Imagen de una manifestación independentista en Cataluña
Inés Verdejo . 11/11/2015
El presidente de Empresaris de Catalunya, Josep Bou, pide al Gobierno que frene la deriva independentista para evitar una "tragedia económica".
Los empresarios catalanes están desesperación ante la inestabilidad política y la falta de seguridad jurídica que genera el desafío soberanista, especialmente tras anunciar la CUP que desobedecerá la decisión del Tribunal Constitucional. El presidente de Empresaris de Catalunya, Josep Bou, ha implorado al presidente del Gobierno que frene de inmediato la ruptura de Cataluña con el resto de España para evitar una “tragedia económica”.
Para los empresarios catalanes hay “un desgobierno absoluto” no solo por la inestabilidad que estos últimos días, sino por la política secesionista que se ha inculcado en la sociedad catalana en los último años. Esta política ha conseguido abrir una brecha en la sociedad civilque ha generado, según Josep Bou, “una Cataluña dividida y enfrentada” que aparte de los daños culturales, siembra el camino para tener “una Cataluña arruinada”.
Según el presidente de la asociación de Empresarios de Cataluña la intención inicial de los votantes de Junts pel Sí era llegar a un acuerdo con el Gobierno, un pacto con el Ejecutivo que tenía como único objetivo “exigir y sacar más”. Para Bou “una porción muy importante” del partido liderado por Artur Mas “no quería la independencia”.
Llegados a este punto, los empresarios catalanes tienden la mano al presidente del Gobierno porque ven necesario apoyar al Ejecutivo “en esta encrucijada difícil”.
Bou reclama a Mariano Rajoy que sea firme y actúe con “la ley en la mano”, evitando que la Generalitat consiga pasar por encima de la ley. Si no se apacigua esta rebeldía secesionista a tiempo será “una verdadera tragedia” para la estructura económica catalana.
http://okdiario.com/economia/los-empresarios-catalanes-piden-a-rajoy-que-evite-la-tragedia-economica-de-la-secesion-20927
Neus Munté, vicepresidenta en funciones de la Generalitat (Foto: EFE)
La Generalitat anuncia que desobedecerá al Tribunal Constitucional
Okdiario . 11/11/2015
La vicepresidenta del Gobierno catalán Neus Munté afirmó que mantendrán el desafío independentista y no cambiarán sus planes pese a la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional. ERC ha calificado al TC como “el brazo armado de un Gobierno indecente”.
Después de la resolución aprobada por el Tribunal Constitucional frenando el golpe de estado capitaneado por Artur Mas la Generalitat ha anunciado que mantendrá su desafío. La vicepresidenta Neus Munté ha afirmado que mantendrán su resolución haciendo oídos sordos al dictamen del TC siguiendo en “estricto cumplimiento del Parlamento catalán, que es soberano”.
Acusó la vicepresidenta en funciones al Gobierno nacional de “utilizar el Tribunal Constitucional para poner una mordaza a los anhelos de libertad” de Cataluña. Recalcó que la resolución de inicio del proceso independentista fue aprobada por una mayoría absoluta de un Parlamento constituido tras unas elecciones, por lo que por ello, esgrime, existe una “clara legitimidad” para aplicarla.
“No es una desobediencia -al TC-, sino una obediencia a un mandato democrático que emana de nuestro Parlamento”. explicó la encargada de transmitir la posición desafiante del gobierno catalán en funciones.
“El brazo armado de un Gobierno indecente”
Por su parte, para ERC “el Tribunal Constitucional se ha convertido en el brazo armado de un Gobierno indecente”, en palabras del cabeza de lista del partido para las elecciones generales Gabriel Rufián, quien aseguró que los republicanos “respetan las decisiones de otro Estado” (sic).
En palabras de Rufián, “la buena noticia es que este 9 de noviembre Cataluña decidió no desobedecer a nadie, sino obedecerse a sí misma, comenzar a decir que podía ser lo que su pueblo ha decidido que sea, un país independiente”.
http://okdiario.com/espana/cataluna/la-generalitat-anuncia-que-desobedecera-al-tribunal-constitucional-21297
Policía y Guardia Civil, "convencidos" de que los Mossos cumplirán la Ley en Cataluña
"Son profesionales, se deben al cumplimiento de la Ley. Saben que no se pueden saltar la Ley y que al jurar su cargo juran cumplir la Ley y el Estado de Derecho", apuntan desde los sindicatos
Dos agentes de los Mossos d'Esquadra. (Efe)
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11.11.2015 – 15:29 H.
