Montoro revuelve la Oficina Antifraude y niega datos del PP al juez Ruz

Cristóbal Montoro, en el pleno del Congreso celebrado el pasado jueves, 14 de marzo. / Juanjo Martín (Efe)

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tiene que explicar por qué ha destituido a los inspectores de la Agencia Tributaria que llevaban la investigación de latrama Gürtel y del caso Urdangarín, entre otros asuntos relevantes. Los relevos se produjeron a finales de enero y desde entonces el diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares lleva esperando una explicación por escrito del ministro. Los inspectores eran jefes de grupo pero no ocupaban puestos de designación política, lo que induce a pensar que Montoro ha realizado discretas interferencias u operaciones de prestidigitación partidista en la cúpula de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

Dos semanas después de que se conocieran las cuentas en Suiza del extesorero del PP, Luis Bárcenas, imputado en la trama Gurtel, el ministro destituyó a los seis inspectores de Hacienda que desde la ONIF de la Agencia Tributaria dirigían las investigaciones fiscales sobre la trama Gurtel en la que se hallan imputados políticos del PP y, entre otros casos de corrupción, sobre el desvio de fondos públicos al entramado societario del yerno del rey. Cinco inspectores eran jefes de equipo y el sexto, Víctor de la Morena, era el director de investigación de la ONIF.

La Cadena Ser dio la voz de alerta y desde el Ministerio de Hacienda restaron importancia a los relevos diciendo que se trataba de una “reorganización” de la ONIF. Sin embargo, todo apunta a una “operación de limpieza” y de sustitución de unos técnicos independientes por otros posiblemente más dúctiles al mando. El ministro colocó al frente de la ONIF a Santiago Menéndez, que fuera director de recaudación con el Gobierno de Aznar y a Pilar Valiente, quien fue vicepresidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también con los gobiernos de Aznar, y se vio forzada a dimitir por el caso Gescartera ante los indicios de que había ayudado al dueño de esa agencia, Antonio Camacho, y a su presidenta, Pilar Jiménez Reyna, hermana de un alto cargo del entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, a eludir los controles.

Desde que se produjeron estos ceses en la ONIF, Llamazares espera la explicación de Montoro. Es verdad que el primer obstáculo a sus preguntas se lo ha puesto la Mesa del Congreso, que le ha obligado a modificar la exposición de su petición de aclaración. Y también es cierto que Montoro dispone de tres meses reglamentarios para responder. El ministro puede abusar además de las infotácticas del revés, la amenaza y los balones fuera. De hecho, poco después de recibir las preguntas pudimos saber que la federación madrileña de la organización de la que Llamazares fue coordinador general debía un millón de euros a Hacienda.

Pero más allá del ejercicio del revés político y de otras técnicas neblinosas, resultaría especialmente perjudicial para la credibilidad de la Agencia Tributaria que Montoro escondiese la cabeza bajo el ala y mantuviera la duda de parcialidad partidista. Llamazares sólo le pide que explique las razones de los relevos en la ONIF, si las destituciones “perturban o retrasan” la investigación y si el caso Gescartera no figura en su memoria como un antecedente negativo para una de las personas que ha promovido a la dirección dell máximo organismo de la lucha contra el fraude fiscal.

Serán en todo caso Menéndez y Valiente los que ahora designen a los dos nuevos inspectores de la ONIF que el viernes solicitó el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz con el fin de prestar apoyo a la investigación de la pieza separada, aunque vinculada al caso Gürtel, sobre la fortuna del extesorero del PP, Luis Bárcenas. El juez trata de aclarar el origen de la fortuna opaca de Bárcenas y de averiguar la relación que pudo existir entre las cuentas ocultas en Suiza y las entregas privadas de dinero al PP entre 1990 y 2005 a cambio de supuestos favores en contratas y concesiones públicas.

En los mandamientos judiciales expedidos el viernes, el titular del Juzgado 5 de la Audiencia Nacional pide al presidente del Senado, Pío García Escudero, que le envíe las declaraciones originales del patrimonio que realizó Bárcenas en la Cámara como senador por Cantabria en las dos últimas legislaturas. Y a parte de otros procedimientos como las pruebas caligráficas al propio Bárcenas y a Álvaro Lapuerta, citados para el jueves, o el testimonio del director de El País sobre los “papeles de Bárcenas” y del exdiputado del PP Carlos Mantillaen el programa de radio Galicia por diante sobre pagos en negro, previstos el miércoles, el magistrado reclama la revisión de las cuentas bancarias y la contabilidad del PP entre 1990 y 2005.

Y es en este punto donde la colaboración de la Agencia Tributaria y de los expertos reclamados por el magistrado resulta de vital importancia. De momento, el magistrado ha dado un ultimátum de cinco días a la Agencia para que le remita en formato electrónico la información de las retenciones e ingresos a cuenta presentada por el PP de 1990 a 2005. La orden del juez ya pone de relieve los primeros obstáculos y dilaciones de Hacienda para poner a su disposición esa información. Y así pide que le aclaren las dificultades aducidas por Hacienda el 8 del corriente para disponer de los datos.

El juez pide toda la información sobre los cheques cobrados en efectivo en los ejercicios de 2002 a 2005. Y del periodo entre 1990 y 2005 recaba las declaraciones sobre donaciones realizadas y recibidas por el PP, las operaciones en efectivo de cuentas bancarias, la declaración de Ingresos y Pagos en sus relaciones con terceros, las declaraciones de IVA e impuesto de Sociedades de los ejercicios solicitados en formato electrónico y las relaciones o balances de esos años. Son datos que Hacienda deberá aportar.

En este sentido, aparte la profusión de declaraciones del presidente Mariano Rajoy y otros miembros del Gobierno sobre la “absoluta colaboración con la Justicia” vale recordar la insistencia de la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, en las habituales ruedas de prensa de los viernes, en que este es un país serio y las instituciones funcionan. “La corrupción claro que perjudica y hay que erradicarla; pero también tenemos que saber que ésta es una democracia fuerte, con Tribunales que funcionan, con una Fiscalía que funciona, con una Agencia Tributaria que funciona, y bien. Y si hay que darles más medios desde el Gobierno y desde las Cortes para que así sea, así lo haremos“.

LUIS DÍEZ | 18 DE MARZO DE 2013 

Fuente: http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2013/03/18/montoro-revuelve-la-oficina-antifraude-y-niega-datos-del-pp-al-juez-ruz/