El magistrado les tomará declaración en la pieza separada de la presunta contabilidad B en el PP. Los testigos están obligados a decir verdad.
Si hubo o no contabilidad opaca en el Partido Popular es algo que el juez Pablo Ruz quiere averiguar de manera inminente. Por esta razón, el magistrado de la Audiencia Nacional ha citado a declarar como testigos en el caso Bárcenas a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y a sus antecesores en el cargo, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos los próximos días 13 y 14 de agosto. Todos ellos fueron número dos de Génova en diferentes momentos y los tres fueron señalados por el extesorero del PP, Luis Bárcenas, como receptores de sobresueldos.
Cospedal deberá testificar en la Audiencia Nacional el próximo 14 de agosto a las 10 horas; Francisco Álvarez Cascos el 13 agosto a las 11.30 h y Javier Arenas ese mismo día a las 12.30 horas. Son algunas de las diligencias acordadas por el juez en respuesta a las solicitadas por la acusación popular ejercida por Izquierda Unida y sobre las que ya informó la Fiscalía el pasado 11 de julio.
El Ministerio Público sólo se mostró a favor de que declarase Cospedal aunque, sin embargo, el instructor entiende que a fin de no incurrir "en incongruencia" no solo debe ser interrogada la actual secretaria general sino también Arenas y Álvarez Cascos en tanto que ostentaron la misma responsabilidad orgánica dentro del partido. Aunque sus cargos se correspondan con periodos anteriores –Cascos de 1998 a 1999 y Arenas de 1999 a 2002-, el magistrado Pablo Ruz entiende que sus declaraciones pueden aportar datos relevantes para la investigación en curso. No obstante, en el auto el instructor señala que dada la prescripción de los posibles delitos las pesquisas comprenden el periodo establecido entre 2002 y 2013.
Ruz entiende que "a fin de no demorar más el presente trámite sin perjuicio de las restantes diligencias que con posterioridad a la declaración del señor Bárcenas en fecha 15 de julio han sido solicitadas por las partes personadas" debe procederse a estas citaciones en el mismo mes de agosto.
En la resolución, el magistrado sostiene que estas tres declaraciones resultan "pertinentes, útiles y necesarias en atención a la responsabilidad que cada uno de los testigos propuestos habría ostentado al frente de la Secretaria General de la aludida PP durante los distintos periodos a que se extiende la presunta contabilidad B y la realidad de los apuntes en ella contenidos". Con ellas el instructor quiere escuchar de la propia voz de los máximos responsables del partido si hubo una contabilidad opaca en el seno del mismo.
Además, en el auto Pablo Ruz –atendiendo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal- da la posibilidad a Cospedal de declarar en su despacho de Presidencia de Castilla La Mancha. Aunque si la secretaria general quiere desplazarse hasta la Audiencia Nacional podrá hacerlo "siempre que la citación no perturbe el adecuado ejercicio de su cargo". De forma similar, Javier Arenas en su condición de senador podrá declarar si lo estima oportuno en su despacho de la Cámara Alta, tal y como explica el instructor en una providencia. En principio, tanto la secretaria general como el senador han anunciado que se desplazarán hasta la madrileña calle Prim.
Los papeles, reales
Además, por primera vez el juez en una resolución da plena validez a los papeles contables publicados primero por El País y aportados, posteriormente, a la causa por el extesorero Luis Bárcenas al Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. "En la actual fase de instrucción, mientras la autoría de los mencionados documentos se encuentra confirmada por él mismo así como por las pruebas periciales practicadas; la realidad de varios apuntes contables ha venido a ser confirmado por las diligencias de instrucción hasta el momento practicadas debiéndose", concluye Ruz.
En el citado auto, el magistrado también cita como testigos el próximo día 13 de agosto a un empleado de la caja del PP, Antonio Ortiz, y al gerente que sucedió a Barcenas, Cristóbal Páez. Además, Ruz requiere documentación a varias de las empresas que aparecen en los llamados "papeles de Bárcenas" y al propio PP.
En concreto, el instructor solicita en el plazo de diez días que se informe sobre las personas que conforme a los protocolos internos podrían haber tenido acceso a la contabilidad del Partido Popular desde el año 2002 a la actualidad, identificando con nombres y apellidos a los tres "auditores internos" sobre cuya existencia se pronunció la testigo Milagros Puentes, como responsable de contabilidad del partido. Asimismo, Ruz quiere que se identifique a la persona o personas que se hayan desempeñado como secretarios o secretarias de los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.
Por último, Ruz ordena que se certifique la existencia de un órgano o conjunto de personas que compondría la "comisión de insfraestructuras" interna del partido con el fin de explicar qué tipo de asesoramiento prestó el empresario Antonio Vilela de la constructora Rubau. También pide al partido que remita al Juzgado el expediente completo relativo a la contratación del arquitecto Gonzalo Urquijo de las obras de la sede general de la calle Génova de Madrid.
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