© REUTERS Daniel Leclair
La Corte de Constitucionalidad guatemalteca suspendió provisionalmente la entrada en vigor de una polémica normativa, conocida como 'ley Monsanto' por quienes la critican, que legaliza los derechos de propiedad de semillas en Guatemala.
La resolución fue adoptada la semana pasada ante una acción de amparo presentada por el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco, que pidió la derogación de la normativa porque esta perjudica al país, informa el diario 'La Voz'.
Según la decisión de la Corte, el artículo que daba vigencia a la ley a partir del próximo 26 de septiembre queda suspendido y en 15 días las partes interesadas podrán presentar alegaciones vinculadas con la norma.
La Ley de Protección para las Obtenciones Vegetales, conocida también como 'ley Monsanto”, fue uno de los compromisos asumidos por Guatemala como parte de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, firmado en 2005 entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y EE.UU., recuerda el rotativo.
La iniciativa, que tiene como objetivo regular los derechos de propiedad intelectual sobre variedades vegetales, fue aprobada por el Congreso en junio y generó una oleada de críticas por parte de organizaciones sociales, movimientos ambientalistas y algunos políticos. Estos afirman que la ley beneficiará únicamente a empresas como Monsanto, Duwest, Dupont, Bayer o Syngenta, que contarán presumiblemente con la exclusividad de derechos de propiedad intelectual de las semillas mejoradas, lo cual obligará a pequeños comerciantes o agricultores a comprarle semillas a estas grandes compañías.
Según el Colectivo de Estudios Rurales, bajo esta normativa la biodiversidad de Guatemala quedará “bajo el control de empresas nacionales y extranjeras”. La ley, agregó el grupo, favorece la privatización y monopolio de semillas poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, especialmente de los pueblos indígenas.
La ley responde a los intereses de la clase empresarial neoliberal
Otra motivo del rechazo planteado por los detractores es que la normativa establece que las variedades derivadas de la variedad protegida pertenecen al obtentor. Así el híbrido resultante de una variedad no patentada con una patentada sería propiedad del autor de la variedad patentada. Además, quienes utilicen semillas patentadas sin el permiso del dueño de la patente podrán ser multados e incluso ir a prisión.
Por su parte, la Alianza Nacional para la Protección de la Biodiversidad afirma que la ley es inconstitucional "porque viola los derechos de los pueblos" y "responde a los intereses de la clase empresarial neoliberal".
"De acuerdo a esta ley, los derechos de obtentor son prioritarios al derecho de los pueblos al uso libre de las semillas que han heredado de las culturas ancestrales", agregó la organización.
Publicado: 3 sep 2014 | 21:51 GMT Última actualización: 3 sep 2014 | 21:51 GMT
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