Manifestación del pasado 8-M en Cibeles (Foto: Comisión 8M vía Twitter)
12/06/2020 06:48
Dos correos electrónicos remitidos por la Dirección General de Salud de la Comunidad de Madrid el sábado 7 de marzo a las 20:46 y a las 20:47 de la noche comunicaron personalmente al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, la adopción de medidas restrictivas para intentar lograr la “contención de la transmisión del COVID-19”.
Los mails trasladaron la petición a Franco de que extremara el control de medidas dirigidas a evitar los contagios en los centros de mayores y en las concentraciones de sanitarios porque se adoptaban precisamente por “la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud”.
El delegado del Gobierno en Madrid se ha defendido de su imputación en el proceso por haber permitido las manifestaciones feministas del 8-M en plena ola de contagios asegurando que no tuvo ninguna advertencia de la Comunidad.
Pero lo cierto es que sí tuvo comunicaciones alertando del “riesgo inminente y extraordinario para la salud” por culpa del coronavirus. En concreto tuvo dos correos electrónicos enviados justo la noche previa incluyendo medidas adoptadas por la Comunidad que se justificaban, precisamente, para intentar contener “la transmisión del COVID-19”.
Las medidas en cuestión eran adoptadas por la Comunidad de Madrid en las áreas que eran, hasta la entrada en vigor del Real Decreto del Estado de Alarma del 14 de marzo, competencia regional. El control de las manifestaciones era competencia central. Pero el Gobierno decidió mantener las concentraciones feministas radicales.
Los mails fueron enviados por la Dirección General de Salud Pública de Madrid al “Excmo. Sr. Delegado del Gobierno del Gobierno en la Comunidad de Madrid”. Se emitieron a las 20:46 y a las 20:47 de la noche.
Y en ellos se comunicaban las resoluciones aprobadas por el Gobierno regional de Madrid el “6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con la actividad de los centros de mayores, en las tipologías de hogares y clubes y servicios de convivencia familiar y social” y por las que “que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con las actividades formativas de los centros sanitarios”.
Y en ellos se comunicaban las resoluciones aprobadas por el Gobierno regional de Madrid el “6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con la actividad de los centros de mayores, en las tipologías de hogares y clubes y servicios de convivencia familiar y social” y por las que “que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con las actividades formativas de los centros sanitarios”.
Los dos mails incluían una petición: “Se pone en su conocimiento la misma para que, en el supuesto incumplimiento de su contenido, vele por su exacta aplicación».
Las dos resoluciones comunicadas incluían una explicación idéntica: que “las autoridades sanitarias competentes” adoptaban estas medidas acogiéndose al derecho a hacerlo por apreciar “indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la poblacióndebido a la situación sanitaria concreta” y con el objetivo “de controlar las enfermedades transmisibles” por medio de “las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato,así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.
La fundamentación jurídica añadía un apoyo más: la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que permite este tipo de reformas, precisamente “en caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud”.
En base a esas normas regionales trasladadas a la Delegación del Gobierno, el día 6 de marzo el Ejecutivo regional adoptó “la medida de suspensión del ejercicio de actividades de los centros de mayores en las tipologías de hogares y clubes y servicios de convivencia familiar y social, dirigidos
al sector de atención tercera edad, ubicados en el territorio de la Comunidad de Madrid por un plazo de un mes, sin perjuicio de las prórrogas que se acuerden de forma sucesiva”.
Y adoptó, igualmente, la medida basada en la “suspensión por un plazo de un mes, sin perjuicio de las prórrogas que se acuerden de forma sucesiva, de las prácticas que se realizan en cualquier centro sanitario ubicado en el territorio de la Comunidad de Madrid, por los alumnos de los grados en ciencias de la salud u otras titulaciones y ciclos formativos, incluidas las prácticas de los ciclos formativos de formación profesional”.
La advertencia implícita en esos mensajes, por lo visto, no fue suficiente para que el Gobierno decidiera frenar las concentraciones en las calles con motivo del 8-M y las manifestaciones feministas radicales.
El delegado del Gobierno en Madrid afirma ahora que no fue alertado. Lo dice pese a que el Centro de Alertas depende del Ministerio de Sanidad y el 23 de febrero registró una escalada de las alertas registradas por posible caso de coronavirus desde casi cero al día a más de 700. Y lo hace pese a que recibió mensajes con las medidas autonómicas encaminadas a evitar los contagios la noche previa al 8-M.
