas secretas, y esta ha sido un aviso, que se tendrán que tomar muy en serio y para la ofensiva Otan.

España está hundida y acabada por el NOM.

Maria Vega de elespañol: «Cada hogar pagará 4.700 euros más en impuestos en 2023 de los que pagaba antes del Gobierno Sánchez – Podemos».

«El plan de Biden es una guerra nuclear limitada a Europa y la destrucción de Rusia .. después apurarán un plan de paz.. y las empresas americanas saldrían al rescate y reconstrucción de Europa.. sus sicarios de la UE felices».

Lo único que le queda al gobierno de España es la agitación social de su ingeniería social para mantenerse en el poder.

«Cortes de luz en 24 municipios de Madrid desde este sábado».

Los municipios cortados son bien conocidos por su minoría socialista y de triunfo PP. Otro castigo socialista ideológico más.

Saben que sus medidas económicas no tienen recorrido y van fuera como en Italia con el triunfo de Meloni. Solo pueden provocar el pre-clima de guerra civil para salvar apenas que no sean juzgados y harán cualquier ofensiva de violencia de diseño para evitar su quema.

Quico Alsedo para elmundo: El jefe de Psiquiatría Juvenil del Gregorio Marañón: «Vivimos un boom de jóvenes que dicen ser trans por moda y en realidad no lo son».

Celso Arango, uno de los psiquiatras más reputados de España, sostiene que la cifra de adolescentes que se reclaman trans sin serlo se ha multiplicado por la ideologización y cree que la Ley Trans «puede causar un daño enorme». Apadrina a la Asociación Amanda, de personas afectadas por esta «moda», que se presenta hoy.

Mujeres todas de izquierda cortándose mechones de pelo porque cobran todas esas 100.000 euros al año por machacar ideología de ingeniería social.

Muchas mujeres y hombres murieron en manos de ETA ninguna se cortó mechas. Se jugaron más que sus derechos, e ideologías.

Muchas mujeres y hombres murieron en el atentado de falsa bandera islamista de Atocha. El Psoe subió al poder y ninguna se cortó el pelo porque ellas subieron con el PSOE; y aún ninguna cobraba los 100.000 euros anuales.


Mienten y se quedan tan anchos///“No hay ningún problema con las okupaciones; se desaloja automáticamente”.


https://eladiofernandez.wordpress.com/2022/10/09/el-servicio-secreto-frances-podria-estar-articulando-tanto-con-argelia-como-con-marruecos-el-fin-de-pedro-sanchez/

sábado, 1 de octubre de 2022

Illa admite su Traición a Madrid: encargó un Plan jurídico para Confinarla antes de negociar con Ayuso

EL EX MINISTRO DE SANIDAD LO CONFIRMA EN SU LIBRO



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; conversa con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Foto: EFE

ACTUALIZADO: 01/10/2022 08:58

El próximo 9 de octubre se cumplirá el segundo aniversario de la declaración del estado de alarma sobre la Comunidad de Madrid, que derivó en un cierre perimetral ejecutado en base a un decretazo del Consejo de Ministros y cocinado durante semanas en los despachos de Moncloa. 

Entre los detalles que desvela en su libro El año de la pandemia el ex ministro de Sanidad Salvador Illa hay uno significativo: Illa solicitó «opciones jurídicas» para actuar contra Madrid antes incluso de sentarse a negociar con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sobre un eventual cierre de la región por el aumento de casos del coronavirus.

Madrid ha sido la comunidad autónoma que más tiempo ha permanecido confinada en sus límites geográficos durante la pandemia. Fue la que más tardó en desescalar en base a unos informes elaborados por un supuesto comité de expertos independientes, que finalmente se desveló que estaba formado por funcionarios a las órdenes de Sanidad. 

Entre ellos, el director del CCAES, Fernando Simón. Pero Madrid también vivió unas semanas extras de cierre perimetral respecto a otras regiones: las que fueron desde el 9 al 25 de octubre de 2020, día en que el segundo estado de alarma se extendió a toda España.

