El Gobierno ha aprobado corriendo y sin consenso un proyecto de ley llamado de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que convierte a la población rural en ciudadanos de segunda. Una ley que dice buscar la racionalidad y el ahorro económico, pero que esconde una vuelta de tuerca más en el avance de las políticas neoliberales y el exterminio de todo lo público.
En España la población rural en España supone el 20% a los que esta ley arrebata de un plumazo su capacidad de decidir sobre aspectos importantes de su vida. Esta ley desmantela 3200 entidades menores y 1024 Mancomunidades, buscando descaradamente la privatización de los servicios públicos que estas gestionan. Los servicios públicos rurales se pretenden derivar a las Diputaciones Provinciales, eso significa concentración de los servicios públicos y darle la gestión a una empresa privada, así de fácil.
Pero no solo se trata de servicios públicos, sino que hay otro bocado apetecible, ni más ni menos que de la privatización los bienes comunales, montes, etc… que mayor su mayor parte son gestionados por estos pequeños pueblos por siglos, despojándoles de sus legítimos derechos, y que han conseguido hasta la fecha que se mantengan y que además sigan siendo comunales. Con esta reforma estos recursos naturales pasarán manos de una diputación y acto seguido a grandes empresas del agronegocio, el turismo, empresas extraccionistas que se lucrarán con el patrimonio de todos.
Sería bueno que el Gobierno recordara los efectos desastrosos de la última privatización de montes en España que tuvo lugar en el siglo XIX, cuando miles y miles de hectáreas de bosque fueron arrasadas y deforestadas, y solo en 1859 el recién creado Cuerpo de Ingenieros de Montes logró salvar de la desamortización 6 millones de hectáreas . Esa gran desamortización causó erosión, desertificación, inundaciones, acabando lo que hoy llamamos biodiversidad, cultura, sumideros de carbono , un enorme patrimonio ambiental de todos cuyo valor no tiene precio, aunque algunos Ministros se afanen en ponérselo.
Javier Guzmán
Director de VSF Justicia Alimentaria Global
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