Lencería para homosexualizar (más) a los hombres
[Me habéis enviado como 10 veces la noticia de Rusia Today sobre la moda de
la lencería para hombres, así que la tengo que poner en homenaje].
Después de esta evidencia (el lobby gay en la UE ILGA realiza “recomendaciones a la comisión europea que luego se convierten en leyes”), podréis preguntar a aquellos supuestos activistas contra el Nuevo Orden Mundial que todavía se niegan a admitir que el movimiento gay forma parte de la agenda Iluminati.
Es hora de que les pidáis a esos blogueros e investigadores, supuestamente comprometidos en la lucha contra el Nuevo Orden Mundial, que se pronuncien abiertamente sobre el papel del movimiento gay, su origen, y su Poder actual dentro de la agenda de los Iluminati-sionistas.
Siendo así, no os extrañaréis de que un país todavía no dominado por el movimiento gay, Hungría, haya decidido reformar su constitución para que defina claramente que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer.
Así trabaja el ‘lobby’ gay en Europa: La International Lesbian and Gay Association cobra 370.000 euros por un informe
La conclusión estaba clara: es preciso proteger a los colectivos homosexuales en la Directiva Europea de Igualdad de Trato
Pareja gay besándose.
En las instituciones europeas trabaja un lobby el ILGA: International Lesbian and Gay Association. Es la
marca formal del lobby gay. Actúa cerca de las distintas agencias de la Unión para obtener encargos específicos de estudios e informes que se convierten después en recomendaciones para la Comisión.
Acompañadas de un coro mediático, las recomendaciones terminan en directivas, normas de rango legal que los estados miembros deben cumplir.
Y esto probablemente acabará ocurriendo con el último
estudio encargado por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales sobre igualdad y no discriminación, según el cual es preciso combatir la homofobia en toda Europa, porque los homosexuales padecen graves discriminaciones. Y este estudio va a ser la base de la próxima Directiva Europea de Igualdad de Trato.
El estudio lo ha hecho la ILGA y se ha embolsado por ello un total de 370.000 euros. La
Agencia Europea de Derechos Fundamentales es un órgano oficial de la UE que atiende a los problemas de carácter social vinculados con los derechos de las personas.
Para funcionar, la agencia delega
trabajos y discusiones en distintos organismos civiles, en este caso, la Fundamental Rights Platform (FRP), una red de asociaciones de toda Europa. La FRP mantiene reuniones periódicas en las que elabora memorandos y aconseja medidas a la agencia. En la red hay muchas entidades, y de todo género.
En una sesión dedicada a la igualdad y la no discriminación, se presentó un informe de la ILGA, es decir, del lobby gay. El informe señalaba cosas alarmantes: por ejemplo, 93.000 casos documentados de discriminación "homófoba" en Europa, de las que un 25% incluían agresiones físicas.
La conclusión estaba clara: es preciso proteger a los colectivos homosexuales en la Directiva Europea de Igualdad de Trato.
Protección que, como es sabido, incluye siempre medidas de "discriminación positiva", limitaciones a la libertad de expresión e incluso creación de figuras delictivas singulares. Y por supuesto, introducción de argumentaciones homosexualistas en la enseñanza.
"La realidad -denuncia Profesionales por la Ética, que forma parte de la FRP europea- es que numerosos expertos y asociaciones civiles han denunciado la falta de rigor en la metodología y análisis de los datos del estudio, además de la escasa coherencia estadística
respecto a las denuncias policiales".
En efecto, los datos del informe de la ILGA son altamente cuestionables.
Para empezar, el estudio se base en datos no verificables remitidos por personas anónimas que se declaraban gays, lesbianas, transexuales o bisexuales sin que hubiese, además, ningún control en la recepción de las respuestas que evitase varias respuestas de una misma persona. Es decir que, en términos demoscópicos, el informe carece de validez alguna.
Por otra parte, sólo gays y lesbianas podían responder a las preguntas del cuestionario en el que se basa el estudio y, por supuesto, las preguntas se hacían de manera tal que resultaba difícil que las respuestas no se ajustasen a los objetivos de demostrar la discriminación hacia los homosexuales. O sea que el estudio estaba elaborado de tal manera que el método condicionaba de antemano los resultados.
El asunto ha generado un pequeño terremoto en las instituciones europeas. Los eurodiputados eslovacos Mikolasik y Zaborska, acompañados por su colega polaco Szymanski, han entregado en el Parlamento una pregunta escrita sobre la competencia legal de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales para discutir y promocionar una directiva europea en una reunión de las asociaciones civiles.
Los eurodiputados creen que las directivas deberían ser cosa del legislativo europeo, es decir, el Parlamento. Pero es que en Eslovaquia y Polonia desconocen cómo funciona el lobby gay. Todavía.
Los eurodiputados del este no son los únicos alarmados.