Las memorias pandémicas de Illa revelan un hecho singular: dos días después de la ya célebre cumbre de las banderas, aquel encuentro en la Puerta del Sol entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Díaz Ayuso, el ministro de Sanidad encargó a su equipo que explorase todas las vías legales a su alcance para aplicar medidas contra Madrid. Es decir, para imponer ese estado de alarma a la fuerza que la Comunidad rechazaba de pleno.

Plan legal

Cabe recordar que Sánchez acudió a aquella cumbre con Ayuso a petición propia, y mostrando en público su intención de apoyar al Gobierno madrileño en la toma de medidas. Allí, Ayuso le planteó la necesidad de cerrar el coladero de casos en que se había convertido Barajas, responsabilidad del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Aquel plan de Ayuso para Barajas o la propuesta madrileña de llevar a cabo una campaña de rastreo masivo mediante los test de antígenos -en aquel momento eran una novedad mundial frente a las PCR- no fue escuchado. En cambio, el Gobierno le propuso a la Comunidad de Madrid nombrar un «portavoz técnico». Un ‘Fernando Simón’ a la madrileña que fuera voz autorizada a la hora de proponer medidas.

El ‘casting’ de aquel portavoz técnico lo hizo, en persona, Salvador Illa. El ex ministro, según cuenta en sus memorias, se citó el miércoles 23 de septiembre de 2020 con los tres profesionales sanitarios en la planta 16 del Ministerio de Sanidad. 

De aquellas conversaciones, salió el nombre de Enrique Bouza como el elegido para esa tarea de tender puentes entre Moncloa y Madrid. Se emplazaron con el candidato, que dimitiría poco después, a la primera reunión técnica entre ambas administraciones. El inicio de la negociación.

Cerrar Madrid

Sin embargo, Illa y Moncloa ya tenían otros planes en mente, tal y como desliza en sus memorias el ex ministro: «Al acabar la reunión llamé a Alberto Herrera, el subsecretario de Sanidad, y le pedí que explorase opciones jurídicas para adoptar medidas en Madrid». Las opciones jurídicas eran el estado de alarma, y las medidas, el cierre perimetral.

Illa asegura: «De los muchos episodios desagradables que he vivido durante la pandemia, este fue uno de los más destacados. He pensado una y mil veces si pudimos hacer algo distinto, si en algún detalle no supimos generar la suficiente confianza en nuestros interlocutores de Madrid. Y seguro que es así, y que algo pudimos hacer mejor. Pero no tengo ninguna duda de que, con carácter general, actuamos correctamente».

Eso sí, cierra su relato sobre aquella batalla de Madrid asegurando que la posición de Díaz Ayuso fue «el único desafío serio a la autoridad del Gobierno de España que yo percibí en toda la pandemia».

https://okdiario.com/espana/illa-admite-traicion-madrid-encargo-plan-juridico-confinarla-antes-negociar-ayuso-9752861

jueves, 29 de septiembre de 2022

La Fiscalía se alía Con Monedero: pretende exonerarle de blanqueo Sin haber Investigado sus 93 Cuentas

AUDIENCIA NACIONAL



ACTUALIZADO: 29/09/2022 06:57

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha sido tomada hace una semana por los fiscales afines a Dolores Delgado, pretende exonerar al ideólogo de Podemos Juan Carlos Monedero de la imputación de un delito de blanqueo de capitales sin ni siquiera investigar las 93 cuentas bancarias que aparecen a nombre del cofundador del partido morado.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investiga «una red triangular» mediante la cual Podemos se ha financiado presuntamente con fondos chavistas. 

En concreto, el magistrado investiga movimientos entre la empresa de Monedero -Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL- con la mercantil VIU Europa, del venezolano Ernesto Velasco, y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba.

Una red triangular

El Banco del Alba abonó 425.150 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del Alba. En ese momento el Banco del Alba estaba presidido por Ramón Gordil, quien fue señalado por el jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia del chavismo, Hugo El Pollo Carvajal, como el encargado de enviar dinero a España –a través de valija diplomática– para financiar a la formación morada.

De esa cantidad recibida por Monedero, 69.000 euros fueron a parar a las arcas de la tapadera chavista VIU Europa, ubicada en Madrid, por un supuesto trabajo realizado por esta sociedad para el ideólogo podemita. Hay que recordar que Hacienda investigó al cofundador de Podemos por cobrar ese dinero desde una sociedad instrumental para evitar así declararlo como renta de persona física pagando el IRPF eludiendo el pago de hasta 130.000 euros a las arcas públicas.

