Algo que Moncloa dijo que haría
Los jueces afean al Gobierno que haya dejado pasar siete meses sin legislar para frenar la pandemia EFE
PUBLICADO 08/10/2020 12:48ACTUALIZADO08/10/2020 13:29
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado las medidas restrictivas mediante las cuales el Gobierno imponía confinamientos perimetrales en nueve ciudades de la Comunidad, así como en la capital. Sin embargo, los jueces señalan directamente al Ejecutivo,reprochándole que han pasado siete meses sin que hayan legislado para frenar la pandemia de coronavirus.
Este miércoles, la Justicia ha rechazado la orden del Ministerio de Sanidad de Salvador Illa, en la que se establecían las restricciones a partir del pasado 2 de octubre a las 22.00 horas, y lo hace porque se ven afectados los "derechos y las libertades fundamentales" de los ciudadanos.
El llamado confinamiento perimetral se instaló entonces en un total de nueve municipios de la Comunidad de Madrid, además de la capital: Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla.
Sin embargo, en el auto, los jueces señalan directamente al Ejecutivo, asegurando que "resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia y afrontar la grave crisis sanitaria".
Las sucesivas prórrogas del estado de alarma, que permitían restringir la movilidad, se debían, según el Ejecutivo, a que no había otro "instrumento constitucional" para hacerlo
Según los magistrados, y tal y como prometieron desde el Gobierno, se debía haber trabajado para "afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país" legislando y, tal y como publicó 'Vozpópuli', los primeros rebrotes de la segunda ola sorprendieron al Gobierno sin un plan para confinamientos selectivos.
En este sentido, los jueces reprochan al Ejecutivo de coalición que, desde que se inició la pandemia hasta ahora han transcurrido siete meses y no han trabajado en la vía para modificar la normativa y poder establecer medidas sin tener que vulnerar los derechos y las libertades fundamentales.
La gestión de las sucesivas prórrogas del estado de alarma en España durante la primera ola de la crisis levantó ampollas entre las formaciones políticas y los ciudadanos.
Único "instrumento constitucional"
Las continuas ampliaciones de este estado, que permitía al Gobierno limitar derechos fundamentales y restringir la movilidad de los ciudadanos, se debían, según el Ejecutivo, a que no había otro "instrumento constitucional" para llevar a cabo estas acciones.
Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abogó entonces por reformar la ley de salud para no volver a emplear el estado de alarma si había rebrotes.
En ese momento, en el mes de marzo, el líder socialista aseguraba estar buscando nuevas herramientas legislativas para afrontar el horizonte de la epidemia.
Así, desde La Moncloa prometieron que eso cambiaría y su intención era tener esos nuevos instrumentos de cara al otoño porque, como alertaron las autoridades sanitarias y como finalmente está ocurriendo, era probable una segunda ola de covid.
Según el Ejecutivo, hacía falta un "consenso" para tirar adelante la reforma legislativa que permitiese hacer frente a emergencias como el actual. Además, garantizó que se haría "sin mermar las competencias de las comunidades autónomas".
Son conscientes "de la gravedad de la crisis", pero recuerda que el "sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes"
No solo eso, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, defendió que sería "una situación" que plantearían "de manera rápida y urgente".
"Derechos fundamentales y libertades públicas"
Por ello, y aclarando que la Ley "no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales", los magistrados afean al Gobierno su gestión. Así, según el tribunal, las medidas que limitan los derechos fundamentales establecidas en Madrid por orden del Gobierno, "constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada".
Además, aseguran que son conscientes "de la gravedad de la crisis sanitaria sin precedentes", pero recuerda que el "sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir, e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garantías constitucionales".
https://www.vozpopuli.com/espana/jueces-gobierno-medidas-confinamiento-madrid_0_1399060545.html
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