Los funcionarios cambian su versión ante la juez y ofrecen un relato para salvar a Franco por el 8-M
José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid. (Foto. PSOE)
11/06/2020 22:19
Los funcionarios de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid han cambiado de versión en la declaración ofrecida este jueves como testigos a la juez del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, para salvar a su ‘jefe’ José Manuel Franco del delito de prevaricación por el que está siendo investigado.
Todos los trabajadores del organismo público se desdicen de los testimonios realizados ante los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil y ofrecen un nuevo relato.
El jefe de sección de Seguridad Ciudadana, Ignacio Ortiz Salazar, admitió a los investigadores haber realizado llamadas junto a dos auxiliares administrativos (cuyas siglas corresponden a J.L.S. y E.G.) para desconvocar manifestaciones previstas para los días posteriores a la celebración de la concentración feminista.
Y admitieron que esas llamadas no quedaron registradas, tal y como debería hacerse con «todas» las que se efectúan. Pero éstas, revelaron a los agentes, no fueron «llamadas habituales». Así figuraba en el segundo informe entregado por la Guardia Civil.
En la semana previa al decreto del estado de alarma, la Delegación de Madrid llamó con «cierta firmeza» y con «insistencia manifestada» a varios convocantes de manifestaciones exigiéndoles que las cancelaran. Y además, les instaban a que les remitiesen por correo electrónico una carta anunciando la desconvocatoria, para que quedase constancia de que era por iniciativa propia del convocante.
La auxiliar M.L.A confirmó a los agentes haber realizado las famosas llamadas a partir del 9 de marzo y que «sabía que el director de su unidad se había reunido con el delegado del Gobierno y el secretario para tratar temas relativos a la crisis sanitaria del Covid-19».
Las declaraciones fueron demoledoras. Estas confesiones confirmaban las pesquisas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 51 contra el delegado socialista.
Cambian de versión
Sin embargo los funcionarios han decidido de golpe y porrazo ‘edulcorar’ el testimonio ofrecido en sede policial. «Lo que dije, ahora lo desmiento», han alegado ante la magistrada este jueves.
La juez, estupefacta por este cambio repentino, les cuestionó asombrada: «Pero a ustedes después de declarar le leyeron el testimonio, ¿verdad?» Los interrogados afirmaron.
Y con un rostro desencajado, Rodríguez-Medel les preguntó: «Y firmaron la declaración porque estaban de acuerdo con lo que reflejaba, ¿no?» «Así es, su señoría», respondieron de manera unánime los testigos.
Los funcionarios han ofrecido un relato casi ‘calcado’. Fuentes de la investigación sopesan que pudiese estar pactado. Ahora, los responsables y auxiliares aseguran que las llamadas que se hicieron no fueron para desconvocar las manifestaciones que tendrían lugar después del 8 de marzo, sino que –matizan– eran para «saber si las iban a cancelar». Recalcan: «Para informarnos simplemente».
«Los manifestantes les desmienten»
La juez también ha citado a declarar a los convocantes que recibieron llamadas desde la Delegación para suspender el evento. Cuatro de ellos han negado la versión ofrecida, tan sólo unas horas antes, por los funcionarios.
La presidenta de la Asociación de Personas Aptas sin ayudas de alquiler ha afirmado que le dijeron que «no podía llevarse a cabo la manifestación por motivos sanitarios», según han confirmado a OKDIARIO fuentes judiciales.
Del mismo modo, se han sumado a esta explicación el portavoz de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón y los representantes sindicales de Oficios Varios del Sur CGT y de Amazon. Este último ha añadido que le propusieron que cancelase la concentración «por la que estaba cayendo».
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explican que este cambio repentino de los trabajadores de la Delegación del Gobierno se debe a que «son conscientes» de que con el testimonio ofrecido a los investigadores se le podría imputar un nuevo delito a José Manuel Franco.
Según la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, que regula el derecho a la reunión, establece en el apartado décimo que: «Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación».
Además, las mismas fuentes reprenden al delegado porque «debería haber tenido interés en informase sobre si existía un peligro» de contagio por el coronavirus, y en caso afirmativo «prohibir todas las concentraciones».
Franco culpa a Ayuso por el 8-M
Por su parte, el delegado socialista echa balones fuera y argumenta que «no recibió informes ni notificaciones» que le advirtieran parar las concentraciones por parte de la Comunidad de Madrid.
Además, alegó que permitió la celebración de la manifestación del 8-M porque «las competencias sanitarias no son de la Delegación del Gobierno, sino del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso».
Pese a no tener competencias en Sanidad, prohibió una manifestación a la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Extremadura apoyándose en dos aspectos: entrada en vigor del estado de alarma y riesgo de contagios por el Covid-19.
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