El ideólogo recibió un chivatazo y pudo regularizar su situación –pagando una multa de 200.000 euros a la Agencia Tributaria– antes de que se abriera una causa penal contra él. Fuentes consultadas por OKDIARIO manifiestan que estos movimientos «extraños» como que Monedero reciba fondos del Banco Alba y que después el fundador podemita transfiera los fondos a una empresa chavista -por ejemplo, los 69.000 euros ingresados a VIU Europa– son técnicas utilizadas habitualmente en el blanqueo de capitales y buscan como objetivo «perder la pista del dinero».

Además, el instructor detalló –en un auto del pasado julio– que del análisis de la documentación aportada por la UDEF existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por VIU Europa SL, previo requerimiento policial, «podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento». Por lo que, explicó, existen también indicios de un delito de falsedad documental.

Sus 93 cuentas

Además, en el marco de estas diligencias, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional descubrió que Monedero aparece entre los años 2011 y 2018 en 93 cuentas bancarias.

El podemita aseguró que sólo tenía dos: una corriente y otra de ahorros. Pero, mintió y lo hizo a sabiendas de que dicha información que obra en una causa judicial era cierta. Sin embargo, al cofundador de la formación morada no le importó mentir con el único propósito de intentar desacreditar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como al Poder Judicial. Una tarea que lleva realizando durante años. Este periódico desveló, una por una, las cuentas en las que aparecía el cofundador de Podemos como titular, beneficiario o autorizado.

Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Jesús Alonso, renovado en el puesto por Dolores Delgado, pretende librar a Monedero –aunque el escrito lo firma una subordinada– de un delito de blanqueo. 

El Ministerio Público pide el cierre de la causa sin haber investigado las 93 cuentas bancarias, ni las transferencias realizadas desde el Banco Alba así como los ingresos realizados por el propio Monedero a la empresa chavista Viu Europa, ni tan siquiera comparar la autenticidad de los documentos aportados a la causa. «Se trataría de un cierre en falso», explican fuentes consultadas a OKDIARIO.

La Fiscalía se ha adherido al recurso de reforma subsidiario de apelación interpuesto por Monedero que recaerá en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal presidida por Félix Alfonso Guevara. Según fuentes judiciales, este magistrado muestra ciertas hostilidades hacia el juez instructor de la causa, Manuel García-Castellón. Explican que le revoca «casi todas sus decisiones».

Fuente:

https://okdiario.com/espana/fiscalia-alia-monedero-pretende-exonerarle-blanqueo-sin-haber-investigado-93-cuentas-9740576

martes, 27 de septiembre de 2022

La Menor Abusada por el Marido de Oltra pide al juez que investigue Por qué Puig No la Defendió

CASO OLTRA


Teresa, la denunciante, Ximo Puig y Mónica Oltra.

LUIS MIGUEL MONTERO/ IGNACIO MARTÍNEZ
ACTUALIZADO: 27/09/2022 08:23

La declaración ante el juez del pasado 19 de septiembre de Mónica Oltra, ex vicepresidenta y ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat de Valencia, ha provocado un alud de petición de nuevas pruebas, entre ellas la de la menor víctima de abusos, Teresa T.M., que ha pedido al juez que investigue por qué Ximo Puig, entonces y ahora presidente de la Generalitat, no la defendió en los tribunales de justicia como era preceptivo. 

Oltra dijo ante el juez que la Generalitat «no estaba habilitada», pero en un escrito ante el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia la defensa de Teresa demuestra lo contrario.

La ex consejera defendió ante el juez que la Ley 26/2018 que habilitaba a la Generalitat para representar y defender a menores tutelados en procesos judiciales entró en vigor con posterioridad a la incoación del procedimiento judicial que acabó condenando a su ex marido, Luis Ramírez, a cinco años de cárcel por el delito de abusos sexuales sobre una menor residente en el centro tutelado donde ejercía como educador. La fiscal de Menores comenzó la investigación de los abusos en junio de 2016, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos de manera casual.

