JUNTO A OTROS CINCO POLÍTICOS AFORADOS
José Antonio Griñán y Manuel Chaves (EFE)
La juez Mercedes Alaya acaba de emitir un auto en el que 'imputa' finalmente a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía en la trama de losERE falsos. La decisión de Alaya supone un golpe en la línea de flotación del socialismo andaluz y a todos los intentos por evitar que el mayor escándalo de corrupción salpicara a las más altas instancias.
En el auto al que ha tenido acceso El Confidencial, la magistrada comunica la imputación de Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009 y actual diputado por Cádiz; José Antonio Viera, consejero de Empleo ente 2000 y 2004, y ahora diputado por Sevilla; José Antonio Griñán, consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, y actualmente parlamentatrio andaluz por Sevilla; Carmen Martínez Aguayo, viceconsejera y consejera de Economía y Hacienda desde 2009 hasta hace unos días, y actualmente parlamentaria por Sevilla; Manuel Recio, secretario general de Economía y luego consejero de Empleo hasta mayo del año pasado, y también parlamentario por Almería; Francisco Vallejo consejero de Innovación hasta 2009 y acual parlamentario por Jaén; y Antonio Ávila secretario de Economía y consejero de la misma cartera hasta hace unos días, actualmente parlamentario por la provincia de Jaén.
Tras conocerse la noticia, Emilio de Llera, consejero de Interior y Justicia de la Junta, se mostró incrédulo durante la toma de posesión del Ejecutivo Díaz.“¿Es verdad que lo ha sacado [el auto de imputación] hoy? Será otra casualidad. Yo no conozco el auto. Me parece increíble. Hoy el protagonismo es del Gobierno, no de la juez. El Gobierno es más importante que cualquier juez de Andalucía”.
En el citado auto, Alaya admite que no puede realizar con los imputados aforados “un juicio formal de imputación o inculpación (términos que en la practica forense se utilizan como sinónimos) y que obligaría a la sujeción de los mismos al presente procedimiento”. Lo que sí ha hecho la magistrada es imputar a estos aforados lo que “permite al querellado defenderse en el proceso por los hechos que pudieran incriminarle conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, según el escrito judicial.
Eso sí, la juez recuerda que seguirá investigando a estos cargos y ex altos cargos. “Lo que debe realizar esta instructora, tras agotar la diligencias de investigación que en su caso pudieran determinar cierto grado de responsabilidad de los aforados, es remitir testimonio de la causa al Tribunal Superior competente para la instrucción y enjuciamiento de la misma mediante exposición razonada”, indica la magistrada.
Alaya resalta que en sus actuaciones no ha existido “ninguna solicitud de personación por ningún aforado apuntado a lo largo de la documentación que obra en la causa, la cual como sabemos tiene una notable repercusión en los medios de comunicación”, como señala la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
Desde hace tiempo se venía especulando con la inevitabilidad de que, finalmente, la juez imputara a José Antonio Griñán. De hecho, su abandono de la presidencia de la Junta de Andalucía y su decisión de asumir como senador para seguir manteniendo el privilegio del aforamiento, podía dar muestras de una estrategia para evitar que el fraude de los ERE afectara al presidente en ejercicio de la Junta y, al tiempo, poder preparar su estrategia de defensa.
La espada de Damocles pendía sobre Griñán y Manuel Chaves desde finales de julio, como informó Agustín Rivera. Desde entonces sabían que en
cualquier momento la juez Mercedes Alaya podía pedir la imputación en el caso de los ERE falsos. Sólo Alaya sabía el día que lo haría y ya se especulaba que sería en septiembre. Pero era inelufible tras tomar declaración a imputados relevantes como la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez. Lo que ya nadie duda es que Chaves y Griñán (que anunció su marcha por razones personales y para no tener que dimitir tras una posible acusación de Alaya) están de lleno salpicados.
Aunque de manera oficial Alaya se tomó vacaciones desde el pasado 1 de agosto, fuentes judiciales consultadas por El Confidencial confirman que la magistrada cuenta con medios en el juzgado para emitir un escrito para solicitar al Tribunal Supremo la imputación en la primera quincena de agosto. “En la segunda quincena ya es mucho más difícil, porque los funcionarios que están a su cargo cogerán unos días de descanso”, añaden estas mismas fuentes. Al final, ha sido en la segunda semana de septiembre.
El PSOE-A ya ha dado por amortizada la imputación de Griñán y no se ha pronunciado por la de Chaves. Es más, el partido en Andalucía, en boca de su vicesecretario general, Mario Jiménez, sostiene que era deseable que el caso llegue ya cuanto antes al Tribunal Supremo, una instancia judicial que los socialistas andaluces ven mucho más fiable que la instrucción de Alaya, sobre todo, tras los casos de José Blanco y Jaume Matas.
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