"Numerosas asociaciones civiles y ONG miembros de la FRP -señala Profesionales por la Ética, que forma parte de la plataforma- también contemplan atónitos cómo la única reunión anual de esta institución se dedica casi en exclusiva a un asunto que ni es de su competencia ni sobre el que hay consenso entre los estados miembros, mientras se olvida discutir muchos otros asuntos relacionados con los derechos fundamentales".
Capítulo aparte es el coste, esos 370.000 euros en unas asociaciones crónicamente afectadas por la carencia de medios:
"Es un escándalo -dice Leonor Tamayo, responsable de este área en Profesionales por la Ética- que se utilice el dinero público para realizar un estudio para algo que no le compete y que muestra un descarado sesgo ideológico. No se puede consentir que se convierta a la FRP en trampolín de lanzamiento para la manipulación ideológica y en un jugoso y rentable instrumento en manos del lobby gay europeo para desarrollar su estrategia política de promoción de una legislación que les sitúe en una posición de privilegio a través de la Directiva de Igualdad de Trato".
El lobby gay ha vuelto a ganar, se ha embolsado una buena cantidad por un informe parcial y, además, ha elevado a las instituciones sus reclamaciones. Habrá que ver si alguien puede parar este desatino cuando se tramite la Directiva de Igualdad de Trato.
Los tecnócratas de Bruselas declaran la guerra a Hungría por defender las uniones matrimoniales entre hombres y mujeres
Birgitta Ohlsson
La ministra sueca para la Unión Europea, Birgitta Ohlsson, del Partido Popular Liberal, defiende la imposición de sanciones a Hungría, ya que en su opinión, el país no va en la dirección liberal, que es lo que deben hacer los países europeos, según dijo.
El parlamento de Hungría votó recientemente a favor de cambiar la Constitución del país en una dirección más conservadora. Esto no gustó a la ministra Birgitta Ohlsson, quien instó al uso de “herramientas dentro de la UE para castigar a las naciones que se atrevan a trabajar por libre”.
Después de una reunión con su homólogo húngaro, Enikö Györi, relató a la agencia TT que “nunca pensé que habría que tener ese tipo de discusión en la Europa del 2013, donde un país desafía punto tras otro los puntos fundamentales de la UE”.
A pesar de ello, cuatro cancilleres de la UE diseñaron una carta exigiendo que la UE castigue a aquellos países que no cumplen con “los valores de la Unión”. Una de las opciones que se barajan es retirarles el apoyo financiero.
Birgitta Ohlsson ya había escrito una columna en el periódico Expressen, bajo el título: “Abolición de Suecia”, donde defendió la abolición de todas las naciones y la implantación de un gobierno mundial que controlara a sus ciudadanos a través de la fuerza de una policía mundial:
“Es hora de que nosotros llamemos a los ciudadanos del mundo para el federalismo mundial, tener una visión de un mundo más justo, a través de una búsqueda de la unión global con un gobierno mundial federal. Todos los países deben ceder parte de su soberanía nacional. A través de un orden jurídico mundial entre los pueblos, podemos resolver esto pacíficamente. El equipo Mundial será aprobado por un parlamento elegido democráticamente y se fijará a través de una policía mundial”.
Estos son algunos de los “horribles” puntos que el Parlamento húngaro votó:
- Una familia se define por la Constitución como “un matrimonio entre un hombre y una mujer” con o sin hijos.
- Los estudiantes universitarios con becas deben comprometerse a residir y trabajar algún tiempo en Hungría después de la graduación.
- Las personas sin hogar deben tener garantizado las plazas para un albergue, mientras que lo prohibido será dormir en la calle.
- Las comunidades religiosas deben ser aprobadas por el Parlamento, y no será necesario explicar porqué se rechazan.
El primer ministro danés, Helle Thorning-Schmidt, sin embargo, es menos radical en sus opiniones sobre Hungría.
“Creo que es importante que los países de la UE no basen sus creencias a partir de artículos en prensa. Hemos pedido a la Comisión Europea que analice aquellas cosas en las que podemos habernos equivocado”.
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, dice estar abierto al debate: “Vamos a hablar de los problemas que ellos ven. Si encuentra los puntos específicos en nuestras enmiendas que no les gustan, hablaremos de ello. En nuestra opinión, hacemos las cosas de una manera europea. Los problemas surgen cuando las personas nos acusan antes de comprobar los hechos”.
Y añadió: “Hemos hablando de estos cambios constitucionales abiertamente en Budapest durante varios meses. En este período no hay una sola organización internacional que haya tenido objeciones. El Consejo de Europa, la Comisión Europea, todos ellos la han observado durante tres meses. Entonces, de repente, tres días antes de la votación, se produce el primer signo de que alguien tiene objeciones. Un día antes de la votación recibo una llamada de teléfono desde Bruselas que me anima a cancelar el referéndum. Suena absurdo, ¿no es así?”, se pregunta Orbán.
El Gobierno de Portugal anunció este viernes nuevos recortes sociales que incluyen el despido de 30.000 funcionarios, recortar las pensiones, retrasar un año la jubilación y ampliar, de 35 a 40, las horas semanales de trabajo en los empleados públicos.
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