El vicepresidente exigió la garantía de que un nuevo Supremo contase con magistrados dispuestos a frenar las acusaciones contra él
Pedro Sánchez conversa con Carlos Lesmes.08/10/2020 06:45
Pablo Iglesias no ha sido un mero espectador en los movimientos judiciales del PSOE. Pedro Sánchez quiso atraer al PP hacia una renovación de los cargos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pablo Casado puso desde el primer momento la exigencia de una despolitización de los nombramientos.
Y Pablo Iglesias, fruto de su pánico y nerviosismo por el avance de las causas judiciales contra él y su partido, se anticipó para exigir a Pedro Sánchez no aceptar ni la más mínima pérdida de control de los nombramientos del Poder Judicial: porque exigió la garantía de que un nuevo Supremo contase con magistrados dispuestos a frenar las acusaciones contra él.
Acusaciones como la que ahora el magistrado García-Castellón traslada ya al Supremo en forma de petición de imputación. En ella atribuye a Pablo Iglesias, líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno, un delito de descubrimiento y revelación de secretos agravado «por razones de género», al haber mantenido durante meses la tarjeta del móvil de su ex asesora Dina Bouselham, sin el consentimiento ni conocimiento de su legítima propietaria, una mujer mayor de edad.
En el transcurso de la investigación, García-Castellón amplió los hechos delictivos cometidos presuntamente por el líder de Podemos a nuevos delitos: simulación de delito y denuncia falsa o estafa procesal. Todo ese proceso de avance e investigación judicial fue avanzando ante los atónitos ojos de Pablo Iglesias. Ante la atenta mirada de un vicepresidente podemita que iba, paso a paso, incrementando su nerviosismo. Su pánico.
La reacción no tardó en llegar. El vicepresidente segundo pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitar toda tentación de avanzar en una negociación de la renovación del Poder Judicial con los ‘populares’, porque el modelo planteado por el PP desbarataría sus posibilidades de incrementar el control de la Justicia y de imponer una renovación ad hoc que dificultase el posible ascenso de sus causas al Supremo y el trabajo independiente y sin presiones del Alto Tribunal.
Iglesias conocía el contenido de la propuesta de los ‘populares’ para acceder a una renovación del Poder Judicial: un modelo mixto entre el actual y el previo a 1985. Un esquema que forzaba a los diputados y senadores a tener que elegir los cargos del Consejo General del Poder Judicial entre una horquilla de 30-35 jueces preseleccionados por jueces, no por políticos. Un esquema que garantizaba una reducción de la influencia política en la selección de los responsables judiciales.
Ese modelo hizo perder el sueño a un Iglesias sabedor de que sus prácticas en el partido le podían acabar llevando al Supremo, tal y como ahora pide la Audiencia Nacional. Porque el vicepresidente segundo sólo tenía un fin: intentar controlar y manipular ese proceso judicial en el que el propio partido morado se encuentra ya imputado.
Podemos, de hecho, puso ya en marcha a mediados de agosto una campaña de ataques para desacreditar al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que investiga otra pata de la corrupción del partido que dirige Pablo Iglesias.
Tras tomar declaración al abogado José Manuel Calvente (al que Podemos despidió con una falsa acusación de acoso sexual para intentar silenciarle, como ha acreditado la Justicia), el juez decidió imputar a Podemos como persona jurídica; al responsable de sus campañas electorales, Juanma del Olmo; al tesorero Daniel Frutos y a la gerente del partido, Rocío Val.
A través del panfleto que dirige Dina Bousselham, ex asesora de Pablo Iglesias, Podemos señaló ya en aquel momento que el juez Escalonilla utiliza métodos propios de la «Alemania nazi» en su investigación sobre la financiación ilegal del partido morado.
Una semana después de que el juez imputara a Podemos por los presuntos delitos de malversación y administración desleal, el panfleto de Dina publicó ese artículo en el que afirmaba, además, que Escalonilla está llevando a cabo una «investigación prospectiva» prohibida por el ordenamiento jurídico español y «vinculada al denominado Derecho Penal de autor, que no persigue hechos o actos delictivos concretos sino personas u organizaciones concretas, que convierte en sospechosas por ser quienes son».
