Pese a que el primer manual de la OTAN sobre la aplicación de las normas existentes de derecho internacional a la nueva ciberguerra fue respaldado por EE.UU., Moscú lo considera potencialmente peligroso.
Según los representantes del Ministerio del Interior ruso, mientras que Rusia está tratando de evitar la militarización del ciberespacio ofreciendo a la comunidad internacional la adopción de una serie de normas especiales al respecto, EE.UU. y sus aliados están acordando las reglas de la guerra cibernética a sus espaldas.
El documento, denominado el ‘Manual de Tallin’, fue creado por el Centro de Excelencia para Ciberdefensa de la OTAN y tenía como objetivo demostrar que las normas jurídicas internacionales existentes (en particular el derecho internacional humanitario), son también aplicables al ciberespacio, al tiempo que Rusia insta a crear una nueva legislación que corresponde a las necesidades en este campo.
Moscú, por su parte, calificó la publicación de este documento como un paso hacia la legitimación del propio concepto de ciberguerra, ya que Rusia no aboga sólo por evitar la militarización del ciberespacio, sino también por la prohibición de la utilización de todo tipo de armas cibernéticas.
Los autores del manual consideran los ataques llevados a cabo en ausencia de hostilidades abiertas “actos ilegales”. La víctima de este tipo de ataque tiene derecho a llevar al agresor ante la justicia o a recurrir a “contramedidas proporcionales”. Debido a la intensidad de los ataques, se puede tratar de un “acto de fuerza” o un “ataque armado” cuyas consecuencias pueden compararse con el uso de armas radiológicas, químicas y biológicas.
Según el manual de Tallin, “ningún incidente informático internacional fue públicamente reconocido por la comunidad internacional como una operación que puede ser calificada como un ataque armado”.
Sin embargo, de acuerdo con Michael D. Schmitt, autor principal del manual y profesor de la Escuela de Guerra Naval en Newport, EE.UU., el grupo de investigadores que redactó el documento concluyó que el uso del virus Stuxnet, que atacó las infraestructuras cibernéticas de Irán en 2009, fue un “acto de fuerza”. El documento, no obstante, no menciona quién fue responsable de estos ataques, pese a que la mayoría de expertos indicaron que provenían de EE.UU. e Israel.
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