Todos los sindicatos de la Policía Nacional y la principal asociación profesional de la Guardia Civil han coincido este miércoles en manifestar su "absoluta confianza" en los Mossos d'Esquadra. Aseguran no tener dudas de que el Cuerpo autonómico cumplirá la Ley en Cataluña y acatarán la petición de la Fiscalía en el caso de que haya funcionarios que incumplan el previsible rechazo del Tribunal Constitucional a la declaración independentista aprobada en el Parlamento catalán.
Desde la Confederación Española de la Policía (CEP), su secretario general, Antonio Labrado, ha mostrado su confianza en el Cuerpo autonómico: "son profesionales, se deben al cumplimiento de la Ley. Saben que no se pueden saltar la Ley y que al jurar su cargo juran cumplir la Ley y el Estado de Derecho.Confiamos en ellos y vamos colaborar con ellos en lo que necesiten".
Preguntado el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), Javier Estévez, se ha mostrado contundente al defender a los Mossos. "Rotundamente sí, confiamos en ellos. Han demostrado su profesionalidad en muchas ocasiones y no tenemos por qué dudar de ellos", ha dicho. No obvia Estévez que "tienen una tarea complicada" y que "aunque pueda haber algunos de manera individual con sus propias creencias, la gran parte seguro trabaja conforme a la Ley".
Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil, (AUGC) confían en que los Mossos "cumplan la legalidad y no actúen de forma independiente, sino bajo los mandatos de legalidad, siempre amparados por la Constitución". "Bajo ese paraguas, confiamos en que no cumplan ninguna ilegalidad", ha añadido el portavoz de este colectivo, Juan Fernández, quien ha explicado que en la Guardia Civil la situación es de tranquilidad: "no contemplamos un escenario de ruptura".
El portavoz del Sindicato Profesional de la Policía (SPP), Jesús Andrés de Dios, ha coincidido con el resto de sus compañeros al indicar que están "absolutamente convencidos de que los Mossos aplicarán la Ley y que van aasumir el mandato de la Constitución". "Puede haber un funcionario que incumpla, pero creemos que quienes tengan un sentimiento independentista no va a dejar de cumplir la Ley", ha zanjado.
Por su parte, el portavoz de la Unión Federal de la Policía (UFP), José María Benito ha dicho tener también "absoluta confianza en los Mossos". "Pero absoluta confianza -ha enfatizado- en que vana cumplir la legalidad". "Ni se van a plantear si lo que están haciendo está bien o está mal, entre otras cosas porque ya lo han manifestado, aunque es obvio", ha declarado Benito, quien ha hecho un llamamiento "a la calma" porque las fuerzas de seguridad "van a estar ahí cumpliendo la legalidad desde el primer momento sin ninguna duda".
http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2015-11-11/policia-y-guardia-civil-convencidos-de-que-los-mossos-cumpliran-la-ley-en-cataluna_1092819/
El TC advierte a Mas de "responsabilidades penales" si sigue adelante con el proceso
El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno y suspende la declaración secesionista aprobada el pasado lunes por el Parlamento catalán
Carme Forcadell y Artur Mas en una imagen de archivo. (EFE)
11.11.2015 – 19:21 H.
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la declaración secesionista aprobada el pasado lunes por el Parlamento catalán. La resolución del tribunal, que implica necesariamente la suspensión cautelar del texto como siempre que el Gobierno impugna actos de las comunidades autónomas, se notifica personalmente a la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y a otros 19 cargos del Parlamento y la Generalitat a los que advierte de eventuales responsabilidades, incluidas las penales, en caso de desobediencia. Es la primera vez que el tribunal efectúa estos apercibimientos, que se incluyeron en la reforma de la ley que lo rige, aprobada el pasado octubre.
Además de los dos antes citados, y como solicitó la Abogacía del Estado en su recurso interpuesto en nombre del Ejecutivo, los notificados deberían también ser cada uno de los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña: el vicepresidente primero, Lluís Corominas; el vicepresidente segundo, José María Espejo; la secretaria primera, Anna Simó i Castelló; el secretario segundo, David Pérez Ibáñez; el secretario tercero, Joan Josep Nuet i Pujals; la secretaria cuarta, Ramona Barrufet i Santacana, y el secretario general del Parlamento, Pere Sol i Ordis.