A continuación puntualizaba, en referencia a la actuación del juez Escalonilla: «El Derecho Penal de autor es incompatible con el principio de legalidad penal y con la seguridad jurídica y está vinculado sobre todo a la Alemania nazi pero también a la España franquista, por lo que en las democracias está prohibido terminantemente, al menos en teoría».
Las causas judiciales que afectan a Pablo Iglesias y su partido han quitado el sueño a la cúpula morada desde hace ya mucho tiempo. Ello, sin contar con el hecho de que la fiscal general de Estado, Dolores Delgado, sigue manteniendo bloqueada la investigación lanzada por la Fiscalía General de Bolivia por los pagos de Evo Morales a los líderes fundadores de Podemos: y allí se ha reclamado la testifical de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, junto con otras dos personas -Baltasar Garzón y José Luis Rodríguez Zapatero.
https://okdiario.com/espana/iglesias-exigio-pedro-sanchez-disenar-poder-judicial-que-salvara-imputacion-que-ahora-exige-juez-6248958
El juez: «Iglesias usó el ‘caso Dina’ para paralizar el fallo sobre Granadinas y tener ventaja electoral»
Pablo Iglesias y Dina Bousselham.JUANAN JIMÉNEZ
08/10/2020 06:48
Pablo Iglesias utilizó «fraudulentamente» el caso Dina para «lograr algún tipo de ventaja electoral» y para «paralizar el fallo en el Supremo de la causa de Granadinas». Esas son las conclusiones que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha remitido en una exposición razonada de 63 páginas al Tribunal Supremo solicitando que se investigue a Iglesias por la comisión de tres delitos: daños informáticos, descubrimiento de secretos –con agravante de género– y denuncia falsa.
El futuro procesal del vicepresidente segundo del Gobierno ha dado un giro este miércoles tras la decisión del juez García-Castellón de solicitar que se investigue a Pablo Iglesias por la comisión de tres delitos.
En su exposición motivada, el magistrado concluye que «el análisis de los hechos permite concluir que el proceso se usó fraudulentamente por el Sr. Iglesias para tratar de lograr algún tipo de ventaja electoral».
Además, señala que «pese a conocer el carácter falsario de las acusaciones que pretendía sostener, logrando, además, al acusar al Sr. Inda, la paralización del fallo que pendía en la Sala Primera del Tribunal Supremo».
El magistrado se refiere al recurso presentado por Pablo Iglesias contra las sucesivas sentencias que afirmaron que las informaciones que publicó OKDIARIO sobre la cuenta offshore de Iglesias en Granadinas eran «veraces».
Iglesias demandó a OKDIARIO por publicar el pago de la dictadura venezolana de 272.325 dólares en una cuenta a nombre del líder de Podemos en el paraíso fiscal. En abril de 2017 llegó el primero de los varapalos judiciales para el dirigente podemita, que perdió la demanda contra OKDIARIO y contra su director, Eduardo Inda. El Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid dio la razón a Inda al asegurar que la información publicada en OKDIARIO era «veraz, contrastada y de interés general».
Los posteriores recursos presentados por el fundador de Podemos fueron, de nuevo, tumbados por las distintas instancias judiciales superiores. El último intento de Pablo Iglesias de desacreditar la información sobre su cuenta offshore fue presentar un recurso de casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Esto sucedió a mediados de 2018.
La única vía que tenían Podemos y Pablo Iglesias para conseguir una victoria judicial que se les había negado hasta el momento era vincular a Inda y OKDIARIO con el ex comisario José Manuel Villarejo y el llamado caso Tándem, en el que Podemos estaba personado como acusación popular. Si se demostraba la vinculación entre Inda y Villarejo, el escrito de prejudicialidad podía frenar un pronunciamiento desfavorable, y definitivo, del Supremo en el caso Granadinas.