El escrito presentado este lunes en el juzgado sostiene que aunque es cierto que la ley a la que hizo referencia Oltra entró en vigor el 25 de diciembre de 2018 «es absolutamente falso que antes de esa fecha no existiera título habilitante para la personación de la Abogacía», ya que esa Ley 26/2018 «deroga una anterior, la Ley 12/2008 de 3 de julio, de protección integral de la infancia y la adolescencia de la Comunidad Valenciana, en vigor desde el 10/10/2008».

La defensa de Teresa T. M. alude al artículo 102 de la citada ley que en su apartado 1 recoge: «Los menores, cuya tutela haya asumido la Generalitat por ministerio de la Ley, podrán ser representados y defendidos en juicio, sin perjuicio de las competencias que le puedan corresponder al Ministerio Fiscal, a excepción de aquellos supuestos en que se produzca conflicto de intereses», unos intereses que no deberían existir en un procedimiento penal tan serio como son unos abusos sexuales a una menor.

Como Mónica Oltra declaró ante el juez que «no se había considerado pertinente por quien tenía la responsabilidad de hacerlo (la abogacía de la Generalitat)» la defensa de la menor solicita que «se dirija oficio a la Abogacía General de la Generalitat a fin de que informen sobre las actuaciones, dictámenes o informes de cualquier tipo que se realizaran en relación con la posible personación como acusación particular en defensa de la menor tutelada María Teresa T. M.».

«Esclarecer esta cuestión es importante porque privar a la menor tutelada de una asistencia jurídica a la que tenía perfecto derecho, se configura como un elemento más en su revictimización, lo que tiene la trascendencia que en su día se concretará de cara a la concurrencia de los diferentes tipos delictuales», añade la menor en su escrito presentado al Juzgado.

Oltra , acusada de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito, incurrió en varias contradicciones y algunas rectificaciones durante su declaración del día 19. Uno de los momentos más llamativos de su declaración, que llevó al juez a preguntar en varias ocasiones sobre el mismo asunto, fue cuando aseguró que se enteró «ocho años después» de la obligación de denunciar en un juzgado los abusos de menores, en concreto en 2021, aunque una instrucción de 2013, la 9/2013, dice que por protocolo hay que hacerlo e incluso la misma Mónica Oltra reconoció a preguntas del juez que «el sentido común» dice que hay que denunciar los abusos. 

Pero en este caso, nadie de su Consejería lo hizo, sino que fue la Policía Nacional actuando de oficio ante la manifestación de una niña la que acudió a la Fiscalía de Menores. Por eso ahora la menor quiere saber por qué la Generalitat no le ofreció un abogado para personarse en la causa y lo tuvo que hacer un particular.

Oltra manifestó ante el juez que «por supuesto» desconocía las instrucciones y protocolos antes de tomar posesión de su cargo e incluso, para reafirmarse todavía más explicó al juez que «hay centenares de instrucciones y protocolos incluso algunos dictados mientras yo dirigía la Consejería que desconozco».

Pero a preguntas del juez Vicente Ríos, la ex consejera también dijo que «nunca di orden para que tal instrucción 9/13 fuera ignorada». 

Es decir, que la Consejería tenía obligación de acudir a las autoridades judiciales para denunciar los hechos y facilitar cualquier actuación de Fiscalía de menores o del Juzgado para averiguar los hechos. 

Es más, cuando el juez lee el artículo 17 de la citada orden que reza: «La colaboración con el ministerio fiscal, como órgano al que le corresponde la superior vigilancia de la tutela, seguimiento o guarda de menores y con los órganos judiciales se realizará por los centros de acogimiento residencial a través de la Dirección Territorial de la que dependan (en este caso la de Valencia) y que en casos puntuales y concretos que no admitan demora el centro podrá contactar directamente con la Fiscalía de Menores y con los órganos judiciales», Mónica Oltra manifiesta que «no lo recuerda, pero es de sentido común».

Sobre la no personación de la Abogacía de la Generalitat Valenciana en la causa de abusos sexuales reafirmó en dos ocasiones que «no había título habilitado entonces», una circunstancia falsa para los abogados de la menor que ahora deberá valorar el juez durante su instrucción.

https://okdiario.com/espana/menor-abusada-marido-monica-oltra-pide-juez-que-investigue-que-puig-no-defendio-9727096