La notificación debería extenderse también, según el Consejo de Estado, a la vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté; al consejero de presidencia, Francesc Homs i Molist; a la consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, Meritxell Borrás i Solé; al consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell; a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau i Oliver; al consejero de Salud, Boi Ruiz i García; al consejero de Interior, Jordi Jané i Guasch; al consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila i Vicente; al consejero de Cultura, Ferran Mascarell i Canalda; al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Jordi Ciuraneta i Riu; al consejero de Empleo y Ocupación; Felip Puig i Godes, y al consejero de Justicia, Germá Gordi i Aubarell.
Los 21 altos cargos catalanes que pueden ser suspendidos si no obedecen al TC. (EFE)
Las comunicaciones a todos esos cargos les recuerdan "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsablilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir", dice el texto de la providencia. Sin embargo, los magistrados no les amenazan con la posible suspensión temporal de sus funciones, incluida en la última reforma del tribunal (artículo 92.4.b de la ley orgánica), en contra de lo que les solicitaba el Ejecutivo.
La decisión del alto tribunal, tomada por unanimidad por los 11 magistrados del TC, suspende la resolución soberanista del Parlamento catalán durante cinco meses. Esa resolución separatista, por lo tanto, es como si no existiera en términos jurídicos durante el mencionado periodo de tiempo. La admisión a trámite del recurso por parte del Constitucional, además, implica un primer apercibimiento a los altos cargos catalanes.
El recurso del Gobierno basaba su argumentación en que "solo el pueblo español es soberano". El escrito afirmaba que "solo el pueblo español" y no una de sus fracciones, "los ciudadanos catalanes", ostenta el poder constituyente, y solo mediante una decisión conjunta del pueblo español podría llegarse a la independencia de Cataluña. Así, la Abogacía del Estado señalaba que el único medio legítimo para lograr la desconexión de España es el procedimiento agravado de reforma constitucional que prevé la propia norma fundamental en su artículo 168.
Ese trámite puede ser iniciado por el Parlamento catalán, como explica el escrito, pero implica que el Congreso y el Senado aprueben la propuesta por mayoría de dos tercios, la inmediata disolución de ambas cámaras, y que los nuevos parlamentarios elegidos la aprueben por esa misma mayoría antes de que se someta a referendo de todo el pueblo español.
"Solo después, no antes, de un nuevo acto constituyente del soberano pueblo español", es decir, solo después de que se siga todo ese proceso previsto en el artículo 168, "podría el pueblo de Cataluña, de manera jurídicamente legítima, declararse a sí mismo soberano", esgrime el Gobierno. "La resolución, al atribuir al Parlamento catalán la consideración de poder constituyente, vulnera el artículo 23 de la Constitución", el que atribuye a todos los ciudadanos la posibilidad de participar en asuntos públicos y acceder a cargos representativos, "al privar al resto de los españoles de su derecho fundamental a participar en procesos de reforma constitucional", prosigue el escrito.
El Ejecutivo considera que no existe ninguna posible interpretación de la resolución que pueda acomodarse a la norma fundamental. "Es una clara ruptura unilateral del orden constitucional", afirmaba en su recurso. El texto, según la Abogacía del Estado, "no expresa aspiraciones políticas que puedan ser encauzadas por cauces democráticos o constitucionales" sino que se trata de "una imposición unilateral", como se deduce de que no supedite el proceso hacia la independencia "a las decisiones de las instituciones del Estado" y llame al futuro Gobierno catalán a cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados del Parlament.
Con la moción aprobada el lunes, esa Cámara "impone para sí y al Gobierno de la Generalitat unas decisiones que suponen, más que un quebrantamiento particular de un precepto constitucional, la negación de las cláusulas esenciales de la Constitución española", como la indisolubilidad del Estado y la soberanía del pueblo español, y "la instauración de un principio de legitimidad en contradicción absoluta con ella", concluye.
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-11-11/el-tc-avisa-a-mas-de-responsabilidades-penales-si-le-desobedece_1093029/
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