La estrategia de Podemos, vinculando el caso Dina-Iglesias con el recurso de Granadinas, quedó al descubierto en los chats del equipo jurídico del partido morado que publicó El Confidencial. En ellos, se descubrió la connivencia entre la abogada de la formación, Marta Flor Núñez –para la que el juez pide también la imputación– con los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano.
«Quieren ayudarnos en el Supremo»
Podemos, a través de su abogada, tenía información de primera mano sobre el caso Dina-Iglesias. El fiscal Stampa, apodado ‘Ironman’, había intercambiado información directamente con el equipo legal podemita.
En el chat la abogada de Iglesias explica a sus compañeros que había «preguntado directamente a ‘Ironman’ por lo de Inda». La respuesta no podía ser más reveladora: «Ha dicho que hay suficiente para paralizar lo del Supremo pero que han estado ahogados con los recursos en agosto. Quieren ayudarnos en esto», decía Marta Flor.
«Lo de Inda» no era otra cosa que el recurso presentado por Pablo Iglesias en el Tribunal Supremo contra las sentencias absolutorias para OKDIARIO en la causa de Granadinas.
Marta Flor y el equipo jurídico de Podemos habían planeado, con total coordinación con los fiscales anticorrupción de Tándem, presentar una querella por falsedad contra OKDIARIO por la publicación del pago de Maduro a Iglesias en la cuenta offshore de Granadinas. Para ello, era imprescindible que los fiscales anticorrupción dependientes de Luzón se pronunciaran en la Audiencia Nacional a favor de la admisión a trámite de la querella. De este modo, tendrían más argumentos para aplazar la decisión del Supremo.
Esta coordinación quedó patente en nuevos mensajes del chat de Telegram. «Hablamos con los fiscales de que tenían que informar rápido porque no nos iba a valer sólo presentar la querella, sino que tendríamos que tener alguna resolución como que los hechos entran en Tándem para tener más asegurada la suspensión por prejudicialidad», explicaba Marta Flor a sus compañeros abogados.
Toda esta estrategia se desechó al iniciarse la investigación del robo de la tarjeta de la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham. Entonces, Podemos decidió cambiar el rumbo convirtiendo al fundador de Podemos y a su ex asesora en víctimas de una supuesta trama de las cloacas del Estado con Villarejo y Eduardo Inda como principales actores, dado que OKDIARIO publicó en 2016 informaciones relacionadas con el chat de Podemos que tenían su origen en la tarjeta robada a Bousselham. Iglesias y Marta Flor decidieron paralizar la tramitación de la querella contra Inda en el Supremo en base a la pieza de Dina.
Rédito electoral
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional detalla en su escrito cómo el caso Dina-Iglesias da un giro tras la aparición en un registro de la casa del ex comisario José Villarejo de un pendrive con dos carpetas: DINA 2 y DINA 3. Ambos archivos contenían información que, según detallan las diligencias practicadas, procedían del teléfono móvil de Dina Bousselham, cuya sustracción fue denunciada el 1 de noviembre de 2015.
«Pablo Iglesias ve en la aparición de los archivos DINA2 y DINA3 una oportunidad para lograr un rédito electoral, aparentando ser víctima de una actuación del comisario Villarejo», según el juez. En ese momento, el líder de Podemos «ordena Gloria Elizo, a través de Marta Flor Núñez, repetir de nuevo, y a sabiendas de su falsedad, la denuncia en la que se simule la conexión material y temporal entre la desaparición de los objetos de Dina Bousselham y la publicación de las imágenes en OKDIARIO», describe García -Castellón.
Con esta vinculación Iglesias pretendía señalar al periódico que dirige Eduardo Inda de formar parte de una especie de conspiración junto con Villarejo para derrocar al partido, terminando con cualquier posibilidad de que éste accediera a La Moncloa.
Como se puede apreciar en el escrito del juez, todo formaba parte de un montaje de Podemos con su líder a la cabeza y con la connivencia de dos fiscales anticorrupción.
https://okdiario.com/espana/juez-pablo-iglesias-uso-caso-dina-paralizar-fallo-sobre-granadinas-tener-ventaja-electoral-6250610
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